La historia ha enseñado que, los gobiernos bipartidistas, liberales, conservadores, neoliberales y mafiosos, que prometieron reformas, o “pactaron” acuerdos y compromisos con las organizaciones y representantes de las clases trabajadoras, los sectores populares, campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, feministas, de derechos humanos, etc., con raras excepciones, jamás cumplieron. En esta coyuntura, única en nuestra historia nacional, a las mafias que históricamente nos han gobernado, les ha tocado vivir en un escenario inesperado, un campo de lucha distinto, en el que, a pesar de seguir siendo los dueños del poder económico, político, judicial, militar y mediático, y de contar con mayorías en el parlamento, perdieron el gobierno, la administración de las finanzas, del patrimonio público y la iniciativa legislativa ante el Congreso. Situación que los ha obligado a negociar, ya no directamente con los pueblos oprimidos, explotados, excluidos y empobrecidos, sino con el gobierno que los de abajo ayudaron a elegir, con la esperanza de mejorar sus calamitosas condiciones de vida y de trabajo, dadas sus promesas de realizar reformas de corte social y democrático, en los sistemas laboral, de la salud, pensiones, agrario, de justicia, la paz, etc.

Por su parte, el gobierno, que no logró mayorías en el parlamento, se vio compelido a concertar acuerdos con los partidos aliados de la derecha, a cambio de varias cuotas ministeriales, previos a la radicación de los proyectos de ley de su iniciativa en el Congreso de la República, para hacer realidad las reformas democráticas. Los proyectos de reformas a la salud, laboral y de pensiones, cuyos textos se acordaron en las mesas de conciliación tripartita (empresarios, gobierno y trabajadores/as), fueron radicados en el Congreso de la República, en un aparente ambiente favorable a su trámite sin mayores tropiezos.

Pero no fue así, pues ya se sabe lo sufrido por el proyecto de reforma a la salud en la primera vuelta del debate en la comisión séptima de la Cámara de Representantes, los vetustos jefes únicos de los partidos de la nueva alianza, rompieron los acuerdos, sometieron al chantaje al gobierno con un proyecto sustitutivo y declararon la guerra a la reforma propuesta, ordenaron a sus bancadas votar en contra y desataron campaña de aniquilamiento mediático contra la ministra de salud. El proyecto pasó cojeando y la derecha logró la salida de la ministra; la incertidumbre pesa sobre el futuro prometido para la salud de los/as colombianos/as.

Idéntico destino le espera al proyecto de reforma laboral, una vez radicado en el Congreso, los gremios económicos rompieron lo acordado y desataron la guerra mediática contra el proyecto para desacreditarlo y, por supuesto, para desprestigiar el gobierno. El arsenal mediático ha sido preparado por las ligas mayores del capital, gremios económicos, ANDI, FENALCO, ANIF, ASOMEDIOS, SAC, el Consejo Gremial, etc., sus tanques de pensamiento u observatorios laborales de las universidades privadas de élite, los jefes únicos de los partidos de oposición de extrema derecha, los “aliados” de derecha del gobierno y sus respectivas bancadas. El propósito es impedir que la reforma sea aprobada o, en su defecto, que sea reducida a su mínima expresión.  Los argumentos son de variados calibres:

• • Que el proyecto no genera empleo, ni disminuye la informalidad y no promueve que “haya más emprendedores y empresas medianas y grandes contratando gente” (Bruce Mac Master. ANDI).
  • Que la reforma laboral es para proteger a trabajadores de las grandes empresas y sus sindicatos y asesta “un golpe fuerte a los pequeños y medianos negocios del país”.
  • Que “acaba con la tercerización y obliga a estos pequeños negocios a contratar a término indefinido a todos sus empleados” (Paloma Valencia. Senadora Centro Democrática)
  • Que si se aprueba la reforma como está, el desempleo va a incrementarse” y “No da respuesta a los 15.921.000 colombianos desempleados e informales” (Jaime Alberto Cabal. Presidente de COMFENALCO)
  • Que las “nuevas” cargas laborales incrementará los costos de producción y provocará la quiebra o el cierre de empresas, como las plataformas digitales o de reparto, cuyos empleados trabajan a destajo. Al respecto, RAPI, que ocupa cerca de 80.000 empleados, anunció que cerrarían su plataforma si la reforma obliga a formalizar sus trabajadores y, por su parte, las empresas de vigilancia amenazaron con dejar sin empleo a sus 400.000 trabajadores/as, para señalar dos ejemplos.

Falsas afirmaciones y falsos dilemas planteados con doble propósito, sembrar pánico entre empresarios y trabajadores/as con empleo así este sea precario y ocultar las verdaderas razones de sus ataques a la reforma. La causa de esta feroz oposición de la patronal, radica en que con las leyes 50 de 1990, 100 de 1993 y normas posteriores, incluidas la Ley 789 de 2002, la clase trabajadora fue despojada de sus derechos, tales como, la estabilidad laboral, el contrato a término indefinido, jornada laboral de ocho horas diurnas y ocho horas nocturnas, recargos nocturnos, el pago de horas extras, dominicales y festivos al 100% del valor de cada hora de trabajo diurno, prestaciones económicas, sociales y de seguridad social en salud, derecho a la sindicalización y a la convención colectiva etc., con el fin de ahorrarles costos laborales a los empleadores. Además, los liberaron de pagos de parafiscales y crearon jugosos subsidios a las empresas que generaran empleos, tercerizados, a término fijo, de uno a cuatro meses, por horas y desprovistos de elementales derechos salariales, laborales y de seguridad social.

