Carlos Mattos Barrero —empresario condenado mediante confesión en dos juzgados penales de Bogotá por haber sobornado a dos jueces civiles, además de otros delitos—, montó en la cárcel de Cómbita (Boyacá) un plan impune de acoso sexual bajo amenazas del que fueron víctimas otros reclusos que se comunicaron con La Nueva Prensa.

“[A] los reclusos que no accedían a sus pretensiones sexuales los hacía trasladar el INPEC (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario)”, aseguró un denunciante que remitió un video como prueba, el cual acompaña esta nota.

El manejo que Mattos adquirió sobre los directivos y guardianes de la cárcel de Cómbita se montó sobre una serie de lo que reclusos y algunos guardianes describieron como sobornos permanentes, que el delincuente pagaba por fuera del penal. Al parecer, esos pagos los hacen personas de su familia.

“El INPEC lo maneja a su antojo el señor Mattos incluso el director de ese penal tenía amplio conocimiento de los constreñimientos que sufrían los internos a cambio de dinero”, dice el denunciante principal. Aún así, agrega que el director “nunca dejó que se denunciara para que nadie le obstaculizara el traslado del señor Mattos de Cómbita hacia otro penal”.

En efecto, hace pocos días Carlos Mattos fue trasladado por el INPEC a unas casas fiscales en Barranquilla, en las cuales la corrupción y el esparcimiento carcelario son famosos.

Agrega, textualmente el denunciante: “La guardia de Cómbita nos prohibieron denunciar estos hechos”.

Otras denuncias de guardias de prisiones en Cómbita enviadas a La Nueva Prensa, indicaban que Carlos Mattos poseía múltiples teléfonos ilícitos y mantenía ocupadas las salas de visitas del penal atendiendo a sus amigos, subalternos, parientes, socios y abogados. Esto lo lograban también mediante sobornos.

Carlos Mattos llegó a Cómbita procedente de La Picota, en el sur de Bogotá, en la que desplegó un programa personal de corrupción que le permitía salir a la calle durante días enteros para atender sus asuntos criminales y para ello gozaba de camionetas y personal del INPEC que era su servidumbre.

Mattos está condenado a nueve años de cárcel por el Juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá y a otros siete años por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Bogotá, para un total de 16 años.

El reciente e intempestivo traslado de Mattos a Barranquilla fue determinado por el director nacional del INPEC (general de Policía Tito Yesid Castellanos Tuay), alegando supuestas razones de salud, que no coinciden con el vigor con que exhibía sus actividades delincuenciales y sexuales en Cómbita.

Hoy, Mattos está sometido a dos juicios penales en los que la justicia exige a la Fiscalía General de la Nación que indague cuántas utilidades obtuvo ese criminal al amparo de los sobornos a los dos jueces civiles, por lo que ya está condenado en forma definitiva.

Esta exigencia proviene de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y, pese a ello, los fiscales del caso, Daniel Hernández y Álvaro Betancur, se niegan, inexplicablemente, a establecer las utilidades ilícitas que Mattos esconde, por lo cual ya han sido denunciados por la Procuraduría General de la Nación, lo mismo que el abogado Francisco Bernate, quien fungió como representante de la justicia como víctima en ese caso y ya cobró los honorarios por el trabajo mal hecho, a juicio de la Procuraduría y del Tribunal de Bogotá.

Mattos Barrero, por otra parte, es señalado de haber cometido una masacre, hasta hoy impune, de 11 personas en el municipio de Codazzi, Cesar. Este último caso, investigado por La Nueva Prensa, puede consultarse aquí y aquí.