Es hora de que las instituciones respeten a los ciudadanos

14 Febrero, 2024

Por GERMÁN NAVAS TALERO Y PABLO CEBALLOS NAVAS

Editor: Francisco Cristancho R.

 

Para el magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, quien encuentra afrentoso que una protesta impida su libre escogencia de almuerzo, dedicamos esta cita extraída del texto que juró defender cuando asumió su cargo: “los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.” 

Olvida el magistrado, quizás como consecuencia del hambre, que quienes han transgredido este precepto son sus pares de la Corte Suprema, al eludir el cumplimiento de la función de elección que les fue asignada en el artículo 249 constitucional, y no los ciudadanos que ejercieron sus derechos a la libertad de expresión y reunión.

 

 Si algo quedó en evidencia con las protestas que sucedieron en frente del Palacio de Justicia es la insuficiente comprensión del momento político por parte de varios de los principales medios de comunicación del país, además de deficiencias graves en la verificación y contrastación de informaciones y fuentes. Ricardo Ospina, director del servicio informativo de Blu Radio, publicó en su cuenta de Twitter –al tiempo que discurrían las manifestaciones– una primicia según la cual un togado que se disponía a abandonar el palacio había sido agredido por la muchedumbre. Al ser cuestionado por internautas –especialmente por no revelar el nombre del presunto agredido– la atención viró a otro bulo: se dijo en varios portales informativos que el helicóptero de la Policía que sobrevolaba la manifestación había sido enviado con el propósito de extraer por aire a los magistrados, hipótesis ciertamente extraña –y prontamente desmentida por el director de la Policía– al considerar que la presencia de esta aeronave es estándar en el procedimiento de vigilancia a una demostración pública, máxime en el centro de poder de la nación. Ayer lunes, el señor Ospina retomó su cuento y nombró al presunto agredido, el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Aurelio Enrique Rodríguez, pero en cuestión de horas el órgano de gobierno de la Rama Judicial desvirtuó lo informado y, para desgracia de Ospina y otros, aseveró que a la fecha no tenían un solo reporte de agresiones físicas a magistrados o funcionarios durante las protestas del pasado jueves.

Sorpresa nos causó leer el titular de El Espectador que encabezaba la edición del día siguiente a las protestas y que se leía “respeto a las instituciones”. Dejando de lado la intensidad y vocación de prosperidad de las “presiones a la Corte”, como las denominó su presidente Gerson Chaverra, nos preocupa que una rama del poder público, sujeta al control ciudadano como las demás, halle reprochable que se le supervise al punto que califique una manifestación pública –ejercicio supremo de los derechos constitucionalmente protegidos a la expresión y a la reunión– como “presión indebida”. Y dado que hablamos del doctor Chaverra y del derecho a expresarnos libremente, conviene recordar que en respuesta a una petición formulada por el periodista Gonzalo Guillén el mentado presidente de la Corte Suprema reveló que su hermano, Tello Chaverra, y su cuñada, Enalba Padilla, trabajan en la Fiscalía General de la Nación. 

Retornando al supuesto “[ir]respeto” a las instituciones, nos preguntamos si quien pensó en este título consideró la posibilidad de que sean las instituciones quienes están faltando el respeto a los ciudadanos. ¿Acaso no es una burla que el llamado a elegir un funcionario por mandato constitucional se rehúse a hacerlo, sin expresión de sus motivos, pero tampoco permita al nominador –jefe de Estado electo por voto popular– cambiar la terna si es que esta no es de su agrado? ¿No es reprochable, a juicio de El Espectador, que veintitrés funcionarios con salarios que exceden los cuarenta millones de pesos mensuales requieran más de seis meses para escoger un nombre entre tres opciones? ¿No nos ofende como ciudadanos que el tiempo del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, notoria por su congestión y grosera mora, se ocupe en ronda de votación tras ronda de votación, cuando quiera que los magistrados no quieren elegir porque con ello están asintiendo su real voluntad? ¿No constituye afrenta al orden constitucional y a la división de poderes que la Corte Suprema de Justicia opte por designar –de hecho– a una persona que no está comprendida en la terna cuya elaboración le corresponde a la rama ejecutiva del poder público? ¿Honra a las instituciones que a partir del 12 de febrero sea una presunta cómplice del narcotráfico quien detente la acción penal del Estado? ¿Debe prevalecer una vindicta entre poderes, por razonada o legítima que esta sea, sobre un mandato legal explícito; palmario y exento de duda interpretativa? ¿Nos preocupa más que los magistrados se queden sin almuerzo un día, como protestó el presidente de la Corte Constitucional en entrevista prime time con Noticias Caracol, a que repitamos la historia de la cooptación del Estado por cuenta de la delincuencia organizada?

Muchas preguntas y pocas certezas, salvo una: la manifestación pública y pacífica, incluso aquella que corta el tráfico; bloquea la entrada de las camionetas asignadas a los jurisconsultos e impide que accedan a los despachos los sabrosos cortes del restaurante Bonaparte, jamás tendrá la virtualidad de interferir con la correcta administración de justicia y, por el contrario, restringirla o limitarla a confines en que no perturbe la tranquilidad de los honorables magistrados golpearía en la médula de nuestro Estado social de derecho. Si un par de ciudadanos inconformes –armados con coloridas vuvuzelas y enormes banderas– intimidan a los togados, el problema está en estos y no en aquellos.

Solo podemos imaginar la desazón que sentirían antecesores suyos, como Alfonso Reyes Echandía o Fanny González Franco, al verlos más preocupados por unos cuantos conciudadanos que en ejercicio de un derecho expresaron su descontento y decidieron hacerlo en sus narices, en lugar del escenario –entonces probable, ahora cierto– de una Fiscalía presidida por una funcionaria encubridora de servidores públicos al servicio del narcotráfico, quienes no solo se habrían vendido a los capos, sino que con ello también habrían puesto a disposición de estos los cuerpos de policía judicial del Estado. Estamos seguros de que estos y otros juristas, valientes que encararon con prestancia y convicción la toma de las instituciones por los narcos hace apenas unas décadas, hoy vestirían con deshonra la toga por la que perdieron sus vidas.