Cuestión Pública escarbó el patrimonio del senador Juan Diego Gómez, sus negocios y los de sus familiares, así como los contratos estatales que han recibido personas y empresas cercanas a Gómez mientras él ha ocupado cargos públicos, tales como sus familiares, aportantes de campaña y aliados; también escarbó en sus redes de apoyo, los procesos judiciales en los que ha estado involucrado y sus posibles conflictos de interés.
Juan Diego Gómez, cacique de El Santuario, Antioquia, es el heredero político de su tío, el dirigente conservador Pedro Antonio Jiménez Salazar, político antioqueño. Su padre, Orlando de Jesús Gómez Botero, fue condenado en 2012 a ocho años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso, por proclamarse dueño de un predio en Bello donde se proyectaba construir el Centro Comercial La Provincia.
Desde 1997, como presidente del directorio conservador de El Santuario, Antioquia, Juan Diego Gómez comenzó a cultivar su feudo político, que en 2018 le aseguró su segundo cuatrienio de senador, con 74.273 votos, en su mayoría de Antioquia.
En 2008, su tío Pedro Antonio Jiménez Salazar, siendo representante a la Cámara, fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia. Un ciudadano aseguraba que él y doce colegas suyos habían viajado a España por cuenta de la EPS Coomeva, antes de votar contra las reformas a la Ley 100 de Seguridad Social. La Corte archivó el caso luego de documentar que el proyecto de reforma se hundió por iniciativa del gobierno. Jiménez Salazar no se presentó a la siguiente campaña electoral y en su lugar lo hizo Juan Diego Gómez.
Socios y negocios
En julio de 2005, Juan Diego Gómez Jiménez participó en un negocio inmobiliario en la vereda El Noral, de Copacabana, Antioquia, junto con una persona relacionada con el narcotráfico y una representante legal de Fundarias, organización que registró millonarios negocios entre Otto Bula y el parapolítico Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
La propiedad es una finca de 2,3 hectáreas con tres casas, piscina, bomba de purificación de agua, estadero, establo y sembrados, según la Oficina de Instrumentos Públicos de Girardota, Antioquia.
La finca se dividió así: el 12,5% le correspondió a Juan Diego Gómez Jiménez, en ese momento diputado de Antioquia. El 4,6% le correspondió a Diego Aristizábal Mejía, identificado por el Departamento del Tesoro de EE.UU. como asociado del narcotraficante Pedro Antonio Bermúdez Suaza (también conocido como alias El Arquitecto, piloto de Pablo Escobar Gaviria y socio de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Diego Aristizábal Mejía estuvo incluido en la Lista Clinton entre 2010 y 2018. También fue miembro de la junta directiva de Comfirmesa en 1981, junto con Carlos Gaviria Vélez, hermano del senador José Obdulio Gaviria, y Luis Carlos Molina, girador del cheque para pagar el asesinato de Guillermo Cano, director de El Espectador.
El 32,11% de la finca le correspondió a Estrategias Financieras S.A. En ese momento, el suplente del gerente era Fabio Jaramillo Guzmán, quien en septiembre de 2005 tuvo un negocio inmobiliario con una empresa de alias El Arquitecto, según El Espectador. El 6,19% de la finca le correspondió a Maria Consuelo Ruiz Londoño, quien ha sido representante legal de la Fundación Berta Arias de Botero (Fundarias), organización que registró millonarios negocios entre Otto Bula y el exsenador Mario Uribe, primo del expresidente Uribe y condenado por parapolítica, según informó El Espectador.
Fundarias y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA) son accionistas de Renting de Antioquia S.A.S., empresa que ha firmado contratos públicos por $174 mil millones entre 2011 y 2021. Uno de los representantes de Renting ha sido Luis Fernando Begué Trujillo, quien gerenció en 2014 las campañas del Centro Democrático por las curules de la Cámara de Representantes en Antioquia.
María Consuelo Ruiz Londoño, la socia de Juan Diego Gómez en Copacabana, también hizo parte de la junta directiva de Fogansa S.A (antes Fondo Ganadero de Antioquia) en 2008, año en el que vendieron acciones a tres empresas del presunto cartel de la contratación de la Gobernación de Antioquia, de acuerdo con El Colombiano.
