El concepto de justicia de los colombianos está polarizado y politizado y por ende no existe hoy un verdadero consenso nacional sobre lo “fundamental”, como lo llamaba el dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado y que no es más que definir y unificar el concepto social de lo que es, o debe ser, la justicia para todos. En Colombia, últimamente, nos hemos acostumbrado a mirar a la justicia dependiendo del color del cristal con el que se mire. O del grado de filiación, amistad, aceptación o viceversa, que tengamos con un sindicado.
La justicia, en teoría, debería reglamentar la sana convivencia entre los hombres y entre ellos y las instituciones, así como su relación con la naturaleza. Debería ser la principal herramienta de toda democracia para la garantía del ejercicio de los derechos de todos por igual, ricos, pobres, niños, indígenas, afroamericanos, animales y demás. Es la garante de que en una sociedad no haya opresores ni oprimidos. Es en ella que se basa “el contrato social”, al cual se refirieron Jean-Jacques Rousseau y Tomas Hobbes, “en alusión al Contrato Social, como un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo social por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado, en relación a los derechos y deberes de sus ciudadanos. Se parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de unas leyes a las que se someten[1].”
La Constitución del 1991 dio los primeros pasos para el cambio institucional y permitir el acceso a la justicia al ciudadano común y corriente, al ciudadano de a pie, que por primera vez vio en la acción de tutela la solución a sus problemas más apremiantes como los del acceso a derechos fundamentales como a la salud y a la educación.
Pero a pesar de haber obtenido un gran logro con la acción de tutela, la justicia en Colombia no ha evolucionado; por el contrario, se ha anquilosado, y aun cuando los ciudadanos se han apropiado de dicha Acción Constitucional para reclamar derechos fundamentales que antes de la Constitución del 91 eran imposibles de reclamar, aún los ciudadanos del “común” piensan que la justicia solo es para “los de ruana” como dicen en el interior o “para los más pendejos”, como decimos en la Costa Norte Colombiana.
Sin embargo, se ha evidenciado que la mayoría de la población colombiana no cree en las instituciones que imparten justicia, tal como ha quedado en evidencia en diferentes encuestas de percepción ciudadana sobre el concepto favorable o desfavorable que tiene la población sobre el Sistema de Justicia y el Congreso de la República, como la realizada por la - Corporación Excelencia en la Justicia - CEJ - el 4 de mayo de 2020 -, en donde el nivel de confianza de la ciudadanía en su Sistema de justicia viene disminuyendo vertiginosamente año tras año desde el 2004, cuando alcanzó un nivel de 44% hasta bajar en el 2018 al 30%. Así mismo la confianza del ciudadano en el Congreso disminuyó de 37% en el 2004 a un 24% en el 2018.
En el 2016, el Departamento Nacional de Planeación -DNP- en conjunto con el Departamento Nacional de Estadísticas -DANE- por primera vez incluyeron en el Censo poblacional un capitulo inédito que mide la efectividad de la justicia y llegó a la conclusión que de 3.4 millones de personas que llevaron sus casos ante la justicia, el 60% de ellos afirmó que su problema no se resolvió, es decir casi 2 millones de personas continuaban esperando que la justicia actuara ante sus reclamos. Lo anterior se hizo con el fin de cumplir una de las exigencias más importantes para que Colombia pudiera entrar en el exclusivo club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde): “cerrar las brechas sociales y regionales y garantizar justicia eficiente para todos.”[2]
En otras encuestas como la de la firma Edelman, del 7/3/2020 que toma como referencia las respuestas de 34.000 personas en 28 países: se revela, que el 75% de los encuestados considera que Colombia vive una profunda crisis de confianza en sus instituciones y que esa confianza se deterioró en el último año al caer 4 puntos porcentuales frente a la medición anterior. Así mismo, los colombianos piensan que el sistema les ha fallado (64 por ciento) y consideran necesario recuperar el sentido de justicia (82 por ciento). Definitivamente un país que no cree en sus instituciones que imparte justicia es inviable.
Nuestra principal decepción, lo digo como estudiante de la Universidad de la Sabana en ese momento, promotor de la “Séptima Papeleta” por medio de la cual se impulsó la convocatoria a la constituyente de 1991, fue que, entre los propósitos de dicha reforma constitucional, estaba el de reformar el ya anquilosado Sistema de Justicia colombiano, lo que quedó a medias, ya que se creó un sistema de pesos y contrapesos, sin cambiar las amañadas formas de selección de jueces, magistrados de las altas cortes y directores de los principales órganos de control como la Fiscalía General de la Nación y el Procurador General de la Nación, quienes hoy se ven obligados a buscar votos y vender su conciencia a quienes deben elegirlos y/o nombrarlos.
