La Policía  de Cundinamarca está invitando para este sábado, 4 de abril, a un homenaje en la memoria de la niña de 8 años Juliana Pinto Hernández, a quien un grupo de sus hombres asesinó en Cachipay, Cundinamarca.

El asesinato fue cometido en vía pública, el 4 de abril de 2025, en inmediaciones del antiguo matadero de Cachipay.

La familia Pinto Hernández, junto con su equipo de defensa técnica, rechazó de manera categórica la convocatoria, hecha por el comandante de la Policía de Cundinamarca, Coronel Mauricio Arley Herrera Luengas.

El acto repudiado por la familia es para asistir a la conmemoración,  programada para este sábado, 4 de abril de 2026, en el mismo municipio de Cachipay.

Según el comunicado, la invitación fue hecha sin consulta ni autorización de los familiares, lo que consideran una afrenta directa a su dignidad y un acto de provocación institucional, si bien, la niña fue muerta por la misma policía.

Desde una perspectiva jurídica, la defensa denunció que esta actuación configura un escenario de revictimización y vulnera principios de respeto a las víctimas. Señalan que la organización unilateral de este tipo de actos, por parte de una institución involucrada en el proceso, desconoce estándares legales como los establecidos en la Ley 2365 de 2024 y la Sentencia T-434 de 2024, además de ignorar el deber de debida diligencia en la protección de los derechos de menores y sus familias.

El caso, que actualmente se encuentra en estudio en la Corte Constitucional para dirimir un conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la penal militar, añade un elemento de especial sensibilidad. La defensa sostiene que la realización del homenaje en estas condiciones podría interpretarse como una extralimitación institucional que instrumentaliza la memoria de la víctima, profundizando el daño psicosocial a sus allegados.

En respuesta a los hechos, los representantes legales anunciaron la interposición de acciones disciplinarias y administrativas ante la Procuraduría General de la Nación, el Comando General de la Policía y la Presidencia de la República. Asimismo, solicitaron vigilancia especial sobre el proceso y exigieron el cese inmediato de cualquier actuación que, a su juicio, vulnere la intimidad, el duelo y los derechos fundamentales de la familia.