El otro 25% de la finca de Copacabana correspondió al empresario Gilberto Zuluaga Quintero. Después de este negocio fue contratista de la Fiscalía General de la Nación en 2012. También firmó 18 contratos de arrendamiento con entidades del Estado por $1.168 millones. Las dos entidades con las que más contrató fueron la Rama Judicial y la Fiscalía.
La finca se constituyó con cinco predios, que fueron vendidos por Alejandro Pérez Cadavid. Su valor fue $515 millones, y Juan Diego Gómez Jiménez adquirió el 12,5% de la propiedad. En marzo de 2007, Gómez Jiménez, Diego Aristizábal Mejía, María Consuelo Ruiz y Gilberto Zuluaga Quintero vendieron su parte a Promotora La Provincia S.A por $338.300.000.
La red
En la red del senador Juan Diego Gómez Jiménez hay personas condenadas a cárcel, relacionadas con el escándalo de Odebrecht, señaladas de presunta corrupción en entidades públicas y contratistas del Estado.
- Orlando de Jesús Gómez Botero, su padre, murió en 2013 pagando una condena a 8 años de prisión por fraude procesal, falso testimonio y obtención de documento público falso. Los delitos los cometió siendo miembro de una "empresa criminal" que realizó un negocio con un lote de 33.130 metros cuadrados en el barrio Niquía, de Bello, Antioquia, según lo descrito en la sentencia de segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín.
- Su tío Pedro Antonio Jiménez Salazar, excongresista conservador, fue investigado por la Corte Suprema por presunta corrupción administrativa. El proceso finalizó en 2011 y fue realizado por presuntamente haber recibido, junto otros congresistas, una serie de prebendas de EPS para que archivaran la reforma a la Ley 100 en el segundo periodo presidencial de Álvaro Uribe, informó El Espectador.
- Cesar Augusto Hernández Sanmartín, aportante en 2014, fue pieza clave en la operación de blanqueo de los dineros de Odebrecht y en el pago de sobornos al senador Otto Bula. La Fiscalía encontró que Hernández Sanmartín lavó cerca de $940 millones a la multinacional brasileña desde septiembre de 2014. Tres años después, obtuvo casa por cárcel, informó El Tiempo.
4. Mauricio Andrés Ochoa Londoño, médico cirujano y aportante en 2014. Tres años después, en 2017, el Juzgado 26 Penal del Circuito de Medellín condenó en primera instancia a Mauricio Andrés Ochoa Londoño por homicidio culposo, con una medida de 34 meses de libertad condicional. El caso se remite a 2006, cuando Ochoa Londoño, sin tener la experticia necesaria, le practicó una liposucción a una mujer, causándole 44 perforaciones que desencadenaron su muerte, según explicó Caracol Radio. Por recurso de casación interpuesto por la defensa de Ochoa Londoño, el caso escaló en junio de 2018 a la Corte Suprema de Justicia y permanece activo.
En 2019, el investigador Ariel Ávila denunció que la esposa del senador, Elizabeth Zapata Mesa, era la encargada de firmar todas las presuntas irregularidades de Valor +.
Esta empresa de economía mixta se creó, según explicó Ávila, para que aliados del entonces gobernador Luis Pérez saltaran trabas legales de la contratación pública y no tuvieran que responder ante la Asamblea Departamental de Antioquia.
Elizabeth Zapata Mesa estuvo en Valor + entre 2017 y 2019. Desde 2020 trabaja para Corantioquia.
Al senador Juan Diego Gómez Jiménez y a su gerente de campaña en 2018, Juan Guillermo Valencia Álvarez, les abrieron investigación administrativa en el Consejo Nacional Electoral. Esto se dio por "presunto incumplimiento de la ley 1475 de 2011”. Es decir, al deber legal de abrir una única cuenta bancaria para administrar todos los recursos de la campaña electoral.
Contratos
Entre 2011 y 2020, un miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Juan Diego Gómez, aportantes de sus campañas al Congreso, socios inmobiliarios, una empresa de sus asesores y familiares han firmado 106 contratos con entidades públicas, que suman $7.658.637.666, según los registros del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
73 procesos fueron por contratación directa. Así se distribuye el total:
Familiares
- Elizabeth Zapata Mesa, esposa: tres como persona natural, por $65.720.995. Y dos como representante de la empresa de economía mixta Valor +, por $1.774.617.566.