Nuestra frustración, como lo venimos evidenciando desde el periodo de Gobierno de Cesar Gaviria Trujillo (1990-1994), es que, en Colombia, ha sido imposible una reforma profunda a la justicia , debido a que es un país en donde la corrupción campea y ha permeado a todas las instituciones del Estado, incendiada con el dinero caliente de las mafias del narcotráfico que compra fiscales, jueces, magistrados, ministros, supraministros y últimamente, hasta al Director Anti-corrupción de la Fiscalía General de la Nación. Peor aún, en donde hay corruptos congresistas que hacen las leyes, incrementando la incredulidad de la gente en la justicia.
Ha sido imposible lograr una reforma, debido principalmente, a que no tenemos un consenso unificado sobre el concepto de justicia. Teniendo en cuenta, claro está, lo dicho anteriormente, que quien debe reformar la norma, es parte del problema. Es decir, hoy lo que tenemos es una mano de delincuentes haciendo leyes para delincuentes.
Tal como ocurrió, en la que fuera la última oportunidad de reformar la justicia que tuvo el Congreso de la República, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, en el 2012, quien al final la terminó objetando por inconstitucional debido al estruendoso escándalo de micos y orangutanes que se le colgaron el mismo día de su aprobación en el Congreso.
Aunque la Constitución Política de Colombia de 1991 fue “todo un éxito”, según muchos expertos juristas nacionales e internacionales, porque logró unir en medio de nuestras diferencias, a una gran cantidad de personas representantes de la diversidad del pensamiento político, económico, jurídico y social del país, arrojando como conclusión utópica e inalcanzable, que somos un Estado Social de Derecho, lo que se aleja de la realidad en este remedo de Estado que somos hoy.
Y expreso lo anterior invitando al lector a que hagamos un recorrido por el significado de lo que es el Derecho o la Justicia, si se quiere.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), nos da como significado de la palabra “derecho” cuatro definiciones que son: 1) “Recto, igual, seguido. Sin torcerse a un lado ni a otro”. En segundo lugar lo concibe como: “justo, legitimo”. En su tercera acepción lo define como: “fundado, cierto, razonable” y por último: “directo, que va sin detenerse en puntos intermedios”.
De estas definiciones resalto “lo justo” y que “no admite puntos intermedios”. O es o no lo es.
Por otro lado, en cuanto al concepto de justicia, la define la RAE, entre otras, así: “Derecho, Razón, Equidad. Aquello que debe hacerse según derecho o razón. Pena o castigo público”. Resaltando que son sinónimos las palabras justicia y derecho. Es decir que la justicia está fundada en el derecho y el derecho a su vez nos indica lo que es justo y legítimo.
Como ya se dijo, históricamente se ha entendido que la justicia nació por la necesidad de mantener la armonía entre los miembros de una sociedad, para lo cual adoptaron un conjunto de reglas, pautas y criterios por medio de los que establecieron un marco normativo adecuado para que se dieran de la mejor forma posible las relaciones entre las personas y las instituciones; autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de todos sus miembros.
Culturalmente la justicia es un concepto basado en un consenso amplio que los individuos de una sociedad tienen sobre lo bueno y lo malo. El eterno conflicto entre el bien y el mal, el mismo al que llamara la escritora canadiense Elena G de White, “El conflicto de los siglos”. Se supone que en toda sociedad humana, la mayoría de sus miembros tienen una concepción de lo justo y se considera una virtud social el actuar de acuerdo con esa concepción.
En nuestra legislación está claro que “el desconocimiento de la ley no justifica su no observancia”, por lo tanto todos y cada uno de los colombianos estamos llamados a observarla y acatarla.
Pero ese acuerdo sobre el Estado que queremos, especialmente en el tema de la justicia, columna vertebral de toda democracia, parece que en Colombia no ha quedado del todo pactado.
No es posible que cuando miembros de la justicia anuncian aperturas de investigaciones, ordenes de capturas y condenas, sobre algunos personajes de la vida pública nacional, la gente salga a apoyar al presunto culpable y no a respaldar a las instituciones que están para impartirla.
Es decir, hoy no respaldamos a las instituciones de justicia que estuvimos de acuerdo se crearan cuando realizamos “el pacto social” en la Constitución Política Colombiana del 91. Hoy, al parecer y de acuerdo con los últimos hechos referentes a la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, vale más ponerla en tela de juicio antes que darle la razón por su recta actuación.
