Colombia atraviesa por una profunda crisis en todos los órdenes, institucional, política, económica, moral, social, humanitaria… Los audios revelados por los periodistas Gonzalo Guillen, Julián Martínez y el abogado Miguel Ángel del Rio, sobre el escándalo de la ñeñe-política aportan, cada vez que son publicados, pruebas incontrastables, de que la elección del títere fue lograda con los aportes millonarios de dineros de las mafias del narcotráfico para la compra de votos en los departamentos de La Guajira, El Cesar, El Magdalena, Santander y parte de Antioquia. También demuestran que, de viva voz, la directora del Centro Democrático, Nubia Stella Martínez, reconoce el ingreso de dineros provenientes del extranjero a la campaña presidencial de Iván Duque, en este caso, un aporte de US$300.000 (1.200 millones de pesos, mal contados, a precios de hoy), del magnate venezolano Oswaldo Cisneros.
El escándalo de la ex senadora Aida Merlano, había reportado que, con dineros de la corrupción, los clanes de los Char y los Gerlein, compraron votos para Duque en Barranquilla y en otros departamentos de la costa caribe. Es sabido, además, que los poderosos gremios de comerciantes, terratenientes, ganaderos, industriales, banqueros y financieros, aportaron millonarias sumas de manera lícita a la campaña presidencial. Al mismo tiempo, es secreto a voces que tradicionalmente las multinacionales también aportan por debajo de la mesa a las campañas de sus aliados.
No hay duda de que la elección de Iván Duque como presidente de Colombia, fue producto de una gran coalición delincuencial, entre el partido Centro Democrático, los partidos de la derecha, las mafias del narcotráfico, los gremios económicos y los grupos paramilitares, para impedir que un plebeyo ilustrado, como Gustavo Petro Urrego, ganara las elecciones presidenciales de 2018. Delito, que contó con el silencio cómplice de los medios de comunicación, contra la Constitución y la Ley, un atentado contra la ética y la moral públicas y un asalto a la democracia y la voluntad popular. La elección del actual presidente y su vice presidenta, es producto de un colosal fraude y su gobierno es un gobierno ilegítimo.
Casi dos años de gestión, han hecho evidente que, aunque el títere ocupe la silla presidencial, el poder detrás del trono es su “presidente eterno”, en ejercicio de su tercer periodo presidencial. Se ha reinstaurado su mal llamada política de “seguridad democrática”, han hecho todo lo posible por hacer trizas los acuerdos de paz con las Farc – EP, rompieron los diálogos con el ELN que se desarrollaban en Cuba como país garante y pidieron, en claro desconocimiento del derecho internacional, la extradición de los voceros negociadores de esa guerrilla.
Se reinstaló el régimen de terror estatal y se propició el fortalecimiento de las bandas paramilitares, como brazo ilegal del establecimiento, con el pretexto del combate al terrorismo y al narcotráfico, con su secuela de genocidio de líderes sociales, comunidades indígenas, bombardeos y masacre de niños a supuestos campamentos guerrilleros, feminicidios y violación de niñas indígenas a manos de soldados del ejército, el despojo de tierras y desplazamiento de miles de campesinos. Así mismo, con el incumplimiento sistemático de los acuerdos y el asesinato de más de 200 excombatientes desmovilizados y en paz, se estimuló el retorno a las armas de disidencias de las Farc. La declaración del arzobispo de Cali, Monseñor Darío Monsalve, que ha sido apoyada por el Vaticano, sintetiza de manera dramática el retorno a la guerra en este tercer gobierno de Uribe y su sub-presidente, al señalar que en este gobierno hay “una venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el ELN”, “una venganza genocida para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia en los campos y en los territorios en donde, según se enfoca, tenían o tienen influencia las organizaciones subversivas”
Volvieron los perfilamientos y las chuzadas, realizadas desde una base militar localizada en Facatativá, a dirigentes políticos de la oposición, de movimientos y partidos de izquierda, sindicalistas, agrarios, feministas, de la diversidad sexual, de la juventud y las negritudes, investigadores, líderes y lideresas sociales, en síntesis; al país retornó la violación sistemática de los derechos humanos y del derecho a la paz. Mejor dicho, no cabe la menor duda de que el que gobierna es Uribe.
