Jorge Enrique Pizano sentía que lo iban a matar, lo mismo que a su familia. Se lo hizo saber de manera angustiada al fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez, quien no le dio protección.
“De manera extremadamente urgente”, Pizano le pidió a Martínez Neira que “sea su despacho quien ordene directamente medidas de seguridad física para mí y mi familia”. Basó su pedido en el peligro que se derivaba de “la información revelada por los medios de comunicación sobre mis advertencias e informes detallados de las irregularidades de Odebrecht en la Ruta del Sol II” .
Martínez Naira ignoró el pedido y no contestó la carta de Pizano, quien era el auditor de Corficolombiana, del Grupo Aval.
En total, envió diez cartas (todas ellas en poder de La Nueva Prensa) a las más altas autoridades de Colombia avisando sobre el peligro que corría su vida y la de su familia por haber descubierto multimillonarios delitos, cometidos por funcionarios de esa firma, en combinación con su socio brasileño Odebrecht.
La carta más desesperada de Pizano la recibió Martínez Neira siendo Fiscal General de la Nación tras haber ejercido como abogado de Corficolombiana, del Grupo Aval y de su dueño, Luis Carlos Sarmiento Angulo.
Martínez Neira también había tomado parte en los delitos que luego conoció como Fiscal General de la Nación.
En la carta a Martínez Neira, Pizano advierte: “En caso de no tener acceso a esta protección solicitada desafortunadamente no podré asistir a las diligencias como testigo que me indique la Fiscalía No. 80 (sic)”.
Jorge Enrique Pizano murió envenenado con cianuro el 8 de noviembre de 2018 y tres días más tarde también murió su hijo, Alejandro.
El caso penal por la muerte de Pizano padre fue archivado a marchas forzadas por la Fiscalía General de la Nación, organismo que el 5 de mayo próximo pedirá la preclusión en el caso por la muerte del hijo con el argumento de que no existe ni la más mínima evidencia de que los Pizano temieran por sus vidas o de que se sintieran inseguros.
El fiscal encargado de esa gestión es Carlos Mauricio Escobar, Primero de la Unidad Especial de Investigaciones, posición que jurídicamente carece de competencia para esa diligencia.
El abogado de la familia Pizano, Miguen Ángel del Río, dijo a La Nueva Prensa que pedirá el desarchivo del expediente por la muerte de Pizano padre e impedirá que sea precluido el de Pizano hijo.
Del Río y otros abogados advirtieron que constituye fraude procesal el argumento de la Fiscalía en el sentido de que no hay pruebas sobre que Pizano padre temiera por su vida.
Las demás cartas de Pizano anunciando que podrían matarlo fueron enviadas oficialmente a Amparo Cerón, entonces Fiscal 80 ante el Tribunal de Bogotá, a la Unidad Nacional de Protección y a otras altas instancias del Estado. Ninguna le contestó ni quiso salvaguardar su vida.
Además de los Pizano, también murió envenenado con cianuro el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Rafael Merchán, testigo clave en el caso de la corrupción Grupo Aval-Odebrecht, hasta hoy impune.
El Instituto de Medicina Legal demostró en su momento y ha mantenido que no hay prueba alguna de que Pizano padre se haya suicidado, como lo planteó desde el comienzo, sin pruebas, Néstor Humberto Martínez.
La Nueva Prensa publicará en breve nuevas revelaciones y evidencias acerca de las irregularidades inéditas cometidas por la Fiscalía General de la Nación en el caso de la corrupción Odebrecht-Grupo Aval.
