Rosalía Hernández Aponte, hermana del extinto narcotraficante José Guillermo Hernández, alias Ñeñe, se encuentra haciendo las gestiones legales necesarias para declararse en bancarrota. El trámite, que se lleva en Colombia, tiene el propósito final de que los bienes que posee sean repartidos entre sus acreedores.
La señora Hernández Aponte es principalmente deudora del fisco por impuestos prediales impagos.
El narcotraficante Ñeñe Hernández es conocido desde cuando La Nueva Prensa comenzó a revelar en exclusiva una serie de periodismo de investigación sobre la manera como le compró votos al actual presidente de la república, Iván Duque, en al menos cinco departamentos de Colombia: La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico y Santander. Las revelaciones de este medio también incluyen los nexos del difunto delincuente con los más altos mandos militares, policiales, judiciales y políticos.
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Ñeñe Hernández fue asesinado en mayo de 2018, cuando asistía en compañía de una mujer no identificada a una feria ganadera en Uberada, estado de Minas Gerais. Estaba casado con la ex reina colombiana de belleza María Mónica Urbina, cuyo esposo anterior, Fabián Vélez Beltrán, también fue asesinado a bala por sicarios que lo interceptaron en Bogotá, frente a la peluquería D' Norberto. Tenía 44 años de edad y era investigado por lavado de activos.
El proceso de bancarrota de la hermana del narcotraficante se ventila en el juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá, expediente No. 110014003026-2020-00039-00, en el que ella tiene por apoderada liquidadora a Jenny Carolina Martínez Rueda.
El motivo de la bancarrota es “insolvencia de persona natural no comerciante” y el objeto es el de negociar las deudas que tiene.
Entre los bienes con los que se pretende saldar las deudas figura un apartamento situado en la carrera 15 número 103-70, de Bogotá. Este lugar era conocido como la residencia de “Ñeñe” Hernández cuando estaba en esta ciudad.
En la búsqueda de acreedores para que se hagan parte del proceso, la señora Hernández ha convocado a personas y empresas de La Guajira, Santander y Bogotá.
Los acreedores que no concurran al proceso de liquidación por quiebra perderán sus derechos a cobrar.
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