El Consejo Nacional Electoral (CNE), organismo llamado a custodiar la limpieza de la competencia democrática, enfrenta un nuevo y delicado cuestionamiento institucional: uno de sus conjueces en asuntos electorales sensibles, Hollman Ibáñez Parra, mantiene —y ha mantenido durante años— una postura pública abiertamente hostil y militante contra el senador Iván Cepeda, figura central de controversias políticas y jurídicas que terminan, directa o indirectamente, bajo el escrutinio del propio sistema electoral. El problema no es ideológico. Es ético, procesal y de confianza pública: un árbitro no puede comportarse como opositor declarado del jugador al que podría terminar juzgando.

La discusión no gira en torno a si Ibáñez tiene derecho a opinar. Lo tiene. El punto es otro: ¿puede alguien que ha insultado, ridiculizado y señalado reiteradamente a un actor político conservar la apariencia mínima de imparcialidad exigida a quien ejerce funciones cuasi judiciales? En democracia, la respuesta no depende de estándares y no de simpatías. Y esos estándares están escritos.

La ética —reconocida en la jurisprudencia constitucional y en los códigos disciplinarios— es clara: no basta con ser imparcial, hay que parecerlo. Los jueces, conjueces y árbitros electorales deben abstenerse de conductas que generen dudas razonables sobre su independencia, neutralidad o ausencia de prejuicios. No es un formalismo. Es el cimiento de la legitimidad de sus decisiones.

En el caso de Hollman Ibáñez, las dudas no son abstractas ni especulativas. Son documentales, verificables y públicas. Están en su propia cuenta de X (antes Twitter), con fechas, enlaces y palabras textuales.

El 12 de junio de 2020, Ibáñez escribió:

“Excúsenme, pero @IvanCepedaCast con los ataques personales contra @mluciaramirez demuestra que es un ser absolutamente deleznable ¡Qué horror!”

No se trata de un desacuerdo jurídico ni de una crítica razonada. Es un insulto directo, una descalificación personal que coloca al destinatario en la categoría moral de lo despreciable. Cuando un conjuez ya calificó públicamente a una persona como “deleznable”, la pregunta es inevitable: ¿cómo puede luego evaluarla sin prejuicio alguno?

Dos meses después, el 9 de agosto de 2020, insistió:

“Según @IvanCepedaCast: ‘Chávez es el arquitecto de un nuevo orden’ y ese es el orden que quieren implantar en Colombia. ¿Alguna duda de lo que nos espera?”

Aquí la retórica escala: Cepeda ya no es solo un adversario, sino una amenaza ideológica, un presagio de un “orden” indeseable. Es el lenguaje clásico de la alarma política, del “ellos vienen por nosotros”. Ese encuadre no describe ideas: marca enemigos.

El 8 de octubre de 2020, el tono derivó en burla:

            “¡Por Dios! Que alguien le dé clases de básico Derecho Electoral al abogado de @IvanCepedaCast…”

No hay aquí debate académico ni contraste técnico. Hay mofa, desdén y aplauso fácil para redes. Exactamente el tipo de conducta que destruye la apariencia de ecuanimidad en quien debe decidir con serenidad y distancia.

Y el 21 de julio de 2020, Ibáñez celebró una derrota judicial de Cepeda con ironía apenas disimulada:

            “¿Ya sabían que le negaron la tutela a @IvanCepedaCast…? Bueno, ahí les dejo el dato.”

No es información neutra. Es el “les cuento para que celebren conmigo”. La satisfacción por la derrota ajena es evidente. Y en el terreno judicial, la alegría por la caída de una de las partes es una bandera roja.

El problema no es el pasado: es la persistencia

Quienes intenten minimizar estos hechos alegando que “eso fue hace años” omiten un dato clave: la conducta no cesó. El 24 de noviembre de 2025, Ibáñez escribió:

            “Sigamos en esa búsqueda insulsa de la ‘unión’ para escoger candidato contra Cepeda… Mientras tanto, nos siguen jodiendo desde el poder.”

Aquí ya no hay ambigüedad posible. Hay bando, hay un “nosotros” y un “ellos”. Cepeda es el adversario político a derrotar. El gobierno es el poder que “nos jode”. Es lenguaje de trinchera, no de árbitro. Y ese lenguaje proviene de alguien que hoy ostenta la investidura de conjuez en un órgano que debe inspirar neutralidad.

Este no es un debate sobre libertad de expresión. Nadie propone silenciar a Ibáñez ni sancionarlo por opinar. El punto es otro y más serio: con ese historial público, lo procedente es el impedimento o la recusación. No como castigo, sino como garantía del proceso.

Las causales existen precisamente para estos casos: enemistad manifiesta, prejuzgamiento, pérdida de apariencia de imparcialidad. No se requiere probar corrupción ni mala fe. Basta con que un observador razonable concluya que el decisor ya tomó partido.

Y aquí las señales son múltiples, reiteradas y explícitas.

Hay un daño institucional. El CNE no es cualquier oficina. Es el escenario donde se define buena parte del mapa democrático del país. Cada decisión cuestionada erosiona confianza. Cada árbitro percibido como militante debilita la credibilidad del sistema.

Permitir que un conjuez actúe como opositor furibundo en redes y juez sobrio en sala no es pluralismo: es esquizofrenia institucional. La toga no borra los trinos. Y la confianza pública no se restablece con comunicados, sino con decisiones responsables.

Aquí no se pide santidad. Se exige prudencia mínima. Quien no puede ofrecerla debería tener la decencia de apartarse. Porque cuando la justicia electoral se percibe como un escenario de revancha política, pierden todos, incluso quienes creen estar ganando.

En democracia, la imparcialidad no es un lujo. Es el suelo mismo sobre el que se camina. Y ese suelo, hoy, está peligrosamente agrietado.