- David Orlando Gómez Jiménez, hermano: nueve como representante de Central de Inversiones S.A (vinculada al MinHacienda), por $351.741.068.
Aportantes de 2010
- Catalina Henao Zapata: doce contratos por $301.399.258.
- María Elvia Vargas Jiménez: cinco contratos como representante de Inversiones El Chagualo S.A, por $124.108.298.
- Alba Aristizábal Atehortua: dos contratos por $84.710.836.
- Zeuss Petroleum S.A: un contrato por $347 millones.
Campaña de 2014
- Albeiro de Jesús Rivera, contador: 28 contratos por $497.923.000.
Rivera fue uno de los constituyentes de la Corporación Ciudades Inteligentes, que contrató con municipios de Antioquia por $161 millones en 2016. Otros constituyentes de la empresa fueron Leidy Jiménez Echavarría y Luz Stella Restrepo Martínez (exasesoras UTL de Juan Diego Gómez) y Orley de Jesús Santacruz Valencia, alcalde de San Rafael, Antioquia, periodo 2012 - 2015 por el partido Cambio Radical.
- Cesar Augusto Hernández Sanmartín, aportante: 1 contrato por $18.750.000.
Campaña de 2018
- Juan Guillermo Valencia Álvarez, gerente: seis contratos como representante de Camacol, por $2.405.774.947.
Socios inmobiliarios
- Fabio Arturo Jaramillo Guzmán: un contrato por $30.404.306.
- Gilberto Alonso Zuluaga Quintero: 18 contratos por $1.168.954.572. Siete fueron como representante de Jema Colombia S.A.S.
- María Luisa Mercedes Zapata Vélez: dos contratos por $52.089.088.
Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)
- Jorge Willian Rua Restrepo, asesor en 2013: seis contratos por $254.885.100.
Procesos judiciales
En el historial de Juan Diego Gómez Jiménez en temas judiciales hay procesos penales en la Corte Suprema, una demanda de nulidad electoral y demandas civiles.
También se incluye su paso como abogado defensor de presuntos delincuentes o delincuentes sentenciados en 9 procesos penales.
Juan Diego Gómez Jiménez está en tres* procesos judiciales bajo reserva, según los registros de la Rama Judicial:
- Dos son en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, iniciados en 2012 y 2017.
- Otro más en el Juzgado Doce Civil Municipal de Medellín, también del 2017.
El senador Juan Diego Gómez fue demandado por el piloto Gabriel Jaime Correa Salazar en 2010, en un proceso declarativo que finalizó un año después por desistimiento de las partes.
Cinco años antes del proceso en contra del congresista, el piloto Correa Salazar fue condenado a 108 meses de prisión por lavado de activos, en calidad de coautor.
Otra demanda en contra de Juan Diego Gómez fue de nulidad electoral, proceso que estuvo en el Consejo de Estado entre 2010 y 2012.
La demanda fue interpuesta por Óscar Darío Pérez Pineda, otro ‘cacique’ conservador de Antioquia y aliado político del exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero, según explicó El Tiempo.
Juan Diego Gómez Jiménez fue abogado defensor en 9 procesos penales entre 2002 y 2010, atendiendo casos penales por daños contra el patrimonio económico privado, porte ilegal de arma de fuego, hurto calificado y agravado, daños contra la vida y la integridad personal.
Negocios de familia
Cuestión Pública encontró cuatro empresas privadas de familiares del senador Juan Diego Gómez Jiménez, registradas en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.
Su hermano, David Orlando Gómez Jiménez, tuvo tres:
- Comercializadora y Distribuidora de Jabones y Detergentes (Comdist) y CIA Ltda (en liquidación). Fue registrada en 2007 y tuvo solo dos años de actividad comercial.
- Nikkei 255 S.A.S., empresa de expendio de comidas y bebidas alcohólicas (en liquidación). Fue constituida en 2013 y solo tuvo un año de actividad comercial, registrando un patrimonio de $100 millones.
