En los últimos días se ha desatado un nuevo debate en el país, respecto a la decisión del presidente de la República de convocar la consulta popular por decreto. Esta decisión responde a  que el Senado de la República no dio trámite formal a la negativa o aprobación de la consulta como está consignada en la Ley 5ª. de 1.992, dado que incurrió en varias irregularidades en la votación tales como:

• • No leyeron la proposición para proceder a la votación, como lo exige la ley 5ªesto fue reconocido por el Secretario General del Senado.
  • Cerraron la votación arbitrariamente e impidieron la participación de algunos congresistas. El secretario del Senado modificó uno de los votos con lo que se modificaba el resultado obtenido.
  • Los votos que se contabilizaron no coincidieron con el número de senadores que estaban en el recinto en el momento de la votación. No decidieron sobre el retiro intempestivo de un senador después de haberse registrado para votar.
  • El presidente del Senado se negó a dar trámite a la apelación que presentó el Pacto Histórico para repetir la votación; otra vulneración de la ley 5ª .

La oposición al gobierno, cometió un presunto fraude y violación  de la ley 5ª  que norma los procedimientos para tomar las decisiones congresionales. El Congreso de la República durante este gobierno se ha dedicado a bloquear las reformas, pero al mismo tiempo señala que la decisión del presidente de la república por convocar a una consulta popular,  es golpista y propia de una dictadura. Lo que está en debate es si, con estas irregularidades realmente hubo pronunciamiento del Congreso o no.

Como se aprecia, este hecho está viciado  y por tanto es arbitrario. Por lo cual, como respuesta a las irregularidades congresionales, el presidente de la república si está facultado para convocar la consulta popular.

Pero lo más inverosímil es que pudiendo enmendar el error, el obstruccionista presidente del Senado se abstiene en mantener y defender una decisión profundamente cuestionada, cuando podría convocar de nuevo al Senado para repetir la votación. Se vive una verdadera puja de poderes.

Los poderes tradicionales se oponen a las reformas por mínimas que ellas sean. El presidente Gustavo Petro a la cabeza del ejecutivo se niega a que las reformas sean ahogadas por una oposición obstruccionista y filibustera cuyos únicos argumentos son las trabas al debate democrático y las trampas para negar las reformas. 

Lo que ocurre con la consulta popular es el bloqueo del bloqueo a la negación de las reformas, a esta, le suman la negación de los mecanismos democráticos y de participación ciudadana para que se dirima el interés público por parte de la ciudadanía. La Corte Constitucional ha expresado sobre la consulta popular:

“además de concretar el derecho a la participación ciudadana, constituye también una forma de canalizar disputas entre dos órganos del poder público legitimados democráticamente. Es por ello que la jurisprudencia ha dicho que ‘permite que cuestiones complejas, sobre las cuales haya enfrentamiento ejecutivo-legislativo, sean dirimidas por el pueblo, evitando así una parálisis en la adopción de dichas decisiones’.” (Sentencias C-180 de 1994 y C-150 de 2015).

En ese contexto queda claro el enorme temor que tienen los partidos políticos opositores constituidos en pírricas mayorías en el Congreso a la participación ciudadana.

Es de anotar que la pequeñísima reforma que se tramita en el Congreso, limita aún más la reforma del gobierno que archivaron, pero esto no impide que se pueda convocar una consulta para que la ciudadanía defina sobre el complemento de derechos laborales que el Congreso no ha querido ni discutir y mucho menos aprobar. La pequeñísima reforma que reactivaron limita el contrato laboral a término indefinido, la formalización de las madres comunitarias, la remuneración justa a los jóvenes aprendices del Sena, la regulación de las relaciones laborales en el campo, limita la licencia de paternidad, los recargos nocturnos a la mayoría de trabajadores. Y pretenden legalizar el trabajo por horas o por días sin las mínimas condiciones y derechos laborales. Todo esto es lo que se busca someter a decisión popular mediante la consulta.

Los partidos de oposición en cabeza del Centro Democrático han anunciado demandar el decreto de convocatoria a la consulta, todo esto quedará en manos de los jueces. Se negaron a repetir la votación para subsanar los vicios y yerros que se les atribuía, instalan un relato de un supuesto golpe pasando de largo las objeciones a los procedimientos, la democracia también son procedimientos, esto es lo que está en discusión, por lo cual se trata de dar vía libre  al derecho a la participación ciudadana, como constituyente primario, de quien deriva del constituyente secundario que es el Congreso de la República y no al contario como lo quiere hacer ver la oposición que no permite ningún cambio social, económico, político y cultural del país para seguir avanzando hacia las transformaciones que requerimos los colombianos.  

* Exministra de Salud, médica psiquiatra.