Cuatro años después de que la Sentencia C-055 de 2022 despenalizara el aborto hasta la semana 24 de gestación en Colombia, el balance muestra avances significativos en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), pero también la persistencia de barreras estructurales que limitan el ejercicio efectivo del derecho, especialmente en los territorios más vulnerables del país.

Más allá de una modificación en el marco penal, el fallo de la Corte Constitucional estableció que las decisiones reproductivas hacen parte del ámbito protegido por los derechos fundamentales y que la autonomía sobre el cuerpo es un componente esencial del ejercicio pleno de la ciudadanía. En ese sentido, el derecho al aborto se consolidó como un pilar de la democracia, entendida no solo como el gobierno de las mayorías o el acto de votar, sino como la garantía efectiva de derechos humanos, en especial para quienes históricamente han sido excluidas.

De acuerdo con datos de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, tras la despenalización aumentó el acceso autónomo al aborto gracias a una mayor disponibilidad de información veraz y oportuna. Desde 2022, la organización ha acompañado 2.532 casos, de los cuales solo el 4 % correspondió a procedimientos posteriores a la semana 24 de gestación, generalmente luego de enfrentar múltiples obstáculos institucionales.

Cifras de Oriéntame refuerzan esta tendencia: más del 99 % de las atenciones de IVE se realizan antes de la semana 22,6 de gestación, tanto antes como después del fallo. Además, el volumen anual de usuarias atendidas se ha mantenido estable, cercano a las 11.000 por año, lo que desmiente los temores de un aumento desproporcionado en la demanda del servicio tras la despenalización.

En departamentos donde el acceso era históricamente limitado, como el Cauca, el impacto ha sido distinto. Un informe del Centro de Derechos Reproductivos, elaborado junto a organizaciones locales, señala que entre 2022 y 2023 los principales hospitales del departamento registraron un aumento del 98,4 % en los procedimientos de IVE, reflejando una transición desde la clandestinidad hacia el sistema de salud, con mayores garantías para la vida y la salud de las mujeres.

Pese a estos avances, el diagnóstico territorial también evidencia barreras persistentes: negación del servicio, dilaciones administrativas, objeción de conciencia indebida, falta de rutas claras de atención, restricciones a la movilidad y control territorial por parte de actores armados. Estas dificultades afectan de manera desproporcionada a mujeres rurales, migrantes, indígenas y niñas, en contextos atravesados por el conflicto armado y sistemas de salud débiles.

Tras la despenalización, La Mesa ha acompañado 34 casos de mujeres indígenas, una cifra que pone en evidencia las limitaciones de acceso y la necesidad de implementar de manera efectiva la Sentencia SU-297 de 2025, que ratifica el carácter fundamental del derecho al aborto y la obligación de garantizarlo con enfoque diferencial y sin discriminación étnica.

En un contexto regional y global marcado por retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, las organizaciones advierten que la calidad democrática se mide también por la capacidad del Estado de garantizar los derechos reconocidos. En ese marco, el Movimiento Causa Justa alertó sobre la reciente aprobación del Proyecto de Acuerdo 340 en el Concejo de Bogotá, al considerar que impone requisitos adicionales que podrían restringir el acceso efectivo a la IVE.

Por esta razón, el movimiento convocó este sábado a un pañuelazo frente a la Corte Constitucional, no solo para conmemorar los cuatro años de la despenalización, sino también para solicitar al alcalde Carlos Fernando Galán que no sancione el proyecto y garantice que la prestación del servicio se mantenga en concordancia con el marco constitucional vigente.

Para las organizaciones, la experiencia de estos cuatro años confirma que la democracia no se agota en el reconocimiento formal de los derechos, sino que exige una implementación efectiva, libre de barreras y de retrocesos, que permita que la autonomía reproductiva sea una condición real de libertad, ciudadanía e igualdad.