Y en ese caso precisamente, al parecer nadie ha querido ver más allá, pues al ordenar su detención en casa por cárcel, la Corte Suprema consideró que el expresidente a quien juzga por “manipulación de testigos” es un peligro suelto, porque puede, como ya se está demostrando, “manipular testigos”, entre otras cosas que puede manipular, aun estando preso desde su casa, entre ellos, medios de comunicación que hagan bulla a su favor y desvirtúen el papel de la Corte. Todo esto medido milimétricamente, “manipulando” y buscando mover ante todo al país político que respaldó al expresidente en la elección del hoy Presidente Duque y presionar así a la alta Corte a tomar una decisión a su favor. El mismo presidente Duque en un acto nunca antes visto, sin tener en cuenta la separación de poderes existente en Colombia, salió a criticar a la Corte pidiéndole que actúe en derecho y que le ofrezca todas las garantías para su defensa al expresidente Uribe. Semejante insulto para la corte.
Algo parecido pasó cuando la Fiscalía General de la Nación emitió orden de captura contra el Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quedando dividida gran parte de la opinión de la sociedad colombiana principalmente en las Redes Sociales, en donde pudimos constatar que dependiendo de la cercanía o lejanía que tuviera el personaje juzgado, con diferentes grupos sociales, depende también el criterio de justicia que estos creen, se debe aplicar, tanto a favor, como en contra.
Así lo vimos en multitudinarios avisos en los medios de comunicación y redes sociales de apoyo al Gobernador de parte de toda la sociedad antioqueña, representada en sus empresarios, políticos, dirigentes gremiales y hasta comunitarios que palabras más o menos decían que era injusta la detención del Gobernador, porque al parecer “no había hecho nada”.
También ocurrió en Santa Marta, cuando el exalcalde Carlos Caicedo, fue llamado a indagatoria por la Fiscalía en el proceso por posible malversación de fondos y en donde las protestas de un lado, culpaban al alcalde de prevaricato por acción al haber destruido los puestos de salud en detrimento de la salud y de los recursos de los samarios y sus defensores hacían lo contrario criticando el sistema de justicia de corrupto y de vendido a las viejas clases políticas de la ciudad. Estrategia muy bien planeada por el enjuiciado, ya que logró “politizar” el tema y hacerse la víctima de una “supuesta” persecución injusta en su contra. Aun cuando queda claro que debemos esperar a que una dilatada justicia opere en este caso interminable para conocer “la verdad”. Lo que todos sabemos es que su abogado Iván Cancino es experto en dilatar.
En este ir y venir de cosas, aparecen en el espectro las “implacables redes sociales” convertidas en jueces que condenan o aplauden a unos y a otros, siempre tratando de imponer una verdad que va más allá al deber ser que es el fin último de la justicia.
Y entonces no importan las pruebas que se tengan, son criticadas cuando no favorece a los intereses de nuestro defendido, aun cuando sean evidentes las faltas a la justicia, cometidas.
En fin, si no llegamos a un consenso como sociedad en cuanto a unificar el concepto de justicia, seguiremos dando tumbos y condenando a los de ruana porque esos no tienen seguidores en las redes sociales y alabando a los corruptos a quienes según la sociedad son perseguidos por la justicia por su color político o porque “siempre han hecho el bien y ahora los quieren callar”.
Así las cosas, si no confiamos en la justicia por corrupta y amañada a intereses políticos, si no la fortalecemos nosotros mismos con nuestras denuncias y nuestra veeduría, si no la fortalece el Estado dotándola de instrumentos que le permitan perseguir y enjuiciar a los culpables de los delitos y encerrar a los delincuentes. Si no hacemos las reformas necesarias que permitan el acceso a la justicia a todos por igual y que esta no tenga prebendas con nadie, “porque el que la hace la paga”, no vamos a poder superar este estado de cosas que no nos ha permitido avanzar como una verdadera democracia. Como un verdadero Estado Social de Derecho
No se trata de reformar nuestras instituciones democráticas de justicia, ellas no son las que delinquen, lo hacen los funcionarios que llegan a ellas correspondiendo en la mayoría de los casos a intereses propios o de quienes los nombran. Yo te elijo, tú me eliges, yo te tapo, tú me tapas. No son las instituciones las que pierden credibilidad, son sus jueces, magistrados y congresistas involucrados en eventos de corrupción los que la pierden.
Dejemos actuar la justicia. A esos nos comprometimos cuando aprobamos “nuestro contrato social”, la Constitución Política de Colombia de 1991. Si a alguien están investigando, si a alguien están capturando o a alguien están condenando, por algo será. Dejemos que ese alguien se defienda ante los estrados judiciales como debe ser y que sean los jueces de la república, quienes dicten sentencia absolutoria o condenatoria ofreciendo al enjuiciado todas las garantías procesales para ejercer su defensa. La sociedad en general y las redes sociales en particular, debemos ser vigilantes y esperar por ese veredicto. Y acatarlo cuando sea contrario a nuestros intereses o a los de nuestros allegados. No podemos continuar con este concepto de justicia undívaga, que como las olas del mar, viene y va.
[1] https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_social
[2] Censo Poblacional DANE-2016.