El Gobierno nacional le ha solicitado a la Corte Constitucional modular la Sentencia T-236 de 2017, en la que se ordenó suspender las aspersiones aéreas con glifosato (AAG) por considerar que atentan contra los derechos fundamentales a la salud, a un ambiente sano y a la consulta previa de las comunidades afectadas.
La larga trayectoria de las aspersiones aéreas con herbicidas contra cultivos declarados de uso Ilícito (CDUI) muestra que se trata de un problema complejo, en estrecha relación con el conflicto armado, social y político del país.
Son varios los elementos que persisten en la controversia sobre el tema, que pueden ser rastreados desde el inicio de esta política en la década de los noventa. Por esa razón no podemos estar de acuerdo con esta política, a la luz de los diversos estudios que se han realizado en el país y en el mundo.
Se han querido silenciar las voces críticas
Desde la formulación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) hasta el más reciente pronunciamiento del Gobierno nacional sobre su intención de reactivar las AAG, la toma de decisiones institucionales se ha caracterizado por una exclusión sistemática de las posiciones opuestas.
Desde el inicio de las AAG se expresaron preocupaciones en múltiples oportunidades por parte de las comunidades afectadas y las autoridades políticas del orden local y nacional, sin que sus voces hayan sido consideradas en espacios decisorios como el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE).
Por el contrario, el discurso gubernamental ha producido una falsa contradicción moral y legal desde la cual se equipara a los críticos de las AAG con criminales y narcotraficantes. Entre tanto, en el marco de la guerra contra las drogas promovida por el Gobierno de Estados Unidos, la formulación e implementación del PECIG ha recibido un fuerte tutelaje de ese país y ha limitado la autonomía del Gobierno nacional para asumir otras opciones.
Se han documentado múltiples casos de erradicación concertada con comunidades campesinas y étnicas que demuestran su voluntad para encontrar una solución al problema de los CDUI. A pesar de ello, la respuesta estatal ha sido de carácter policivo, sin garantizar las condiciones materiales que demanda la sustitución de cultivos.
La decisión de avanzar en las AAG, junto con las operaciones militares que las acompañan, ha aumentado la conflictividad en los territorios afectados por CDUI y ha profundizado la crisis económica, social y de seguridad física del campesinado, en especial de los líderes sociales que han participado en escenarios de negociación.
El debate debe ampliarse
Aunque la controversia persiste sobre si el glifosato es seguro o nocivo para la salud humana y ambiental, es necesario trascender el debate puntual sobre la toxicidad de la molécula en la fisiología o en la genética humana en el corto plazo, para pasar a análisis más integrales, con un enfoque basado en la interdependencia entre los ecosistemas y las comunidades humanas.
Un ejemplo de este tipo de análisis es el informe de la Comisión Científica Ecuatoriana que sirvió como prueba de las afectaciones de las AAG del lado ecuatoriano de la frontera, en el marco de la demanda presentada contra Colombia en 2008 en el Tribunal de La Haya, y que finalizó con el pago del Estado colombiano, en 2013, de una indemnización a Ecuador por un monto considerable.
Como se mostró en la reciente audiencia pública convocada por la Corte Constitucional, las condiciones en las que ocurre el uso comercial del glifosato son muy diferentes a las AAG, en cuanto a dosis, dispersión y acumulación en el ambiente, lo que obliga a identificar con detalle sus impactos.
Los estudios más complejos integran el análisis de los residuos –tanto del glifosato como de los metabolitos y las moléculas acompañantes– en plantas, suelos, animales y humanos, en relaciones múltiples ecosistémicas de ambientes con alta diversidad.
El tema no es solo el cáncer
En un estudio reciente en varios países de la Unión Europea se analizaron 76 residuos de plaguicidas en 317 suelos agrícolas, de los cuales el 83 % contenía uno o más residuos y el 58 % contenía hasta 166 mezclas diferentes, entre las cuales destaca el glifosato y su metabolito, el ácido amino-metil-fosfónico (AMPA). Esta presencia en suelos afecta a hongos y bacterias, y se ha demostrado resistencia bacteriana a antibióticos derivados de la exposición a glifosato y AMPA.
Esta contaminación en suelos se relaciona con la presencia en aguas superficiales, lo que induce cambios morfológicos y bioquímicos en plantas no objetivo –como la lenteja de agua, importante en la depuración de aguas residuales– y ejerce efectos tóxicos en los ecosistemas acuáticos, incluso durante la exposición a corto plazo.
En plantas de tomate afectadas por aspersión aérea con glifosato se encontraron cambios relacionados con la oxigenación de la planta después de 28 días de exposición. En Argentina se encontró pérdida de biodiversidad en bosques nativos inmersos en los agroecosistemas debida a la exposición continua a bajas dosis de glifosato.
En Sucumbíos, Ecuador, se demostró la afectación de cultivos de café, plátano y pastos, y de peces y gallinas en áreas asperjadas en la frontera con Colombia, con la evidente afectación del modo de vida de las familias.
En estudios con ratones expuestos se encontraron numerosas anomalías cognitivas asociadas con la inhibición significativa de la actividad de la enzima acetilcolinaesterasa (AChE) que participa en procesos neurológicos compartidos con los seres humanos.
En las abejas expuestas se han demostrado cambios en la sensibilidad a la recompensa y en el aprendizaje asociativo, con grandes efectos en la polinización de varias especies y en el ecosistema en su conjunto.
Con todo lo anterior, el tema no se puede reducir a la discusión sobre si el glifosato es o no cancerígeno.
Ciencia contratada vs. ciencia independiente
En el debate existe otro punto que se debe considerar: la controversia entre la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (US-EPA, por su sigla en inglés) y la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que tiene que ver con el tipo de financiamiento de los estudios.
Mientras la EPA se basó especialmente en estudios encargados por el productor, esto es, “ciencia contratada”, de los cuales el 99 % fueron negativos, la IARC se basó en estudios revisados por pares, de los cuales el 70 % fueron positivos.
En Colombia no se cuenta con este tipo de estudios. Cuando se han hecho revisiones sistemáticas amplias, como la del Comité de Expertos en Herbicidas de 1985 o la del Instituto Nacional de Salud de 2019, ha habido presiones indebidas que van desde la amenaza de muerte a investigadores hasta el ocultamiento de los informes finales.
Desde 1992 y hasta la fecha el Gobierno nacional se ha comprometido en múltiples ocasiones –incluso por orden de la Corte Constitucional– a realizar seguimientos técnicos y estudios independientes de impacto, pero este compromiso no se ha cumplido.
Ante este panorama, es necesario profundizar, atendiendo al principio de precaución y a la obligación del Estado de abstenerse de afectar la salud de la población, como ordena la Ley Estatutaria en Salud.
Para ello se requiere crear un comité de expertos –autónomo y con recursos suficientes– para realizar un ejercicio sistemático de medición de impactos sociales, ecológicos y epidemiológicos de las AAG, desde una perspectiva compleja e independiente.
Acudir de nuevo a la AAG como la principal herramienta contra los estupefacientes resulta, por lo menos, irresponsable.