Los hechos fácticos, rigurosamente investigados y documentados por los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez, sobre la trayectoria política, estrechamente ligada al narcotráfico y al crimen, del expresidente, exsenador y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, demuestran que, este oscuro personaje es “el último gran criminal de Colombia” (Miguel A Del Río). Estos hechos sobre la el personaje en cuestión, han sido bellamente registrados en la serie documental “El Matarife”, tanto en los diez capítulos de la primera serie, como en los dos recientemente publicados de la segunda, vista por millones de personas especialmente en Colombia y también en el extranjero. Venturosamente esta serie ha desmoronado la imagen de “el gran colombiano” que habían vendido ante la opinión internacional.
El seguimiento de Gonzalo a las actividades sombrías de Uribe, datan de los primeros años de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando, fue nombrado alcalde de Medellín y destituido a los pocos meses por orden del entonces presidente Belisario Betancur, por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde su cargo como director de la Aerocivil, otorgó a los capos del cartel de Medellín licencias para la construcción de pistas de aterrizaje y la matrícula de aeronaves, que luego despegaron cargadas con toneladas del polvo blanco con destino a las narices de los millones de jóvenes gringos consumidores. “El cartel de Medellín, nació, creció y prosperó gracias a las pistas y los aviones que él le entregó” afirma Gonzalo Guillen, en su impecable trabajo periodístico. Licencias que contribuyeron a que la coca se convirtiera en el gran producto de exportación no tan subterránea, que hasta el día de hoy mantiene a Colombia como el exportador del 80% de la cocaína que se consume en el mundo diariamente. Incluso participó de los alucinantes vuelos con helicóptero propio de su familia heredado de su padre Luis Alberto Uribe Sierra, “testaferro de narcotraficantes”, decomisado en la toma de la finca de Tranquilandia por orden Rodrigo Lara Bonilla, en ese entonces ministro de Justicia, asesinado por sicarios de Pablo Escobar.
El aparato criminal del expresidiario se fortaleció con su elección como gobernador del departamento de Antioquia, cargo desde el cual creo y legalizó, en alianza con narcotraficantes y paramilitares las autodefensas campesinas llamadas “Convivir”, que luego sirvieron de base para la creación y fortalecimiento de las “Autodefensas Unidas de Colombia - AUC” al mando de los hermanos Carlos y fidel Castaño. Al propio Uribe se le acusa de ser el creador, en compañía de su hermano Santiago Uribe Vélez, del grupo paramilitar “los doce apóstoles”.
Al amparo del ya ungido como presidente de la República y su mal llamada política de seguridad democrática,, las bandas paramilitares crecieron, se fortalecieron y, en alianza con las fuerzas armadas, en no pocas operaciones conjuntas, sembraron el terror y perpetraron miles de masacres en todo el territorio nacional, asesinaron líderes y lideresas sociales, campesinos e indígenas, periodistas, maestros, académicos, intelectuales y políticos opositores, se ligaron al negocio de la cocaína, vincularon a sus mandos poderosos narcotraficantes, robaron la gasolina del oleoducto de Ecopetrol, extorsionaron, saquearon el erario y recibieron finanzas de terrateniente, ganaderos, banqueros y multinacionales. Además, según el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso, contribuyeron de manera decisiva, mediante el constreñimiento del voto ciudadano y financiación de sus dos campañas presidenciales.
La alianza entre paracos y militares facilitó a la cúpula militar, cumplir con la exigencia del alto gobierno, es decir del presidente Uribe, de resultados contabilizados en muertes en combate con las guerrillas, ejecutar la terrorífica práctica de asesinar jóvenes inocentes para presentarlos como guerrilleros dados de baja en combate. Hasta hoy la JEP ha documentado 6.402 casos de asesinatos considerados crímenes de lesa humanidad, que en realidad son crímenes de estado, eufemísticamente llamados “falsos positivos. Pero las ONG de derechos Humanos y los organismos internacionales afirman que las cifras reales pueden superar los diez mil asesinatos. La prueba contundente de esta práctica genocida es el reciente anuncio de la JEP sobre la imputación de cargos al General Montoya por ser responsable de 104 casos de falsos positivos cuando estuvo como comandante de las fuerzas armadas en tiempos de Uribe, quien no se ruborizó al declararlo “héroe nacional”. Es el mismo general que muchos oficiales que se acogieron a la JEP lo sindican de exigir litros y ríos de sangre, para justificar que se estaba ganando la guerra a las guerrillas.
Además, con su beneplácito se dio origen al surgimiento de la llamada parapolítica, como se denominó la alianza de políticos de los partidos de la coalición de gobierno de Uribe en alcaldías, gobernaciones, concejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República, alianza que les permitió acceder a los erarios y al control de las finanzas y la contratación pública en dichas entidades; así como, ser representados en por lo menos el 35% del Senado y la Cámara de Representantes (declaraciones de Mancuso en la Comisión de la verdad).
