A un poco más de dos meses de las elecciones presidenciales en Colombia, una pregunta continúa rondando a los electores: ¿estuvimos en una elección democrática o enfrentando algunos de los fenómenos que hoy los organismos internacionales denominan amenazas híbridas?

Con frecuencia asociamos la guerra con ejércitos, fronteras, misiles, bombas y confrontaciones militares. Sin embargo, los principales organismos internacionales de seguridad han advertido que las formas de presión y confrontación entre Estados han cambiado. La OTAN y la Unión Europea utilizan el concepto de amenazas híbridas para referirse a acciones que combinan herramientas políticas, informativas, tecnológicas, económicas y diplomáticas con el propósito de influir sobre la opinión pública, afectar la toma de decisiones o debilitar la confianza de una sociedad en sus instituciones. Entre ellas se encuentran la desinformación, las operaciones de influencia, los ciberataques y la manipulación de narrativas públicas.

Europa ha debatido intensamente este fenómeno en los últimos años. Un ejemplo reciente fue la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde miles de personas ingresaron desde Marruecos hacia territorio español. Diversos académicos, analistas y expertos en seguridad sostuvieron que la migración estaba siendo utilizada como mecanismo de presión política por parte de Washington y Tel Aviv como respuesta por no apoyar el genocidio y los crímenes de guerra en Medio Oriente, y con la complicidad de los servicios de inteligencia de Marruecos, quienes creen tener derecho de propiedad sobre Ceuta y Melilla.

Algunos hablaron de “migración instrumentalizada”; otros, de “presión híbrida”. Más allá de las diferencias conceptuales, el debate planteó una cuestión de fondo: fenómenos tradicionalmente ajenos a la guerra pueden convertirse en instrumentos de influencia estratégica sobre otro Estado.

La discusión resulta especialmente relevante porque las amenazas híbridas no buscan necesariamente ocupar territorios ni derrotar militarmente a un adversario. Con frecuencia persiguen un objetivo más sutil: influir en la percepción de los ciudadanos, aumentar las divisiones sociales y erosionar la confianza en las instituciones democráticas.

Las amenazas híbridas combinan herramientas políticas y tecnológicas para influir en sociedades y erosionar la confianza institucional sin confrontación militar directa. Analistas advierten que fenómenos similares de polarización e injerencia extranjera pudieron incidir en los resultados de las recientes elecciones presidenciales en Colombia.

Desde esa perspectiva, vale la pena preguntarse si en Colombia durante la última elección presidencial se presentó una amenaza híbrida.

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La respuesta exige prudencia. Por el momento no existen pruebas públicas concluyentes que permitan afirmar que Colombia fue víctima de una operación coordinada de amenazas híbridas. Tampoco existe un pronunciamiento oficial que sostenga semejante conclusión; sin embargo, sí es posible identificar fenómenos que coinciden con varios de los factores que la doctrina internacional considera señales de alerta frente a este tipo de amenazas, lo que nos puede conducir a conclusiones diferentes.

Por ejemplo, la polarización política alcanzó niveles extraordinarios. La campaña electoral estuvo marcada por una intensa disputa por el control de las narrativas públicas. Las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios de confrontación y millones de ciudadanos estuvieron expuestos diariamente a versiones opuestas de los mismos acontecimientos. Más que una discusión sobre programas de gobierno, en muchos momentos pareció desarrollarse una batalla por la interpretación de la realidad.

Asimismo, se evidenció un progresivo deterioro de la confianza institucional. Autoridades electorales, organismos públicos, medios de comunicación, decisiones judiciales y actores políticos fueron objeto de cuestionamientos permanentes desde distintos sectores ideológicos. En una democracia, la crítica es legítima y necesaria, pero cuando la desconfianza se extiende hasta el punto de que se deja de reconocer legitimidad a los árbitros institucionales, surge una preocupación que trasciende la política electoral.

También debe mencionarse la creciente internacionalización del debate político colombiano. Pronunciamientos de líderes extranjeros como Trump, Noboa y Milei —los cuales constituyeron algo más que una injerencia extranjera en la política interna, pues incluso amenazaron con extraditar a los opositores— tuvieron un efecto inmediato, al punto de que el candidato contrario, Iván Cepeda, se asustó y de forma precipitada aceptó los ilegales resultados. Esto sumado a algo de suma gravedad: la incursión de organizaciones criminales transnacionales como la liderada por Fernando Cerimedo y Javier Negre.

Ello permite concluir que los resultados de las elecciones del pasado mes de junio no parecen ser producto de una decisión libre y legítima del pueblo colombiano, sino que corresponden a una estrategia coordinada de guerra híbrida que la ultraderecha internacional, con especial participación de la latinoamericana, ejecutó en nuestro país ante la mirada imperturbable de todos y sin el más mínimo pronunciamiento de las más altas autoridades judiciales que en otro ahora [o antaño] demandaban respeto por la institucionalidad.