@elquelosdelata
La DEA y la Fiscalía llevaban meses tras las pisadas sucias del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, nombrado por encargo de varios miembros de la Corte Suprema que lo ponderaron como un jurista consagrado al litigio y a la academia, escritor de libros y artículos, en fin, una joven promesa del derecho cuya carrera merecía entregarle la lupa de detective con la que se observan los forúnculos que revientan en la cara de esta, nuestra democracia desfigurada por el rapiñaje estatal.
Ya preso, después de haber sido grabado exigiéndole una millonada a otro más de los clientes de la fabrica de sentencias que tenía montada, se vino a enterar el país que Moreno no había dejado de ser jamás el calanchín de los respetados magistrados Francisco Javier Ricaurte y José Leonidas Bustos, que se encargaba de promover sus servicios entre los procesados y recibir los pagos de hasta miles de millones de pesos por dilatar los procesos, desaparecer evidencias y finalmente proferir los fallos a la medida del cliente y su bolsillo. Llegué a leer muchas veces con glotona avidez algunos de aquellos pronunciamientos, gestores de jurisprudencia prolífica en principios y valores.
De Diego Cadena no había oído nada hasta que Gonzalo Guillen, iniciando un consejo de redacción de la Nueva Prensa, me lo presentó en vivo y en directo, frente a la cámara espía de un reloj que lo grabó mientras trataba de sobornar a un testigo que le tenía un embuchado llenó de muertos al presidente Uribe.
Después me vine a enterar que el abogado era un comerciante de textiles con tarjeta profesional, a quien la vida lo llevó a ser el costurero de muchos de aquellos procesos que los más peligrosos capos del narcotráfico y el paramilitarismo remiendan con billetes. Así se había conseguido avión, yate y Rolex. Requisitos fundamentales para ser reconocido en Colombia como un gran profesional del derecho, con las capacidades y el saber jurídico suficientes para asesorar ex presidentes-masacradores y senadores atraca-estados.
No se me hizo raro que Jaime Lombana terminara en la misma mesa del mismo consejo de redacción a donde había caído Cadena hacía unos meses. Primero, porque ambos defienden al mismo bandido asesino que pareciera les tiempla los hilos a todos, pero además porque su estructura emocional devela en él un ser inseguro, adicto a las vanidades, mostrón de sus mansiones y carros último modelo, engatusador de los medios y percherón paseador de sus tantos amores engallados en silicona, a los que acostumbra a reventar a puñetazos cuando los tragos le sacan al sociópata descompuesto que anida dentro su psiquis deslinderada.
Como los togados capturados por marranear con la justicia y como el saca-micas de aquel mandatario matarife, Jaime Lombana es otro enfermo mental que decidió adentrarse en esa bruma gris donde se desdibujan los conceptos de la ética y la legalidad, y que terminó atravesándola convirtiéndose en otro más de los tenebrosos Darth Vaders, habitantes perpetuos del lado oscuro. Salir de allí es casi imposible. Pocos lo logran. Sé muy bien de qué les estoy hablando.
Un abogado no debería soñar con jets forrados en cuero ni con relojes en los que brillan los diamantes, ni con lanchas ultra rápidas, ni con carros de estrellita, ni con enmozarse con trapicheras de valla publicitaria para mostrarlas en los eventos sociales como si fueran las reses más costosas de su selecta ganadería. A un jurista debería bastarle con vivir bien, en un lugar donde le quepan los libros y sus placeres culturales, con poder viajar para conocer al ser humano a través de las diferentes cosmovisiones que anidan en el planeta, con darle sano y equilibrado placer a la carne como a bien se lo indique su naturaleza, y nada más. El resto, los lujos estrafalarios no han de ser para ellos. Para añorar toda esa basura inservible que se le exprime al mundo, están los grandes empresarios, los banqueros, los yuppies corredores de bolsa y toda la amalgama de chupasangres de esta sociedad desaforada que terminó emputando al planeta, que hoy nos tiene castigados a todos padeciendo este bien merecido encierro carcelero.
El vicio compulsivo del que no se han podido rehabilitar algunos de los grandes abogados del país, consistente en inyectarle al ego poderosas dosis de ostentación y opulencia, no radica solo en ellos sino también en algunos de sus colegas que terminan admirando mucho más la riqueza acumulada que la solvencia académica de sus escritos o la profundidad de sus conferencias.