El periodista Julián Martínez, asegura, con pruebas en mano, que a lo largo de su vida política “Uribe ha estado rodeado de narcotráfico por todas partes”, en el marco de la estructura criminal de poder que ha mantenido activada para hacerse al control omnímodo de la llamada institucionalidad del estado. En el entorno familiar y de los negocios, los hechos registran que Uribe fue socio del narcotraficante Luis Carlos molina, quien pagó el asesinato Guillermo Cano y socio también, del narcotraficante, hermano de José Obdulio Gaviria, Carlos Alberto Gaviria Vélez, emparentados por el ala materna con el expresidente. En reciente entrevista con Ariel Ávila, Gonzalo informó sobre la captura de la cuñada de Álvaro Uribe, Dolly Cifuentes de Uribe, su hermano Alex Cifuentes Villa y su sobrina, Ana María Uribe Cifuentes, pedidos en extradición por un juez de los Estados Unidos por razones de narcotráfico; los tres integrantes del Clan de los Cifuentes Villa que se había convertido “en el aparato de lavado de activos más grande del mundo que tuvo el Chapo Guzmán”.
Cuenta, además, que en el curso del juicio que se le hizo a Alex Cifuentes en New York, ante la pregunta de ¿por qué durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe nunca hubo un golpe contra el clan de los Cifuentes Villa? Este le respondió que se debía a que ellos le pagaban dinero al gobierno de Uribe. Agréguese que su padre Alberto Uribe Sierra, ofició de testaferro de narcotraficante, su hermano Santiago, actuó como jefe y creador del grupo paramilitar los doce apóstoles. El clan de los Cifuentes Villa, con la complicidad de Uribe y a su amparo, se propagó por todo el país y con su complicidad “hoy se encuentran mexicanos por todas partes del país, principalmente en Medellín, dirigiendo negocios del cartel de Sinaloa” afirmó el periodista en la antes citada entrevista.
En sus distintas declaraciones, sobre el seguimiento a las prácticas delictivas del señor de las sombras a lo largo de su ya larga carrera política, el periodista Julián Martínez afirma enfáticamente que “la vida pública de Uribe ha estado rodeada de narcotráfico por todas partes”. El General de la policía, Mauricio Santoyo, quien fuera su jefe de seguridad entre 2002 y 2005, fue extraditado a los EE.UU. y condenado a 13 años de cárcel y al pago de una multa de US4125.000 por dar apoyo material y recursos a grupos paramilitares y tener negocios con narcotraficantes; igual suerte corrió el general Flavio Buitrago, también jefe de seguridad durante el gobierno del expresidente entre 2002 y 2019 por lavado de activos y nexos con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias El Papero.
A partir del proceso de las elecciones presidenciales de 2018, el complejo aparato criminal del exsenador Uribe fue puesto en funcionamiento de manera sincronizada; esta vez se articularon operaciones de las mafias del narcotráfico, los clanes políticos de la corrupción, la registraduría nacional y los gremios económicos para llevar a la presidencia al mas inepto de los candidatos, para que, por su intermedio, él pudiera retornar a la presidencia y gobernar el país por tercera vez. Los clanes de las familias Char y Gerlein, según declaraciones de la exsenadora Aida Merlano del bando de los Gerlein, organizaron una colecta millonaria para comprarle votos a Duque en los departamentos de Atlántico, Magdalena y Bolívar.
El Ñeñe Hernández, reconocido narcotraficante, lavador de activos del cartel de Marcos Figueroa y el exgobernador Kiko Gómez, condenado por homicidio, que exportaban cocaína a los EE.UU. y habían montado una red de sicariato para eliminar contradictores políticos, amigo de infancia del subpresidente y de la principal asistente del jefe supremo alias La Caya, en contubernio con el clan de los Gnecco del departamento del Cesar, organizaron millonarias colectas para comprarle votos al candidato Duque en los departamentos del cesar, Magdalena, La Guajira, Santander y parte de Antioquia y, la Registraduría que sigilosamente guarda el secreto del software electoral, presuntamente orquestó el fraude que llevó a la presidencia del país al títere a través del cual Uribe instalaría su narco-gobierno claramente ilegítimo.
Forma parte de este entramado mafioso el clan de los Aguilar que a base de corrupción lograron el control político del departamento de Santander del Sur. En reciente artículo publicado en La Nueva Prensa , El Representante a la Cámara German Navas Talero y Pablo Ceballos Navas, reseñan que el papá Hugo Aguilar, exoficial de la policía, famoso por haber dado de baja a Pablo Escobar, se hizo elegir gobernador en asocio con los paramilitares, fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por corrupción, condenado por parapolítica y se encuentra en la cárcel, Richard Alfonso Aguilar, su hijo, le heredó la gobernación, también destituido por corrupción, se hizo elegir Senador y la Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión por delitos de corrupción y asociación para delinquir en el ejercicio de la gobernación. Para rematar, su hermano Mauricio Aguilar también gobernador heredero, como cosa rara, también fue destituido por corrupción, puesto preso y llamado a juicio por la Corte. Igualmente destacan que, en el caso del Clan de los García en la Costa Atlántica, que también forma parte de la bandola uribista, el padre y la madre pagaron cárcel por asesinos y corruptos, sin embargo, sus hijos y sobrinos gozan de curul en el Congreso.
