Ya electo un nuevo gobierno, el señor Iván Cancino González, nominado al cargo de ministro de Justicia y del Derecho, propone eliminar la audiencia de formulación de la imputación —instaurada y vigente en los artículos 286 a 294 de la Ley 906 de 2004 (Nuevo Código de Procedimiento Penal)— como la solución definitiva a la enorme congestión judicial que padece el sistema penal colombiano desde hace décadas.
A esta nimia propuesta se unen abogados litigantes interesados en reducir los tiempos de sus casos. Su postura resulta válida, pues tanto ellos como sus clientes son quienes deben asumir —en carne propia— el caos del sistema. Lo que no es aceptable es que la señora Luz Adriana Camargo, quien al parecer funge como Fiscal General de la Nación, se sume a esta pírrica propuesta; tal vez para congraciarse con el nuevo gobierno y asegurar un puesto una vez finalice su período.
Esto resulta alarmante en la medida en que todas las personas vinculadas de una u otra manera al sistema penal colombiano —incluido el señor Cancino González— saben y conocen de antemano que esa fórmula ya se intentó desde 2017 con la entrada en vigor de la Ley 1826: el famoso “proceso penal abreviado”.
En dicha ley se eliminó la audiencia de formulación de la imputación, haciendo que el proceso penal transitara de la etapa de investigación a la de juicio mediante el traslado del escrito de acusación al investigado y su posterior presentación ante el juez de conocimiento, para determinados delitos como los querellables, algunos tipos de lesiones personales y delitos contra el patrimonio económico, entre otros.
Sin embargo, a casi ocho años de vigencia, los resultados no han tenido incidencia alguna en la mengua del problema central. Por el contrario, la ley legitima y mantiene vigente la congestión del sistema penal colombiano: se sostiene un alto número de denuncias y, con ellas, un masivo archivo de casos por parte de la Fiscalía, en contraste con el mínimo número de sentencias y, aún menos, de condenas.
Lo anterior permite concluir, con gran preocupación:
Que la señora Luz Adriana desconoce por completo la realidad en la gestión de los procesos a cargo de la entidad que dirige.
Que este tipo de propuestas no dejan de ser “cosméticas”, pues no atacan el fondo de la problemática.
Que los colombianos —en especial las víctimas y los investigados— tendrán que continuar soportando el fracaso del procedimiento penal y la ineptitud de quienes lo dirigen.
Para ir al fondo del asunto se requiere entender que la falla es estructural dentro del sistema de justicia penal, y que existe un interés preponderante de ciertos sectores políticos, económicos y sociales en mantener la situación tal como está; pues, de funcionar medianamente bien, ellos serían los primeros usuarios del sistema.
