Sin duda, la corrupción es un mal mayúsculo en Colombia y ha encontrado cómplices para su expansión. Tiene, en no pocos de los políticos con poder, estrategas puntuales. Y en la administración de justicia hay aliados disponibles que facilitan la impunidad a los actores de negociados mediante los cuales se apoderan de los recursos públicos con la intención del enriquecimiento ilícito. No se advierte de parte del gobierno una acción efectiva que le cierre espacios a ese monstruo y más bien hay permisividad, como ocurrió con la fraudulenta licitación de Centros Poblados, que tuvo en la exministra Karen Abudinen una protagonista complaciente, pero también consentida por sus patrocinadores.
El candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández, ha nutrido su discurso de campaña con pronunciamientos contra la corrupción. Se ha comprometido en acabar “la robadera” quitándoles la chequera oficial a quienes manejan recursos públicos o son los ordenadores del gasto. No es una mala intención si se le despoja de la demagogia efectista. Pero no todo lo que dice el exalcalde de Bucaramanga resiste un examen de comprobación. Hay en él contradicciones que llevan a desconfiar de cuanto ofrece, así lo diga en el lenguaje retador acuñado para los fines políticos que se ha propuesto.
Mientras Hernández promete combatir la corrupción al llegar a la Presidencia, no ha explicado su caso que lo tiene imputado por los desatinos en que incurrió en el trámite de un contrato para la operación de las basuras de Bucaramanga cuando fue alcalde de esa ciudad. Es un expediente de supuestas coimas, tráfico de influencias, desconocimiento de la ley y abuso de poder. Un expediente con presunta conducta dolosa y de detrimento patrimonial, de efectos negativos para la comunidad. La negación con que se responde también pone en entredicho la seriedad de quien debiera garantizar transparencia y estar libre de toda sospecha.
A lo anterior habrá que agregarle otra señal decepcionante del candidato. No obstante su reiterada alusión contra los políticos descarriados negocia por debajo de la mesa con esos mismos pecadores. Uno de sus patrocinadores encubiertos es el expresidente Álvaro Uribe, cuya carrera política ha representado desvíos que han llevado a la nación a tomentosas situaciones. No hay sinceridad y esto se convierte en engaño. Con afectación del interés público y degradación del ejercicio político, con todas las secuelas corrosivas que puede dejar. Lo cual debe tomarse en cuenta para no dejarse embaucar.
La lucha contra la corrupción no puede convertirse en cortina de humo. No puede ser un paraguas de simulación donde encuentren acomodo los que se lucran de prácticas tan disolutas.
El tema de la corrupción es prioritario y debe debatirse con amplitud. Y los candidatos a la Presidencia están llamados a comprometerse en la erradicación de ese mal. Pero con autoridad moral, sin engaños, a fin de que puedan cumplir lo que prometen. Los electores deben examinar las propuestas y decidir con base en la certeza, con espíritu democrático. Y, sobre todo, a la luz de la verdad.
Puntada
Los días que faltan para la elección de Presidente de Colombia deben ser de reflexión en la perspectiva de la democracia y la convivencia.
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Publicada en La Opinión 12 junio 2022