Medidas que significaron treinta años de acumulación salvaje de plusvalía para los empresarios y tres décadas de pauperización, precarización, pobreza y miseria para los/as trabajadores/as e incremento de la informalidad para mas de 16 millones de colombianos/as que sobreviven del rebusque y carecen de elementales derechos para vivir en dignidad. La verdad verdadera es que la clase dominante, explotadora, inhumana y avara, le declaró la guerra al proyecto de reforma laboral del gobierno porque simplemente propone restituirle a los/as Trabajadores/as los derechos conculcados por las mafias que gobernaron el país y sometieron a la clase trabajadora a la dictadura del consenso de Washington y su férrea regla fiscal. Lamentablemente, no se trata de una reforma laboral estructural y democrática, ni de otorgar nuevas conquistas y reivindicaciones a la clase trabajadora.

Develar los falsos dilemas y contrarrestar el pánico, sembrados como estrategias para desvirtuar el sentido democrático del proyecto de ley de reforma laboral, implica aclarar que su esencia radica en producir una ruptura con el régimen laboral vigente, impuesto por gobiernos autoritarios neoliberales y consignado en las leyes vigentes. Amén, de esclarecer que generar empleo no es tarea únicamente de la reforma laboral, sino que corresponde a una política de estado transversal a todas sus instituciones. Así quedó contemplado en el PND ya aprobado por el Congreso, cuyo propósito es “contribuir principalmente a la generación, protección y recuperación del empleo formal, el emprendimiento, la asociatividad y la formación para el trabajo”. (Andrés Felipe Carmona. Vorágine. FESCOL) y que es misión del proyecto de reforma laboral, reordenar las relaciones entre la clase empresarial y la clase trabajadora, para garantizar el empleo con estabilidad, con salarios dignos, prestaciones económicas, garantías laborales y de seguridad social en salud, así como sus derechos sindicales y de contratación colectiva, consagrados en la Constitución Nacional (Artículos 25 y 53).

En este sentido, se explica la intención de la reforma, se trata de formalizar un millón de jornaleros que  trabajan en situación de precariedad, dos millones de trabajadores por cuenta propia que están en el rebusque, 200.000 trabajadores de las plataformas de reparto que trabajan sin contrato y sin seguridad social y 600.000 trabajadoras domésticas; lo cual es una forma alternativa y  más humana de generar empleo mediante la formalización de  estos trabajos que a duras penas permiten sobrevivir en condiciones de pobreza extrema. (Edwin Palma. Viceministro de trabajo. Vorágine. FESCOL).

Hay que denunciar la mezquindad y el cinismo de los dueños del capital, que los gobiernos neoliberales, además de conculcar los derechos de los/as trabajadores/as, llenaron de exenciones tributarias, exoneración de pagos parafiscales, de toda clase de subsidios, pagos de parte del salario (25%) de trabajadores jóvenes que contraten, etc., con el pretexto de que generen puestos de trabajo, así sean precarios; pero no cumplieron; por ejemplo, con la expedición de la ley 789 de 2002, se comprometieron a generar 600.000 empleos en 4 años; la realidad dice que, según estudios de centros de investigación laboral, solo generaron 40.000. Jamás devolvieron las millonadas que recibieron en subsidios, simplemente se las robaron. De alguna manera, lo que va quedando en claro es que la generación de puestos de trabajo productivo no depende de la reforma laboral, ni de los subsidios y privilegios que les otorga la ley laboral, sino de la demanda y el consumo; si no hay empleo la demanda se disminuye y si no hay ingresos o estos son precarios, la gente no consume.

Finalmente, tampoco es cierto que los empleos dependen de los costos laborales y, mucho menos cierto, que si se aprueba la reforma cerrarán empresas o despedirán trabajadores. La explotación de los trabajadores es la que genera las ganancias de los capitalistas, sin trabajadores no habrá plusvalía, ni acumulación de capital. En esto radica el cinismo de los empresarios que amenazan con despidos si se incrementan los costos laborales, es decir si les devuelven a los trabajadores los derechos conculcados. ¿Qué sería de los pobres burgueses sin poder explotar sus trabajadores? Nadie imagina a Luis Carlos Sarmiento Angulo atendiendo solo la clientela en el montón de bancos que posee.

Las centrales obreras y demás organizaciones defensoras de los derechos laborales y los derechos humanos, la prensa alternativa, las redes sociales y en general el pueblo colombiano, deben acoger el llamado del señor presidente a acompañar con la organización y la movilización el trámite de estas reformas democráticas que cada día tienen menos amigos en el Congreso de la República.

* Miembro de la Red Socialista de Colombia