Una solicitud formal dirigida al presidente, Gustavo Petro, plantea una reforma estructural al artículo 102 del Código Penal, con el propósito de eliminar la expresión “antisemitismo” y sustituirla por una cláusula general que sancione de manera integral toda forma de odio, hostilidad o violencia basada en raza, etnia, religión, nacionalidad o pertenencia política. La petición, presentada en ejercicio del derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución, insta al Gobierno Nacional a ejercer su facultad de iniciativa legislativa ante el Congreso para promover un modelo normativo que, según el documento, garantice la igualdad material entre todas las víctimas y evite tratamientos diferenciados en el ámbito penal.
El proponente, Napoleón Botache Díaz, quien actúa en este caso a título personal, es abogado con formación avanzada en derecho constitucional y penal, doctor en derecho con calificación magna cum laude, magíster y especialista en la materia, con trayectoria como fiscal delegado de la Fiscalía General de la Nación y como docente universitario en distintas instituciones, donde ha impartido cátedra en áreas como derecho penal, procesal y criminología.
El planteamiento de Botache Díaz sostiene que la redacción vigente introduce una jerarquización indebida entre sujetos lo que, a juicio del proponente, desconoce el principio de igualdad y no discriminación previsto en el artículo 13 constitucional. En ese sentido, advierte que la protección penal no debe privilegiar a un grupo específico, sino extenderse de manera universal a todas las comunidades que han sufrido violaciones de derechos humanos, incluyendo poblaciones afectadas por conflictos contemporáneos. Asimismo, el documento argumenta que el concepto de “antisemitismo” ha sido objeto de usos que podrían restringir la libertad de expresión, en particular frente a críticas legítimas a actuaciones estatales en el escenario internacional, por lo que la reforma permitiría delimitar con mayor precisión el alcance del tipo penal sin afectar el debate público.
La propuesta también invoca la necesidad de armonizar la legislación interna con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, como los contenidos en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales —según se expone— no exigen la mención de grupos específicos, sino la prohibición general de la apología del odio. Bajo este enfoque, se plantea una nueva redacción del artículo 102 que sancione la promoción o justificación del genocidio y de cualquier forma de violencia contra grupos humanos, con penas de prisión, multas e inhabilidades, eliminando lo que el documento califica como un “privilegio simbólico” en la norma vigente.
Botache Díaz anunció que, de manera paralela, interpondrá una acción pública de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional evalúe la exequiblilidad de la disposición actual. No obstante, enfatizó que la vía legislativa constituye el mecanismo más idóneo para introducir un cambio estructural en el ordenamiento jurídico.
La propuesta abre un debate jurídico y político sobre el alcance de los tipos penales relacionados con la apología del genocidio y la necesidad de equilibrar la protección de los derechos fundamentales con las garantías de libertad de expresión, en un contexto marcado por tensiones internacionales y discusiones sobre el papel del Estado en la regulación del discurso público.
