Miembro de la Red Socialista

A juzgar por los implicados, la historia contada por Aida Merlano; primero a una juez de Venezuela y luego a la periodista Vicky Dávila, destapó la podredumbre que se respira en las altas cumbres del poder económico y político de nuestro país. Estos son los principales implicados:  El capo de capos Luis Carlos Sarmiento Angulo, el títere y su jefe el matarife, el ex presidente Juan Manuel Santos, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el ex fiscal corrupto Néstor Humberto Martínez Neira, el exministro de hacienda Mauricio Cárdenas, la pandilla de los Char (El Don Fuad Char y sus vástagos Alex y Arturo y, su nuera Katia Nule, la banda de los Gerlein (Julio Gerlein, el rey de la contratación, el ex senador Roberto Gerlein, sus herederos, Julio Alberto y Victoria Eugenia, su socio Faisar Cure, El Gato Volador (Hombre del Maletín), Lílibeth Llinás, Representante a la Cámara por Cambio Radical, candidatos (no dijo nombres) a las alcaldías de Santa Marta y Cartagena y el 90% de miembros del Congreso de la República.. Esta es sin duda, la crema y nata de la corrupción en Colombia, sin menoscabo de lo que acontece en otras regiones del territorio nacional.

La exsenadora del Partido Conservador, pagaba condena de 15 años en la cárcel del Buen Pastor, sentenciada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de corrupción al elector, fraude electoral, tráfico de armas y concierto para delinquir.  Pero de un momento para otro, mediante video-llamada, en la que participaron Fuad Char, sus hijos Alex y Arturo, su nuera Katia Nule y un abogado de la familia Char de apellido Muñetón, le anunciaron que habían preparado un plan para que se fugara, por el cual pagaron a los ejecutores mil quinientos millones de pesos y le prometieron otro tanto para sus gastos, “mientras resolvían en la Corte” su situación jurídica.

La fuga se llevó a cabo, con amplia exposición en los medios, bajo el mando de un señor que en la video llamada se identificó como “El Salvador”. Pero ella no quedó libre sino secuestrada y llevada a una finca cercana a Valledupar; de donde, luego de haber sido maltratada y abusada sexualmente y después que uno de sus captores le anunciara al oído que la iban a matar, logró escaparse e ingresar ilegalmente y con identificación falsa, en compañía de su madre y de Yeiko su amigo fiel, en busca de “refugio seguro” para su vida, a la ciudad de Maracaibo, en donde permaneció algo más de un mes antes de ser capturada por autoridades venezolanas.

Quienes la querían matar, según ella, fueron los autores de su plan de fuga, el clan Char y los hijos de Julio Gerlein, quienes estaban confabulados con el presidente Duque, de lo cual dice tener pruebas para demostrarlo. Se pregunta ¿por qué si me fugué de donde me tenían mis captores el 15 de octubre, al día siguiente Duque subió a 200 millones la recompensa por información sobre mi paradero? Y responde, porque “él estaba enterado en donde me tenían mis raptores”.

¿Por qué quieren asesinarla? Es la pregunta obvia

Dijo que por sugerencia de Julio Gerlein, con quién mantenía “una relación extramatrimonial”, no implicó en su declaración ante la Corte al ex alcalde de Arturo Char, se allanó a los cargos y recibió la condena impuesta; al considerarla injusta, porque, circuló en videos por las redes, le sembraron arma ilegal, cartuchos de fusil y certificados electorales,  decidió entonces, mediante escrito ante la Corte, denunciar todos los procesos de corrupción política, incluidos los de la Alcaldía de Barranquilla, de los que ella había sido testigo de primera mano; de los cuales dice tener pruebas suficientes. Sospechosamente el alto tribunal se negó a escucharla, la petición fue filtrada por la fiscalía, entregada al clan Char y conocida por Julio Gerlein, quien le advirtió telefónicamente, “hablas de ellos y te van a matar” refiriéndose a los Char; entonces, prendió el ventilador que salpicó a los poderosos y encumbrados, hasta ahora intocables, personajes del poder regional y nacional. Razones por demás suficientes para que quieran asesinarla. Las mafias no perdonan la traición.

