El periodista investigador Gonzalo Guillén presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exfiscal delegado Mario Andrés Burgos Patiño por presuntas omisiones y actuaciones irregulares durante la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini, asesinado en mayo de 2022 mientras se encontraba en Colombia.
La denuncia sostiene que, aunque la investigación logró condenas contra varios autores materiales e intermediarios, el proceso quedó marcado por fallas estructurales que habrían impedido el esclarecimiento integral del crimen, en particular en lo relacionado con la identificación y judicialización de responsables logísticos y autores intelectuales. Guillén atribuye estas falencias a decisiones y omisiones del fiscal Burgos, quien dirigió el caso desde mayo de 2022 hasta septiembre de 2024.
Según el documento, desde los primeros días de la investigación existían evidencias documentales y testimoniales que señalaban a por lo menos cuatro personas con presunta participación directa en la planeación, financiación y ejecución del asesinato. Informes de Policía Judicial, análisis forenses de teléfonos móviles y declaraciones de sicarios confesos incorporaron estos nombres al expediente entre mayo y junio de 2022. No obstante, ninguna de estas personas fue imputada ni sometida a medidas judiciales durante los más de dos años en que Burgos tuvo el control del proceso.
La denuncia señala que estos elementos permanecieron sin desarrollo investigativo efectivo, pese a su relevancia, y que solo salieron a la luz pública años después a través de investigaciones periodísticas. Para el denunciante, esta inacción resulta incompatible con los deberes constitucionales y legales de un fiscal encargado de un homicidio de alto impacto y con dimensión binacional.
El escrito también recoge graves señalamientos contenidos en una carta pública de Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de prisión, quien acusó al exfiscal Burgos de presionarla para que inculpara falsamente a un expresidente paraguayo a cambio de beneficios judiciales. En esa comunicación, Chacón denunció humillaciones, manipulación de evidencia y la desaparición de material probatorio relevante. A estas acusaciones se suman declaraciones posteriores de Andrés Felipe Pérez Hoyos, condenado como articulador financiero del crimen, quien afirmó conocer a los autores intelectuales y haber ofrecido cooperación sin que su información fuera atendida.
Burgos fue retirado de la investigación en septiembre de 2024, sin que se informaran públicamente razones disciplinarias. Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, tras su salida no se evidencian avances sustanciales en las líneas investigativas abandonadas ni acciones claras para verificar las acusaciones formuladas en su contra.
Guillén sostiene que la falta de actuaciones visibles, la ausencia de investigaciones internas conocidas y la prolongada parálisis en aspectos esenciales del caso han contribuido a una situación de impunidad parcial en uno de los crímenes más graves contra la administración de justicia en la región. Por ello, solicitó la apertura inmediata de una investigación preliminar por los delitos de prevaricato por omisión, abuso de autoridad y fraude procesal, entre otros que puedan surgir del análisis de los hechos.
La denuncia pide además que se asigne un fiscal independiente de otra seccional, que se preserve de forma íntegra el expediente del caso Pecci, que se practiquen diligencias con todos los involucrados mencionados y que se remitan copias a los organismos disciplinarios y a las autoridades paraguayas. El denunciante subraya que sus afirmaciones se basan en información pública y que corresponde a la justicia establecer responsabilidades, pero advierte que la magnitud del caso exige respuestas institucionales claras, oportunas y verificables.
Marcelo Pecci Albertini fue un fiscal paraguayo especializado en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de activos, con amplia trayectoria en investigaciones contra redes criminales transnacionales. Se desempeñaba como fiscal antimafia y era considerado una de las figuras más relevantes del Ministerio Público de Paraguay. Fue asesinado el 10 de mayo de 2022 en Colombia, durante su luna de miel, en un crimen que conmocionó a la región y puso en evidencia la capacidad y alcance de las organizaciones criminales que combatía.
