Colombia Acuerdo de Paz NGO y la Oficina En Washington Para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresamos nuestra profunda preocupación acerca de la falta de acciones contundentes de parte de las autoridades de Colombia, los EE. UU. y los mecanismos internacionales y regionales, y organizaciones internacionales y nacionales encargadas de defender la liberta de expresión en el caso del medio La Nueva Prensa.
Como hemos denunciado previamente desde el 2022 se han incrementaron los ataques judiciales y las amenazas contra el equipo de La Nueva Prensa. El 7 de noviembre 2024, la entidad periodística recibió un fallo de desacato por la Juez 11 penal de Barranquilla, en uno de los 29 casos relacionados con el multimillonario Carlos Mattos, quien está cumpliendo una condena de 15 años y medio. Este desacato les priva de la libertad en principio por 3 días o más a Gonzalo Guillen, periodista y Mauricio Roberto Rodríguez, representante legal y abogado para los casos de Barranquilla, y les impone una multa de 4 salarios mínimos mensuales vigentes que equivaldrían a 1360 dólares. Según información de la misma entidad periodística La Nueva Prensa, se indicó que el individuo privado de la libertad está sobornando jueces y magistrados para obstruir, censurar y silenciar su trabajo periodístico. El señor Mattos precisamente cumple condena por estos hechos en Barranquilla (Colombia). Así mismo, el 8 de noviembre Frederikt Barros, abogado suplente que representa La Nueva Prensa en la defensa contra el acoso judicial en varios juzgados de Barranquilla, recibió un atentado a bala.
Nuestras organizaciones hemos denunciado en repetidas ocasiones el acoso judicial y el riesgo alto de seguridad que enfrentan el equipo de La Nueva Prensa a las autoridades de Colombia y los EE. UU. y las entidades regionales y organizaciones dedicadas a defender el derecho de la libre expresión y el periodismo. No hemos visto que ninguno del mismo haya tomado acciones fuertes y contundente en este asunto. Nos preocupa que la falta de acción este facilitando el continuo y sistemático ataque poniendo en riesgo las vidas de los miembros de La Nueva Prensa y sus familiares.
Por esta razón, exigimos que cese la persecución judicial, la censura y otros acosos frente este medio y quienes laboran en él o lo representan, y que las autoridades, mecanismos y organizaciones le pongan un alto al injusto acoso judicial que enfrentan, garanticen la seguridad del equipo y sus familiares e investiguen y sancionen a los responsables de esta campaña de desprestigio contra La Nueva Prensa.
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English version:
We Demand Actions Against Legal Harassment, Censorship, and Death Threats Against Members of La Nueva Prensa
Colombia Acuerdo de Paz NGO and the Washington Office on Latin America (WOLA) express our deep concern about the lack of decisive action by Colombian authorities, U.S. and international and regional mechanisms, and global and national organizations mandated to defend freedom of expression regarding the media outlet La Nueva Prensa.
As we have previously denounced, since 2022, judicial attacks and threats against La Nueva Prensa and its team have increased. On November 7, 2024, Barranquilla’s 11th criminal judge issued a contempt ruling against La Nueva Prensa. This is related to one of the 29 cases involving the multimillionaire Carlos Mattos, serving a prison sentence of 15 and a half years. This decision will place Gonzalo Guillen, journalist, and Mauricio Roberto Rodríguez, legal representative and lawyer for the Barranquilla cases, in jail for 3 days or more. It also comes with a fine of 4 minimum monthly salaries, equivalent to 1,360 dollars. According to La Nueva Prensa, the individual deprived of his freedom is bribing judges and magistrates to obstruct and silence their journalistic work. Mr. Mattos is precisely serving a sentence for corruption in Barranquilla (Colombia). Also, on November 8, an assailant fired shots at Frederikt Barros, the substitute lawyer representing La Nueva Prensa, in the defense against judicial harassment in several courts in Barranquilla.
Our organizations have repeatedly denounced the judicial harassment and the high-security risk the La Nueva Prensa team faces. We’ve directed these to the Colombian and U.S. authorities, regional entities, and organizations dedicated to defending the right to free expression and journalism. We have not seen any of them take firm and forceful action. We are concerned that the lack of action is facilitating the continued and systematic attack, putting the lives of members of La Nueva Prensa and their families at risk.
For this reason, we demand that the judicial persecution, censorship, and other harassment of this media and its staff cease. We urge the authorities, mechanisms, and organizations to stop the unjust judicial harassment faced by this entity and ensure the safety of its team and staff’s families. At the same time, the judicial authorities should investigate and punish those responsible for this smear campaign against La Nueva Prensa.
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