Contó lo que todo el mundo sabe sobre la corrupción política y administrativa, que la justicia investiga y tapa o simplemente no investiga, pero esta vez da testimonio excepcional de su propia vivencia, en tanto miembro activo de las tenebrosas mafias que amasaron inmensas fortunas saqueando el erario distrital, departamental y nacional. No en vano afirma que la fiscalía General de la Nación ha estado manejada, desde tiempo atrás, por Germán Vargas Lleras y la familia Char, quienes, con el aval (vaya ironía) del banquero mayor dueño del grupo AVAL, Luis Carlos Sarmiento Angulo y, el beneplácito del entonces presidente Juan Manuel Santos, hicieron nombrar al corrupto Néstor Humberto Martínez Neira como Fiscal General, a punta de cupos indicativos (mermelada) que  el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas entregaba a los parlamentarios, con la misión de tapar los escándalos de  Odebrecht e impedir que saliera a  la luz pública  el chanchullo de Navelena con el contrato asignado a Valorcon, por el propio Néstor Humberto siendo superministro de Santos.

Reveló que dichos cupos indicativos, que son miles de millones de pesos del presupuesto nacional, una vez recibidos, “todos los parlamentarios de la derecha” los venden a contratistas que les retornan un 15% de su valor. Afirmó, además, que la fiscalía también ha engavetado decenas de investigaciones de corrupción contra el exalcalde Arturo Char en los tres períodos de la hegemonía de esta dinastía familiar. Por ejemplo, dijo saber que de los grandes contratos con dineros aportados por la nación, se invierte el 40% en las obras, 30% lo cogen los contratistas y 30% va a las arcas del clan Char. Explicable porque el erario, administrado por estas mafias es asumido perversamente como una fuente de acumulación de capital.

Explotó la bomba mayor al denunciar que en la costa compraron votos para hacer elegir de presidente a Duque en la segunda vuelta. Para comprarlos, Julio Gerlein en compañía de su socio, Faisar Cure, aportaron seis mil (6000) millones de pesos y los Char por su parte, exigieron cuotas de quinientos (500) millones de pesos a cada uno de los contratistas beneficiados por la alcaldía de Barranquilla. Mas grave aún, relató que el títere estaba enterado, puesto que “participó en reuniones realizadas en el yate de Julio Alberto Gerlein hijo, para “coordinar la cifra que iban a invertir”. “Julio sabía a paso anticipado de todo lo que iba a suceder, Julio me dijo: no te preocupes con Duque que estoy haciendo una gran inversión con él”, manifestó Aida a la entrevistadora. En la exposición ante la juez venezolana soltó estas dos perlas, “los últimos presidentes, desde Uribe hasta acá, se eligieron comprando votos” y “el 90% del congreso se ha elegido y se elige comprando votos”.

Es verdad que esta práctica “tipificada como delito en el código penal”, que según Roberto Gerlein, que ocupó curul en el Senado por el partido Conservador durante 40 años, gracias a la compra de votos que hacía su hermano Julio, en sus propias palabras “el hecho electoral es que se compran muchos votos con organizaciones dedicadas a ese menester nefando” y cínicamente la califica como “una costumbre inveterada, perniciosa, un poco inmoral, pero que es tradicional” “que comenzó por ser costeña, pero que se ha convertido en una costumbre electoral de toda Colombia”. Un delito penalizado que por ser “costumbre nacional” todos incurren en él, con la seguridad de que ni la fiscalía, ni el Consejo Electoral, ni la Comisión de absoluciones, investigan e inveteradamente se mantiene en la impunidad.

