La Defensoría del Pueblo trasladó a la Inspección General del Ejército Nacional una denuncia por presuntas estafas, abusos económicos, amenazas y vulneración de derechos fundamentales cometidos, al parecer, por oficiales en servicio activo contra soldados profesionales. El caso fue remitido oficialmente en enero de 2025 y calificado como urgente, al involucrar prácticas sistemáticas de corrupción interna dentro de la institución militar.
La actuación se originó en un derecho de petición, mediante el cual se trasladó la queja del soldado profesional Andrés Felipe Perea Amaris, quien acusa a un mayor vinculado a una cooperativa y a un suboficial de operar un esquema ilegal de préstamos usureros y venta fraudulenta de traslados dentro del Ejército. Los hechos denunciados ocurrieron entre 2023 y 2024 y hoy cursan tanto en el ámbito disciplinario como penal.
Préstamos, usura y embargos
Según la denuncia, Perea recibió en enero de 2026 un préstamo de 900 mil pesos para adquirir equipo de dotación exigido durante su formación. El dinero habría sido entregado por un mayor, presuntamente ligado a una cooperativa que opera en el entorno militar. Sin embargo, lo que inicialmente parecía un auxilio terminó convertido —según el denunciante— en una trampa financiera.
El oficial le impuso condiciones claramente usureras: pagos mensuales de 150 mil pesos durante tres años, lo que multiplicaba varias veces el valor original del préstamo. Durante meses, asegura Perea, los descuentos no se reflejaron en su nómina, lo que le impidió llevar control sobre la deuda. Posteriormente, en mayo de 2024, fue sorprendido con un embargo por 589 mil pesos, pese a que afirma haber pagado ya más de cuatro millones trescientos mil pesos.
El soldado sostiene que el embargo se produjo sin claridad sobre el término, el origen ni el estado real de la obligación, dejándolo en una situación económica crítica. Actualmente reside en el municipio de Carepa, Antioquia, y continúa afectado por descuentos que, según su versión, derivan de un fraude que nunca fue esclarecido por los mandos militares.
Venta de traslados y amenazas
La denuncia no se limita a los cobros irregulares. Perea también señala a un sargento viceprimero, identificado como “Bravo”, de estafar a soldados mediante la venta de falsos traslados entre unidades militares. Según su testimonio, a varios alumnos se les exigió dinero a cambio de promesas de cambio de batallón que nunca se concretaron.
Cuando Perea se negó a seguir pagando, asegura haber recibido amenazas directas de traslado forzado a zonas de alto riesgo, particularmente al Batallón de Operaciones Terrestres No. 30, en Tame, Arauca. Estas amenazas fueron usadas como mecanismo de presión y represalia, configurando —de acuerdo con la tipificación hecha por la Fiscalía— el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, contemplado en el artículo 188E del Código Penal.
El soldado afirma que estas prácticas no son hechos aislados y que integrantes de su curso han sido víctimas del mismo esquema. De confirmarse, el caso revelaría un patrón de corrupción interna dirigido contra personal de menor rango, aprovechando su vulnerabilidad económica y su dependencia jerárquica.
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Denuncia penal en la Fiscalía
Los hechos fueron denunciados formalmente ante la Fiscalía General de la Nación el 28 de noviembre de 2024, en Barranquilla, bajo el Número Único de Noticia Criminal 080016001067202423788. En esa denuncia penal, Perea detalló el mecanismo de préstamos, los cobros usureros, las amenazas y la supuesta simulación de denuncias previas que, según él, nunca se interpusieron realmente ante las autoridades judiciales.
El soldado Perea dijo que trataron de impedir que pusiera la denuncia que elevó ante la fiscalía. Un sargento mayor del Comando del Ejército le mintió: le aseguró que la Fiscalía ya estaba investigando los hechos y, para hacerle creer que era cierto, enviaron personal de contrainteligencia a tomar versiones, lo cual resultó ser una farsa. Meses después, lejos de recibir protección o respuesta institucional, apareció el embargo que agravó su situación.
Perea sostiene que cuenta con pruebas documentales y técnicas, entre ellas chats, audios y grabaciones, que respaldan sus acusaciones y que serán aportadas a las autoridades competentes cuando sean requeridas.
Ante la gravedad de los hechos, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de su misión constitucional de proteger los derechos humanos, trasladó la denuncia a la Inspección General del Ejército Nacional, exigiendo que se adelanten las actuaciones correspondientes y se dé una respuesta de fondo al peticionario.
El traslado oficial quedó registrado bajo el radicado SIVWATQ 2025000261, con anexos probatorios en formato PDF. La Defensoría invocó el carácter urgente de la actuación, conforme al artículo 15 de la Ley 24 de 1992 y al Decreto 025 de 2014, y recordó a la institución castrense su obligación de investigar de manera efectiva posibles violaciones a los derechos fundamentales de sus propios integrantes.
Cooperativas bajo la lupa
El caso vuelve a poner bajo escrutinio el funcionamiento de cooperativas y prácticas financieras dentro de las Fuerzas Militares, un tema históricamente sensible y poco transparente. La denuncia plantea serios interrogantes sobre los controles internos, la supervisión de los mandos y la eficacia de los mecanismos disciplinarios cuando los señalados son oficiales de mayor rango.
También revive una preocupación recurrente: la asimetría de poder entre oficiales y soldados rasos, que puede facilitar abusos económicos, presiones indebidas y silenciamiento de las víctimas mediante amenazas o traslados.
Según el denunciante, existe una investigación disciplinaria en curso que deberá pasar a conocimiento de la Fiscalía para el avance penal correspondiente. Hasta el momento, el Ejército no ha informado públicamente sobre sanciones, suspensiones o medidas preventivas frente a los oficiales señalados.
Mientras tanto, el caso de Andrés Felipe Perea Amaris se suma a una lista creciente de denuncias que cuestionan no solo conductas individuales, sino fallas estructurales en la protección de los derechos de quienes integran la base de la Fuerza Pública.
La respuesta de la Inspección General del Ejército y de la Fiscalía será clave para determinar si estas denuncias quedan, una vez más, sepultadas en trámites internos o si, por el contrario, marcan un punto de quiebre frente a prácticas que, de confirmarse, comprometerían gravemente la legalidad y la ética dentro de la institución militar.