Para rematar, en la entrevista a Gonzalo Guillén de Ariel Ávila, publicada en la plataforma El Matarife, denuncian que, por decisión de Uribe, el Senador Juan Diego Gómez fue elegido presidente de esa corporación, a pesar de que su padre está procesado penalmente por acaparamiento de tierras y, la ex reina de belleza del Meta y Representante por ese departamento, Jennifer Arias, fue elegida a la presidencia de la Cámara. Su padre, Luis Eduardo Arias Castellanos, fue condenado por homicidio y se encuentra preso y su hermano paga condena en los Estados Unidos por narcotráfico. Ella, que oficiaba de lobista de Aerolíneas del Llano y fue coordinadora de la campaña de Uribe-Duque, la conectó con pilotos del cartel de Sinaloa, que transportaron a al supremo jefe, a Duque y demás miembros del staff de la candidatura presidencial por todo el país, que dejaron pendiente una supuesta deuda de mil millones de pesos con dichos pilotos. El Centro Democrático, para tirarle un salvavidas a dicha empresa, en quiebra por causa de la pandemia, hizo aprobar una ley llamada de “vuelos humanitarios” para trasportar, supuestamente, cargamentos de víveres, medicamentos, etc. a zonas remotas. ¡Oh sorpresa! Los dos pilotos de la campaña entraron en desgracia, uno murió en accidente de su avioneta cargada de Coca, en Guatemala y el otro cayó con su avioneta cargada con cerca de media tonelada del mismo polvo en la Isla de Providencia; el propietario de la aeronave resultó ser el esposo de la chistosa actriz Alejandra Azcárate. La pregunta que nos hacemos es ¿Cuántas toneladas de coca, al amparo de los “vuelos humanitarios” habrán transportado, antes de caer en desgracia?
Todo indica que el tráfico aéreo de grandes cargamentos de cocaína se ha convertido en el principal sistema de transporte de la droga. Según denuncian Guillén y Julián Martínez, los cargamentos salen de los aeropuertos de Guaymaral en Bogotá y Olaya Herrera de Medellín, “el vaticano del narcotráfico”, con el beneplácito de la Aeronáutica Civil, cuyo recién nombrado director tiene un pasado de presuntos vínculos con el narcotráfico, maneja y domina esta entidad “como en los tiempos en que Uribe era director de la Aerocivil”
Es sabido que en la hacienda de un miembro de la rancia familia Sanclemente, exembajador en Uruguay, en las goteras de Bogotá, fue descubierto un laboratorio que producía toneladas de Coca, que el tío del nuevo embajador en Washington paga cadena perpetua en una prisión de los EE. UU. por narcotráfico, que los aviones de la policía y el ejército estaban al servicio del Ñeñe Hernández, que la Vicepresidenta y Canciller Martha Lucía Ramírez y su esposo tienen negocios con el narcotraficante y paramilitar Memo Fantasma, recientemente capturado y, además tiene un hermano narcotraficante, que los implicados en el escándalo de Odebrecht han sido declarados libres de todo cargo por la fiscalía que forma parte consustancial de la corrupción, que los implicados en los escándalos de Reficar, el cartel de la hemofilia, los robos de los dineros de la alimentación de los escolares continúan en absoluta impunidad.
Este es apenas un esbozo del sombrío panorama que rodea al gran jefe del aparato criminal que se ha apoderado de eso que los expertos llaman “Institucionalidad democrática” en Colombia. Ha instaurado un gobierno de las mafias y los poderosos clanes familiares que controlan el poder regional por medio de fuertes redes de corrupción y se lo heredan entre padres, hermanos, hijos, tíos, nietos, etc. Una poderosa y compleja maquinaria que ha puesto a su servicio todas las ramas del poder público, incluidos los organismos de control, para garantizar la impunidad de los delitos y crímenes cometidos. Tiene toda la razón Gonzalo Guillén cuando afirma que “Uribe es lo peor que le ha podido pasar al país”, todos sus crímenes continúan en la impunidad.
Algún día el pueblo colombiano hará merecidos honores y reconocimientos a estos tres meritorios periodistas investigadores que con valor civil han denunciado los crímenes y la corrupción que rodea al expresidente que durante décadas ha desangrado al país, envilecido la justicia y condenado a la pobreza, el hambre y la miseria a la mayoría de colombianos y colombianas, sin esperar nada distinto a que se haga justicia.
Bogotá, 12/08/21
*Miembro de la Red Socialista de Colombia