El relato de Aida, salpica en materia grave al ex presidente Santos y a su vicepresidente Germán Vargas lleras, al afirmar que este recibió “más de quince mil (15.000) millones de pesos aportados por Odebrecht y Valorcon, autorizados por Luis Carlos Sarmiento Angulo, para financiar la segunda vuelta de la campaña por la reelección de Juanma. Añade que Vargas Lleras recibió miles de millones, que le fueron entregados por los dos clanes, para comprar firmas (más de cinco (5) millones) para inscribir su candidatura y votos para la primera vuelta presidencial de 2018. Al final, conocidos los resultados, quedó claro que los electores cobraron por la firma y por el voto, pero no votaron por él. También es cierto que todos los caciques tradicionales “vendidos a la familia Char” compraron firmas a $10.000 y votos a $10.000, tanto para Vargas Lleras, como para Duque, afirmó la entrevistada.

Aida Merlano, cuyo padre compraba votos y recogía cédulas, incluso de muertos, que su jefe Julio Gerlein compraba, desde antes que ella naciera, creció conviviendo con esta cultura perversa y delincuencial, pues desde  muy niña ejerció liderazgo en su comunidad y fue vinculada a la política por el jefe de su papá, quien a sus  56 años la hizo “víctima de acoso sexual”, cuando apenas cumplía sus 16 años, según lo relató en sus dos exposiciones; aberración que los medios ocultan, pero que debería ser sancionada, si no penalmente, si repudiada socialmente, terminó por convertirse en Representante a la Cámara primero como fórmula de Roberto Gerlein y después como senadora por el partido conservador, gracias a los votos comprados por el magnate que la volvió, según sus propias palabras, su títere y terminó por convertirla en “la querida”, como suelen llamar en el argot costeño la relación extramatrimonial.

Ella reclama y con justa razón, reconociendo su pecado, “como condenan a una persona por una práctica que cometen todos los políticos tradicionales de derecha y yo soy la única a la que han condenado por corrupción al elector” si “eso es el pan de cada día”.

Las declaraciones de la señora Merlano, pusieron al descubierto la mala calaña de las castas y las mafias gobernantes, a las cuales entró por la puerta trasera; pero, habrá que ver si la justicia investigará a fondo estas escandalosas denuncias. Es tal la gravedad de las mismas que, ante denuncia penal incoada por el Representante David Rasero contra el sub-presidente por corrupción al elector, la comisión de absoluciones decidió iniciar proceso de indagación al respecto; un magistrado del Concejo Electoral, también anunció el inicio de investigación basado en las mencionadas denuncias.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, abrió indagación previa y dispuso escuchar en versión libre al senador Arturo Char, candidato de la coalición de gobierno para la presidencia del Senado, “por presunta intervención en fuga de Aida Merlano” y en lo “relacionado con la conducta de posible corrupción al elector”: Por su parte el Fiscal General, Francisco Barbosa, ternado por su íntimo amigo, que había anunciado que  solo atendería el caso cuando la fugada, que fue  pedida en extradición por el gobierno al presidente de Narnia, Juan Guaidó, regresara a Colombia, disfrazó su negligencia e informó que “de manera oficiosa abrió el caso, como “una noticia criminal por las declaraciones de la señora Merlano”; pero, anunció que por razones de seguridad de sus fiscales, no serán enviados a entrevistarla. Es decir, si, pero no.

Creo que, sabiendo que la Comisión de Absoluciones está integrada por corruptos, el Fiscal fue ternado por el corrupto sub-presidente, el Consejo Electoral fue elegido por un congreso de corruptos y que la Corte carece de toda credibilidad, es de esperar que estos “diligentes” de última hora actúen como siempre para lavarle la culpa a los corruptos involucrados en este voluminoso escándalo. La verdad es que, con intervención o no de la justicia, el gobierno Uribe-Duque, está cada vez mas desprestigiado por incapaz y por corrupto. Pero, ahora que las denuncias de fraude han quedado en evidencia, es claro que estamos frente a un gobierno ilegítimo.

 El pueblo, que en el paro del 21N y las movilizaciones posteriores agitaron con fuerza la exigencia de renuncia del gobierno títere, debería colocar en el pliego de exigencias, la renuncia del gobierno y del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones para elegir un nuevo gobierno y un nuevo congreso de transición para la paz y para redefinir las instituciones democráticas del Estado Social de Derecho, consagrado en la Constitución política.

Bogotá, febrero 25 de 2020.