Hoy en Colombia gobierna un bloque sólido conformado por cuatro fuerzas: los dirigentes más destacados de los partidos de la coalición que apoyan irrestrictamente al presidente Duque; los  clanes político-familiares de las regiones que compran y venden votos a los mencionados dirigentes; los sectores del paramilitarismo y del narcotráfico, convertidos hoy, tanto en el brazo armado ilegal del bloque que gobierna como en el músculo financiero del mismo, y, por último, pero no menos importante, tres grupos económicos en cuyo favor se legisla permanentemente.

No hay que creer en teorías de la conspiración, ni ser mamerto o afín a las guerrillas para ver cómo ese grupo tan disímil se cohesiona porque todos salen ganando con la corrupción que se hace, se promueve y/o se permite desde las altas agencias del Estado.

Durante la campaña electoral, todos ellos ponen, todos ellos aportan. Algunos por encima de la mesa para que los gerentes de campaña, de buena reputación y mejor familia, presenten las cuentas legales; otros aportan por debajo de la mesa, como lo pedía alias “El Ñeñe” en plena vida cuando presumía de su hermandad con el candidato Duque.

Todos ponen y, después, todos recuperan la inversión saqueando el erario púbico a punta de contratos que se asignan para pagar el aporte realizado, aunque los contratistas no tengan merecimiento alguno. No falta el que falsifica títulos, ni los y las que certifican su proeficiencia en el segundo idioma mediante certificación expedida en notaría. Nada les importa. Ya no los detiene ni el escarnio público. Sólo les interesa entrarle al presupuesto nacional, hacer trampa y recibir el respectivo pago –con los correspondientes intereses- por los favores recibidos.

Pero no sólo de corrupción viven quienes hoy gobiernan. También hacen negocios con profesionales del delito, o ellos y ellas mismas se vuelven delincuentes que gozan de la más amplia impunidad.

Cada semana, y a veces cada día, se sabe que algún alto funcionario o sus familiares tiene nexos con paramilitares y/o con narcotraficantes, o con ambos. Se anuncia la respectiva investigación exhaustiva y no pasa nada. No pasa nada porque la Fiscalía también ha sido cooptada por los delincuentes o por quienes les sirven desde los puestos de dirección del Estado.

Va quedando la sensación de que, para seleccionar el personal que aspira a un cargo de confianza y manejo en el Estado, el sólido bloque que hoy gobierna no pide hoja de vida sino prontuario.

Citar algunos ejemplos archiconocidos puede darnos una idea de la dimensión de este asunto:

     -Se encontraron 3 laboratorios para el procesamiento de pasta de coca en la finca del entonces embajador de Colombia en Uruguay. No ha sido ni despedido fulminantemente ni perseguido por la Fiscalía.

     -Hay denuncias en las que se señala al expresidente Uribe Vélez como copartícipe de la exportación de cocaína usando el Aeropuerto Internacional El Dorado. Pese a que la denuncia la ha formulado un exfuncionario de la Fiscalía misma y parece tener una cierta fuerza probatoria, la investigación no avanza.

     -En una investigación y publicación realizada por el ex - oficial del Ejército Británico Jeremy McDermott, co-director del Insight Crime, que es una fundación especializada en investigar acerca del crimen organizado, aparece que el esposo de la Señora Vicepresidente ha sido socio de narcotraficantes en negocios legales. Tampoco avanza la investigación de la fiscalía al respecto.

     -En una labor que combina investigación periodística y acciones judiciales, se encontró lo que debería forzar la renuncia del presidente Duque y todo su equipo de gobierno: audios en los que quedan claros, tanto la compra de votos y el constreñimiento a los electores, como la vinculación de personas y dineros pertenecientes a grupos de narcotraficantes y paramilitares a la campaña del hoy Presidente de la República. Con todas las pruebas en su poder, la Fiscalía no avanza un milímetro y más bien presiona y persigue a los funcionarios que hicieron las interceptaciones legales mediante las que se obtuvieron esos audios.

Como si todo esto fuera poca cosa, el bloque delincuencial que hoy gobierna ha logrado amordazar a buena parte del periodismo.

Ha convertido la libertad de expresión en la libertad que tienen los dueños de los medios de comunicación para contratar periodistas que defienden al régimen, que camuflan los negociados, ocultan la corrupción y, vía enlace matrimonial como en la edad media, logran hacer parte de los clanes político-familiares que saquean las finanzas de ciudades y departamentos, y hacen posible el triunfo del bloque delincuencial en su conjunto.

Más que crónicas, reportajes o investigaciones, dichos “periodistas” se han especializado en hacer publirreportajes para favorecer a los poderosos que son sorprendidos en flagrancia o cuasi flagrancia.

Obsecuentes, incultos y arribistas, estos comunicadores han decidido hacer parte de la trama criminal que se ha adueñado del Estado y, así, ganar dinero y prestigio. Son los propagandistas de la corrupción, del narcotráfico y del paramilitarismo, contratados por los grupos financieros que se han hecho dueños de los medios de comunicación.

Político/a o periodista que no participe de la trama corrupta, se niegue a recibir dinero y compañía de narcos y paracos y los denuncie, siempre termina amenazado por un grupo de abogados, conocidos de autos, vestidos de lobos y con comportamiento de traquetos. Lo vamos a demandar, gritan a los cuatro vientos mientras ponen cara de canalla de película. A veces cumplen su amenaza.

Parece que este año 2020 los mafiosos lograron hacer realidad su vieja idea de doblegar la sociedad y apropiarse del Estado. Aliados con paramilitares y corruptos de todas las procedencias, pusieron de su lado a los más poderosos grupos económicos para saquear el presupuesto nacional. Han puesto funcionarios afines en cargos decisivos de los entes de investigación y control. Se aprovecharon de la debilidad ética o de la simpatía política de un grupo de periodistas y los han hecho sus voceros en los grandes medios de comunicación masiva. Cuentan con un equipo jurídico que siempre está presto a defenderlos en los estrados judiciales y a dar la cara por ellos, sobre todo con los periodistas que les son afines.  

Los inmorales no nos han igualado, nos gobiernan. ¿Coronaron?

*Profesor universitario, experto en justicia comunitaria y resolución de conflictos.