Denuncian señales de fraude en próxima adjudicación de contrato por $ 813 mil millones para alimentación de los presos en Colombia

24 Noviembre, 2023
  • Una licitación a punto de adjudicarse devela el entramado en un multimillonario contrato que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC- entregará para la cuestionada alimentación de los cerca de 200 mil presos que hay en Colombia.


Por ALFREDO SERRANO ZABALA

La Fundación Cárceles al Desnudo ha denunciado la existencia de “documentos falsos, “sospechosas y sombrías reuniones, amenazas al acecho y un panorama criminal” en la licitación que pretende contratar el suministro de tres comidas diarias para los cerca de 200 mil presos que hay las cárceles del país.

     La denuncia afirma que existen pruebas sobre irregularidades en la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios -USPEC-, entidad contratante, tales como una unión temporal licitante que ejerce presión a través de altos funcionarios de la misma entidad para quedarse el negocio de la comida para los cerca de 200 mil presos que hay en Colombia.

     Las pruebas demostrarían modificaciones en los pliegos de condiciones para favorecer a determinados contratistas. Los proponentes son 18, la mayor parte de ellos legítimos.

     Se denuncian reuniones entre los encargados de las licitaciones y los contratistas presuntamente amañados para negociar la licitación pública, así como manipulación de documentos que sustentarían calidades falsas. Las directivas de USPEC, aseguran fuentes consultadas, están al tanto de las irregularidades.

     La nueva contratación —dice la denuncia— mantiene las mismas irregularidades que se han cometido siempre en la compra de alimentos para la población carcelaria, lo que ocasiona quejas diarias sobre la sanidad y calidad de los alimentos.

     La corrupción en la compra de alimentos para las cárceles se le conoce como el “cartel de los señores de la sopa” y en el presente gobierno continúa operando como ha sido siempre.

     La Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo es una ONG que vela, entre otros aspectos, por el cuidado de los Derechos Humanos de la población carcelaria colombiana. Esta entidad informó que sus denuncias fueron radicadas en la Fiscalía, la Procuraduría y el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC .

     Cárceles al Desnudo asegura haber recibido quejas de diversos licitantes y contratistas que se sienten en desventaja debido a presuntas presiones ejercidas desde USPEC en la licitación que, dicen, está a punto de adjudicarse, según ellos, “a dedo”.

    Cárceles al Desnudo dijo que elevó un derecho de petición ante las instituciones estatales involucradas y los órganos de control con el objeto de que clarifiquen y garanticen  la transparencia de la licitación.

     La ONG habla de “mensajes raros de una funcionaria de la USPEC, muy influyente en la multimillonaria licitación”. Tal funcionaria realizó una serie de solicitudes irregulares en el sentido de que se le entreguen las pruebas incluidas en las denuncias de la ONG.

     Cárceles al Desnudo le pidió al gobierno del Presidente Gustavo Petro que este proceso licitatorio sea revisado con cuidado, pues se trata de la cuestionada alimentación para las personas privadas de la libertad y de un multimillonario negocio “en el que históricamente esos recursos han sido muy mal manejados, dilapidados y esquilmados”.

     El director de USPEC no ha abierto investigaciones internas mientras el ministerio de Justicia y el INPEC mantienen silencio.  

     La Fundación Cárceles al Desnudo dijo que sus denuncias están acompañadas de documentos “que confirman el lamentable servicio de alimentación que actualmente reciben las personas privadas de la libertad en el país”.

     La ONG agregó que contratistas interesados en participar de manera legítima en la licitación de los alimentos a las personas privadas de la libertad, le pidieron a la Procuraduría General de la Nación velar por sus derechos a la libre competencia”.

     USPEC ha dicho que la licitación se está adelantando bajo el control y la vigilancia que contempla la norma y que ha cumplido con los requisitos y pruebas que garantizan la transparencia.

     “Muy extraño que el gobierno del presidente Gustavo Petro no se pronuncie sobre este caso, que por donde se le mire, reúne elementos muy sugestivos en un sector con tan mala reputación” afirmó la ONG y agregó: ¡”los intereses que se mueven allí son muy grandes, jugosos, delicados y peligrosos”.

     Los negocios de las cárceles han sido descritos como un gueto de los senadores liberales Miguel Ángel Pinto, de Santander y Fabio Raúl Amin Saleme, de Córdoba. Este último fue fórmula para el Congreso de la República de Juan Manuel López, condenado en 2008 por parapolítica.

     El presidente Petro ha mantenido, en la dirección USPEC al abogado Ludwing Joel Valero Sáenz, aliado político del senador Miguel Ángel Pinto.

     La USPEC maneja un presupuesto anual superior a los 1,4 billones de pesos. Valero Sáenz llegó en el gobierno pasado, continúa allí como director encargado y pertenece al clan del congresista Miguel Ángel Pinto.

     Además de la alimentación, USPEC está a cargo de la contratación en las cárceles relacionada la sanidad, la seguridad y el control por medio de vigilancia electrónica, así como de inhibidores de señal de la telefonía celular.

     La denuncia de la ONG advirtió que dineros de la contratación de la comida “irán a parar a la Comisión Primera del Senado, del que hace parte Amín Saleme.

     El actual jefe de la Oficina Jurídica de USPEC, Diego Alejandro Restrepo Ramírez, es hijo de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez.

     Aparte de los malos servicios de alimentación, las cárceles son objeto de constantes escándalos por fuga de presos, corrupción por parte de los directores de penales, tráfico de armas, estupefacientes y teléfonos celulares. Además, los patios de las prisiones son dominados por líderes delincuenciales que están por encima de los guardianes.