- Gómez Jiménez Asociados S.A.S., de asesorías jurídicas (en liquidación). Fue constituida en 2012 y tuvo un solo año de actividad comercial, registrando un patrimonio de $50 millones.
Su tío Pedro Antonio Jiménez Salazar es suplente del gerente de Inversiones El Chagualo, que contrató cinco veces con el SENA entre 2012 y 2013, por $124.108.298.
Hay una empresa adicional en la que estuvo Juan Diego Gómez y su madre, María Mercedes Jiménez Salazar: Maderas Sabaneta Ltda. Fue registrada en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur en 1999, no renovó su registro después de ese año y se disolvió en 2015.
Patrimonio
Juan Diego Gómez Jiménez ha tenido tres apartamentos, dos casas, siete lotes y tres garajes en Antioquia. Actualmente, el senador Gómez Jiménez es propietario de dos apartamentos (con garajes) en Medellín.
Uno está en El Poblado, que le valió $650 millones en 2012. Otro, en el barrio San Germán, que le valió $153.453.500 en 2015.
En Medellín también tuvo un lote y dos casas que compró y vendió antes de ser congresista. Su valor suma $352.780.000.
En Bello tuvo un apartamento de 46,90 metros cuadrados y un lote de 10.8 hectáreas. Este último lo adquirió con Elda María de la Auxiliadora Jiménez y María Jamelly Zuluaga en el 2000, por $18.888.740.
Transparencia
El senador Juan Diego Gómez Jiménez obtuvo un 2/8 en el semáforo de Transparencia de Cuestión Pública, pues no entregó la información que le solicitamos tres veces mediante derecho de petición.
El senador no entregó copia de sus declaraciones de rentas para los años 2010 a 2018, ni la lista de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, ni su declaración juramentada de bienes y rentas o su registro de intereses.
Al respecto, el senador le respondió a Cuestión Pública que los documentos fueron entregados a la Secretaría General del Senado de la República.
Ya hizo pública su declaración de rentas y su declaración juramentada de bienes y rentas como lo ordena la Ley 2013 de 2019. Lo realizó el 30 de diciembre de 2020.
En su declaración juramentada de bienes y rentas, el senador registra ser propietario de ganado, vehículos y un apartamento en Medellín, por $2.492.570.000.
También declaró que no tiene ningún potencial conflicto de interés, aún cuando su esposa, Elizabeth Zapata Mesa, trabaja para la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia). Su hermano, David Orlando Gómez Jiménez, lo hace para la Central de Inversiones S.A (CISA, vinculada al Ministerio de Hacienda).
En la declaración de renta de 2019 ante la DIAN, el senador reportó un patrimonio líquido de $2.005.715.000.
Lee la investigación de “Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada” a Juan Diego Gómez de Cuestión Pública aquí.
Por esta investigación, Juan Diego Gómez alega que Cuestión Pública vulnera sus derechos a la honra y al buen nombre, frente a lo cual interpuso una tutela a través de su abogado Jesús Albeiro Yepes. La tutela fue fallada en favor de Cuestión Pública, en primera y segunda instancia, al considerar que los señalamientos están enmarcados en el derecho a la libertad de expresión e información y que no pueden ser objeto de restricción por parte de un juez constitucional. De igual manera, el Tribunal Superior de Bogotá afirmó que en la investigación hecha al senador Juan Diego Gómez por parte de Cuestión Pública “no se observa que se trate de información parcializada, incorrecta y mucho menos que sea falsa”.
A pesar de los fallos, Juan Diego Gómez interpuso una nueva denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra de las cofundadoras del medio Claudia Báez y Diana Salinas, cuya conciliación estaba programada para el 9 de noviembre de 2021, pero fue aplazada por solicitud del abogado de Gómez.
“Sabemos lo que hiciste la legislatura pasada” es una serie investigativa de Cuestión Pública que investiga los negocios, las redes de apoyo, soportes económicos, negocios públicos, procesos judiciales y conflictos de interés de más de 75 congresistas. El Indi$cregram es una aplicación web que simula una red social de negocios y relaciones que los congresistas no hicieron públicas. Cuestión Pública lo hace para el conocimiento de la ciudadanía.