¿Divina Providencia?

14 Septiembre, 2021

Por AMPARO PONTÓN

La soberbia del poder, la falta de humildad de los determinadores frente a la sabiduría ancestral de la comunidad raizal de las islas de Providencia y Santa Catalina y la ausencia de criterio en la formulación de las prioridades de la reconstrucción han sido los factores que han llevado a que el territorio insular de Colombia, arrasado hace ya 300 días por el huracán IOTA, enfrente una realidad que combina sobrepoblación, militarización, pérdida de valores culturales y vulneración de derechos en cuestión de educación y salud, sin que estos sacrificios sean la consecuencia de una verdadera reparación.

Que más soberbio que afirmar, sin haberle dado espacio a la reflexión, que la reconstrucción se daría en 100 días. El presidente Duque, tan sólo horas después del paso del ciclón y sin siquiera sonrojarse, le garantizó a una comunidad terriblemente afectada que su gobierno se volcaría sobre ellos y que de los escombros surgirían mejor de lo que estaban. Qué más soberbio que, salir a decir, 10 meses después, que nunca dijo lo que dijo y que lo que dijo era que en 100 días levantaría los escombros que en su seno guardaban pedazos de casas, posadas nativas, restaurantes, botes pesqueros, palmas de coco, árboles frutales, historia y tradición, además de los sueños de un pueblo producto de una trilogía mágica, ajena e invisible a los ojos del país.

Pero la soberbia no se quedó en las palabras. Ignorando leyes, como ahora es costumbre en Colombia, Duque pasó por encima de la 1523, la ley que en 2012 creó el Sistema Nacional de Riesgo, un escrito casi perfecto y copiado por otros países y recurriendo a una de sus más usadas estrategias, nombró a Susana Corres, su amiga, compañera de conglomerado político (centro democrático) y escudera en el DPS, como gerente de la reconstrucción, un puesto que no existe y que al crearlo invisibilizó la autoridad departamental y local y disminuyó la de la UNGRD.

Las primeras acciones de la gerencia, con el coro de la disminuida UNGRD fue monopolizar todas las acciones humanitarias, como si el pueblo raizal hubiese nacido el día que ellos llegaron y, en consecuencia, no fuese capaz de decidir sobre su futuro. La falta de humildad ante la existencia de una comunidad ancestral, llena de sabiduría y con una larga tradición en el manejo del viento, en particular, y de los elementos en general, porque en las islas la naturaleza manda y así lo demostró el IOTA, hizo que ignoraran las voces que desde todos los rincones de la insularidad les dijeron que así no era. El monopolio evitó que llegara la ayuda solidaria, no solo de la red de querientes del territorio, sino de la diáspora raizal. La continentalidad siempre creyó que los isleños eran los pobladores, pero se les olvidó que para el raizal el mundo es ancho y ajeno y que dentro de su ADN está el poder de transitar los mares y que cientos de ellos se han quedado en otras latitudes sin que ello represente la renuncia a su origen.

Con la gerencia llegó el sequito consabido de contratistas, en su mayoría con el espejito espejito en sus bolsillos y con la decisión de imponer su plan de reconstrucción. Ignoraron por completo los oficios y las certezas, por ejemplo, nunca creyeron en la mano de obra no formalizada pero experta de los isleños, les pareció un argumento exótico que se construyera de acuerdo al cucurucho del coconut tree, que es el que determina en donde va el fire place de las casas, conceptuaron que los cisternas de agua lluvia y los pozos sépticos de tres exclusas eran innecesarios, les pareció fuera de lugar que las casas de madera crecieran a lo ancho, mientras que las de material siguieran para arriba, en fin, ignoraron el diario vivir de 18 kilómetros cuadrados poblados por tan solo 6 mil personas que habían luchado a sangre y fuego por mantener el territorio, a los ojos del continente, un tanto menos o un tanto más primitivo. Por algo Duque afirmó, el 20 de julio pasado, en su discurso ante los miembros del Congreso, que dejaría un archipiélago moderno.

A la doctora Susana Correa se le sumaron la doctora Sandra Gómez, presidente de Findeter y Raquel Garavito expresidente de Fontur. La primera de ellas con una larga experiencia en el perverso mundo de contratistas y contratos, y la segunda poseedora de una profunda inexperiencia en el manejo de prestadores de servicios turísticos y en la puesta en marcha de la ley 2068 que le entregó al Fondo la capacidad de intervenir infraestructura particular en aras de reparar a los servidores de las islas.

Findeter, precisamente por su experiencia, dejó atrás las prioridades de la comunidad y se acogió a los suyos propios. Lo que le conviene al negocio, porque la reconstrucción es un negocio. Y la segunda, ineficazmente empezó a reconstruir al revés, es decir a los de menor afectación primero, dejando a los de muy alta para el final.

La falta de criterio en las prioridades hizo que Providencia y Santa Catalina se quedaran sin hospital; después de 300 días médicos, enfermeras, asistentes sociales, odontólogos y voluntarios siguen atendiendo en tiendas de campaña: los estudiantes que antes contaban con 37 aulas, hoy se aglomeran en 12 salones construidos de manera temporal, a pesar de que el Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón a viva voz advirtiera que ninguna estructura tendría carácter de temporal porque eso sería un acto de detrimento patrimonial. De albergues y refugios ni que decir, no hay uno sólo, ni siquiera se distinguieron el uno del otro; el SENA, también y aún en carpas se inauguró con corte cinta e interpretación del himno nacional a pulmón herido.

La falta de criterio y la necesidad de aprovechar la situación también sedujo a las fuerzas armadas de Colombia, que entre otras cosas aumentó en más de un mil por ciento su presencia permitiendo calificar esta acción como la militarización del territorio. La naval, particularmente, en vez de construir su muy sofisticado puente, entre Providencia y Santa Catalina, para así ayudar con la movilidad entre las dos islas, decidió ponerlo en el mismo lugar en donde estaba el muelle de la cooperativa de pescadores y por allí aprovechó a iniciar las labores de construcción de un puesto naval que en el 2015 fue rechazado por la comunidad mediante consulta previa. Los avances generaron el rechazo del pueblo expresado en el Campo por la Dignidad y en la creación de la guardia raizal, dos expresiones consolidadas.

Hoy Providencia y Santa Catalina cuentan con más de 2 mil personas extras que han opacado el diario vivir de los isleños, que han impuesto sus costumbres, que han ignorado el día a día insular, que han pusieron el narcocorrido por encima del calipso y el reggea, que se ríen del creole porque no lo entienden, que no comparten las costumbres ya olvidadas en el continente, como lo es saludar 17 veces a la misma persona, no matter what.

¿De pronto hay que olvidar la Vieja Providencia y acostumbrarse a la Nueva? ¿Será que queda algo de la antigua Divina Providencia? Yo pregunto.