La enfermiza obsesión de Iván Duque y del Uribismo por rescatar a Uribe de las “garras de la justicia que lo tiene secuestrado”, los ha llevado a diseñar una estrategia demencial para darle vida a lo que denominan Estado de Opinión, que a corto plazo tendrá sumido el país en un mar de sangre, debido al recrudecimiento de las acciones de los grupos paramilitares y escuadrones de la muerte que se identifican con la ideología uribista.

Este incremento de la violencia fue previsto por una de las más enconadas defensoras de Uribe, que desde su trinchera de periodista fustiga a rabiar a los magistrados de la corte y debate sin conocimientos jurídicos las pruebas que los abogados de Uribe le filtran a su amaño, predicando la inocencia del reo con la misma efusividad con que les grita improperios a sus colegas para ganar audiencia.

Si bien es cierto, su vaticinio encerraba el deseo oculto de que fueran las masas populares las que generaran esta violencia al salir a las calles a reclamar  libertad para el “símbolo de la nación”, cosa que no ocurrió ni va a suceder, pues la mayoría de los colombianos apoyan la decisión de la Corte, estaba previsto que los grupos de extrema derecha tomarían aliento e incrementarían sus actividades genocidas contra la oposición en todo el territorio nacional, como en efecto está sucediendo, especialmente contra los jóvenes a quienes Uribe calificó como “juventud Farc”.

Para que se instale un Estado de Opinión, Uribe requiere que reine el caos y que la sociedad pierda toda la confianza en las decisiones de la administración de justicia.

En esta dirección podemos advertir claramente una estrategia que está soportada en tres pilares:

Primero: Desprestigiar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, haciendo uso de la consabida combinación de mentiras y verdades y utilizando para ello a los medios de comunicación, así como a los periodistas y columnistas afines al uribismo. En este sentido es previsible que agentes y organismos del Estado estén llevando a cabo acciones de espionaje y seguimiento a los magistrados de la Corte con el fin de exponer aspectos de sus vidas privadas y generar escándalos que los pongan en la picota pública.

Segundo: Proponer una reforma urgente a la justicia, con el argumento de que es ineficiente e ineficaz y esta permeada por la corrupción y la politiquería, lo cual es cierto, sin embargo, lo que realmente buscan, no es solucionar estos graves problemas sino acabar con la Corte Suprema de Justicia y dejar el proceso de Uribe en un limbo jurídico.

Nadie puede negar que el famoso Cartel de la Toga, puso en entredicho, por primera vez en la historia del país, la honorabilidad de los magistrados de las altas Cortes, pero debemos recordar que algunos de estos magistrados fueron corrompidos por el Uribismo, tal el caso del magistrado Gustavo Malo quien engavetó las investigaciones contra Álvaro Uribe.

De otra parte, el país debe tener claro que los actuales magistrados están recientemente nombrados y que tienen una larga trayectoria académica y profesional, pero sobre toda una hoja de vida limpia de toda mancha y un conocimiento a fondo del derecho penal.

Constituir en reemplazo de la administración de justicia el denominado Estado de Opinión, que es un modelo hipotético y antidemocrático, basado en una supuesta consulta permanente del gobernante a la opinión de la sociedad, es darle vida a una especie de plutocracia tropical representada por los grupos sociales y económicos más poderosos.

El Estado de Opinión es en realidad un modelo dictatorial inspirado en meta valores como el espíritu y la voluntad de la nación (defendidos en su momento por el nacional socialismo) y otros de cuño fascista como el patriotismo, el heroísmo, la idolatría al gobernante y los sujetos que encarnan el poder, considerados símbolos intocables y por lo tanto ajenos a la aplicación de la ley.

Este Estado de Opinión conformaría un Tribunal de Honor (así lo llama Uribe) que en reemplazo de los jueces naturales decidiría sobre la culpabilidad o inocencia de Uribe y en delante de todos los uribistas contra quienes se adelantan investigaciones por diferentes delitos.

El Estado de Opinión tendría entonces un doble propósito, lograr la libertad de Uribe y destruir el Estado social de Derecho.

Para que este delirio antidemocrático se pueda hacer realidad, el uribismo ha puesto en marcha la aplanadora que le garantice apoderarse de los órganos de control (Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Contraloría, Fiscalía y Superintendencias), como en efecto lo ha hecho y contar con mayorías calificadas en la Congreso de la República, mediante la ayuda de otros partidos a los cuales les ha entregado buena parte de la torta burocrática.

La destrucción de la institucionalidad para imponer el Estado de Opinión cuenta con el apoyo de algunos gremios económicos, que consideran la detención de Uribe como una amenaza en la medida que abre el camino a la izquierda para la toma del poder en 2022. Estos dirigentes gremiales prefieren el infierno mismo a un gobierno de izquierda, así sea dentro de las reglas de la democracia.

Tampoco les importa que los grupos genocidas arrecien los crimines contra las comunidades, los líderes y militantes que se oponen al uribismo.  Prefieren este baño purificador de sangre a una alterativa en el poder. Saben que con Uribe en libertad seguirán gozando de sus privilegios, sin ningún tipo de sobresaltos y que el país logrará la calma con el paso del tiempo. No advierten que al abrir las puertas averno las llamas pueden alcanzarlos.

Mientras debatimos las frases pendencieras, altisonantes y desafiantes de Álvaro Uribe en contra de los magistrados de la Corte y nos indignamos por el uso que hace, a su antojo, de los medios de comunicación y rechazamos el servilismo de periodistas convertidos en propagandistas rabiosos del uribismo, Iván Duque, el hombre menos capacitado que ha tenido este país para asumir la presidencia, concentra en sus manos todo el poder del Estado y juega como niño precoz a instalar el Estado de Opinión que le pusieron de tarea.  

Rudolf Rammel escribió: “El poder mata. El poder absoluto mata absolutamente”. Si ese poder absoluto lo ejerce una persona como Iván Duque, que sabemos es frágil de carácter, servil con su mentor político, frívolo hasta el asco, tontarrón, corto de entendimiento y excesivamente voluntarioso, el poder se convierte en un arma de destrucción masiva que lo puede matar a él mismo.