Es por esto que no puedo dejar de referirme con nombre propio y dejando muy en claro que no estoy tirando piedras, sino más bien invitando a la reflexión al Colegio de Abogados Penalistas, que aplaudió al doctor Lombana con un comunicado previo al fallo proferido tras la acción de tutela instaurada en mi contra por este famoso jurista, el cual me dio la razón después de habérsele negado, en cada una de las dos instancias, la absurda pretensión que tenía de hacerme rectificar por el hecho de que un artículo del director y mi cuenta de Twitter lo empelotaron frente al país entero, que pudo observar con sorpresa el alma chiquitica de este oscuro defensor de políticos, paracos y narcotraficantes, que terminó lavándole los dólares cochinos a las fieras más voraces de la faunería nacional, representantes de la extrema derecha que lleva siglos gobernándonos.
Con el inmenso respeto que me merecen sus afiliados, el colegio que agrupa a los penalistas se equivocó al pronunciarse apoyando a Jaime Lombana. No digo que debió haberlo expulsado, pues el proceso que ayer terminó dándome la razón ni siquiera había empezado, pero sí cometió una ligereza al proferir un comunicado expresándole su solidaridad sin evaluar que fue La Nueva Prensa el medio que dio la noticia, cuyo director no ha parado de coleccionar premios Simón Bolívar y que en dos ocasiones fue merecedor del Rey de España, quien no se ha tenido que rectificar nunca en sus casi cincuenta años de carrera y que como líder de este medio que fundamos juntos, no ha dejado de darle a todo el equipo de trabajo lecciones de ética periodística y humanismo, pero que sobre todo exige un riguroso acompañamiento jurídico antes de sacar cada una de las publicaciones que hoy en día develan lo que los medios añejos, esclavos del narcotráfico, Celestinas de la corrupción y lacayos del gobierno, se esmeran por ocultar. Debo decirlo sin más rodeos, el Colegio de Abogados Penalistas pasó por encima de Gonzalo Guillén, es decir de la verdad y le dio la razón a uno de los juristas más corruptos, traquetizados y descompuestos éticamente que hay en Colombia.
Tantos abogados juntos, todos conocedores del derecho de contradicción que es el principal ingrediente de esta democracia a la que llaman constitucional, tanta mente prodigiosa repleta de leyes y garantías procesales, centenas de legistas bien formados en la academia nacional e internacional, que no pensaron en llamarnos a preguntar qué pruebas teníamos para publicar lo que publicamos, porque si así hubiera sido les habríamos dicho lo que al juez le dijimos sin tanta arandela: Que a Lombana, mientras allegaba una a una la evidencia que soportaba sus palabras, lo había denunciado un testigo en la Corte Suprema de Justicia por el lavado de activos que llevaba años ejecutando a través de cuentas a nombre de terceros en Curazao. Que, además de ese testigo, al Departamento de Estado Norteamericano le habían informado desde hacía casi un año del complejo entramado financiero que había estructurado para poner a pasear los dólares. También a las directivas del Colegio les hubiéramos dicho que teníamos soportes documentales, declaraciones juramentadas, información de fuentes muy confiables, un par de grabaciones, y que, además, al ver semejante caudal probatorio, Gonzalo había decidido irse a los Estados Unidos y poner estos hechos en conocimiento de las autoridades federales norteamericanas.
Finalmente, a los juristas que tanto respeto, les hubiera explicado que los periodistas, seamos o no abogados, tenemos una obligación constitucional que es la de opinar e informar sobre lo que la sociedad merece conocer y que para nosotros es muy relevante el hecho de que existan pruebas que señalen como lavador de activos precisamente al abogado del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, a quien reconocen mundialmente como miembro del Cartel de Medellín, por ser el sube y baja de las avionetas de Pablo Escobar en la Aero Civil, por haber sido el líder supremo del paramilitarismo en Colombia, el ejecutor del genocidio selectivo de líderes sociales, dirigentes sindicales, periodistas y de miles de campesinos, el promotor de la muerte de jóvenes inocentes a los que hicieron pasar por guerrilleros antes de llenarlos de plomo y a quien hasta hace muy poco, sindicaron de ser el socio del Chapo Guzmán en sus mejores tiempos.
Estoy seguro de que si el Colegio de Abogados Penalistas nos hubiera escuchado, habría concluido lo mismo que yo concluí: que ese abogado rosarista, doctor suma cum laude de la Universidad de León, con postgrados en la Universidad de Salamanca y maestría en ciencia política de la Universidad de Bruselas, profesor universitario, litigante muy transmitido por publicitadas emisoras y fotografiado durante más de dos décadas por esos grandes periódicos en los que ya pocos creen, obnubilado por la soberbia y la altanería, había terminado convirtiéndose en otro más de los lavaperros que engrasan este sistema roñoso y sucio que acaba de colapsar.