El 2020 ha sido un año trágico. El covid-19 azota con varias cepas a la humanidad y mueren por eso miles de personas diariamente. En todas partes: en Bogotá, Tibasosa, Chicago, París, Pitalito y Cafarnaúm. Los gobiernos toman medidas que, siempre, son rechazadas y puestas en cuestión por algún nutrido grupo poblacional del respectivo país. Y la muerte sigue andando.

Esta situación es un poco peor en Colombia, pues aquí no solo mata el virus. Aquí matan gente, y perdonen la expresión, al por mayor y al detal.

Este año se ha desatado una verdadera ofensiva militar contra la población civil. Han sido asesinados 305 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Se han cometido 90 masacres y 249 excombatientes en proceso de reintegración han muerto víctimas de atentados personales.

Ninguna de esas personas estaba armada, ninguna pertenecía a organizaciones insurgentes, ni estaba en capacidad de atacar o defenderse. Era gente común y corriente que trabaja, tiene familia, se gana el sustento y piensa que se puede mejorar el mundo.

Ante semejantes hechos, guardan silencio la Fiscalía, el gobierno y sus mayorías parlamentarias. Ni una palabra de solidaridad con las víctimas, ni una acción que permita dar con el paradero de los criminales. Están preocupados, más bien, de mirar hacia otro lado, haciendo como que esa guerra contra la sociedad no es asunto de ellos.

Pero resulta que sí es problema de todos los poderes públicos, porque garantizar y respetar y hacer respetar la vida de las y los ciudadanos es un deber principal de quienes gobiernan.

Y no pueden alegar que es imposible dar con los delincuentes, porque, tanto los que directamente perpetran los asesinatos, como quienes los dirigen, financian y entrenan ya habían cometido el mismo tipo de delitos y son reconocidos por cualquiera que lea un poco de prensa o vea televisión.  

Todos sabemos quiénes son, dónde acampan y preparan sus asaltos; sabemos quiénes y cómo los amparan desde unidades militares y oficinas Estatales y desde qué hacienda se fabrica el discurso del odio y se justifican el atentado personal y las masacres como modo de gobierno. 

Si todo el mundo sabe, ¿por qué desde las instancias estatales encargadas no se hace nada para detener esta matazón tan macha?

Creo que cabe sospechar que no se hace nada porque en esas instancias hay complicidad con los criminales. Peor aún: no es descabellado pensar que quienes hoy están al frente de esos organismos estatales llegaron a sus cargos en nombre y representación de dichos delincuentes, o que los delincuentes mismos los propusieron y seleccionaron. Llegaron a la Fiscalía, a la Presidencia y al Congreso para promover el crimen y el despojo, y para garantizar la impunidad de los autores intelectuales y materiales de este genocidio.

En este 2020 nos gobernó la muerte. Pero los civiles desarmados no son solo víctimas pasmadas de terror que van al matadero mansamente. Son también gente parada, que dice y hace aunque tenga miedo. Gente que se organiza y crea formas de defensa individual y comunitaria sin acudir al uso de las armas. Gente, en fin, que conoce, reconoce y ama el territorio al que pertenece.

Como escribió en un bello y doloroso texto la periodista Andrea Aldana, refiriéndose a Orangel Galvis y a Juana Perea, líderes sociales del Catatumbo y el Chocó, respectivamente: “Ambos amenazados por los paramilitares de las AGC, ambos les hicieron frente, ambos tuvieron miedo pero no se dejaron intimidar. Orangel es defensor de su territorio, Juana se oponía a la construcción del Puerto de Tribugá. A ella ya la mataron, a él lo intentaron matar. Y ninguno es héroe, solo personas que aprendieron a reconocer la tierra que habitaban”.

Ribete. Se decretó el salario mínimo: $ 908.526.oo. ¿Este gobierno infame pretende también matarnos de hambre? Así es cuando gobierna la muerte.