El sub-presidente se dedicó, no solo a incumplir los acuerdos, sino despojarlos de recursos para su desarrollo e inescrupulosamente, utilizarlos para promover su deteriorada imagen, sin renunciar, claro está, a los millonarios aportes donados por la comunidad internacional para fortalecer el desvencijado proceso de paz; recursos que, hasta el momento, no llegan a sus destinatarios. Además, se ha dedicado, tanto con el corrupto, Néstor Humberto Martínez, como con el fiscal Francisco R Barbosa, a entorpecer y sabotear los procesos penales que cursan en las distintas instancias de la rama judicial, contra Álvaro Uribe, acusado de narcotráfico, promotor de masacres, creador de grupos paramilitares, ordenador de asesinatos, auspiciador de crímenes de estado, mal llamados falsos positivos, compra de testigos y toda una estela de crímenes cometidos durante sus dos mandatos presidenciales anteriores, para asegurar que siga flotando en el lodazal de la impunidad.
Además, se engavetaron los expedientes de los escándalos de la ñeñe política, Odebrecht, Reficar, Hidro Ituango, Navelena de Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros, así como, el de las alianzas comerciales de la vicepresidenta y su esposo, con el narcotraficante y paramilitar, alias “Memo Fantasma” y el del escandaloso hallazgo de laboratorios de procesamiento de cocaína, en una finca en proximidades de Bogotá, propiedad de Fernando Sanclemente Alzate, ex embajador en Uruguay y director de la Aeronáutica civil de Uribe, desde 2005 hasta el final de su mandato. De la misma manera, promovió reformas para tratar de sacar de la cárcel estrato 6 en que se encuentra recluido, al exministro Andrés Felipe Arias, donde paga condena de 17 años, por la millonaria defraudación al erario con la repartija de Agro ingreso seguro; su caso había pasado a la categoría de cosa juzgada.
La corrupción es el sello que caracteriza este gobierno sustentado por las mafias del narcotráfico, esta práctica ha penetrado todas las instituciones de las distintas ramas del poder público, incluidas las fuerzas armadas que, desde la cúpula hasta la soldadesca, se han visto involucrados en múltiples delitos de narcotráfico, tráfico de armas, malversación y saqueo de los dineros públicos, encubrimiento a narcotraficantes y paramilitares, perfilamientos de parlamentarios, periodistas, intelectuales y líderes sociales, asesinatos de guerrilleros desmovilizados y violación a centenares de niñas indígenas, feminicidios, entre otros.
Su gestión en favor de los poderosos ha sido dominante. Con la reforma tributaria aprobada, despojó al estado de nueve billones de pesos mediante rebajas de impuestos y exenciones tributarias, y sometió a los pobres y a la clase media, a pagar más IVA, más impuestos y todas las cargas del llamado paquetazo neoliberal.
El país empezaba a vivir una crisis económica que pretendió ser superada con cargo a los trabajadores y las clases medias, crisis política, con la generalización de la corrupción y la pérdida casi total de credibilidad del gobierno y crisis humanitaria, consecuencia del desempleo que rondaba el 11%, la informalidad que superaba el 60%, la violencia, estatal y de todo orden que, además del genocidio, generó nuevamente miles de desplazados/as, incremento de la pobreza y la miseria y persecución a activistas y dirigentes sociales y políticos de oposición.
En pocas semanas o meses, el pueblo colombiano salió masivamente a la protesta social; el paro nacional del 21 de noviembre pasado y su prolongación hasta el mes de diciembre, pasará a la historia como la más grandiosa demostración de resistencia y lucha contra las políticas neoliberales del gobierno; que, pese a las divisiones posteriores del Comando Nacional de Paro, no fue derrotado y la gente mantuvo la expectativa de su continuación. la lucha quedó en suspenso por la agresiva aparición y expansión de la pandemia del Covid 19.
Rápidamente, el pueblo percibió al sub-presidente como un mandatario ausente, dedicado a funcionar a discreción de las órdenes de Trump, en la conformación del fracasado “grupo de Lima”, para adelantar la ofensiva injerencista contra la el pueblo venezolano, para derrocar el gobierno constitucional del hermano país e imponer un “presidente” autoproclamado no electo democráticamente. Facilitando, en alianza con narcotraficantes, los frustrados intentos de intervención militar en territorio venezolano. Amén de su alineamiento con la política internacional unilateralista del presidente de los EE.UU. Así mismo, en la ONU, el canciller anterior y la actual, votaron según lo ordenó el Secretario de Estado de USA, Mike Pompeo.
El Covid – 19 agudizó la crisis
La crisis se agudizó con la llegada del Covid 19 al país, las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la pandemia fueron insuficientes para retardar la masificación del contagio que se aceleró con el llamado “aislamiento inteligente”, eufemismo que maquilló el levantamiento de la cuarentena, justificado con la mentira de que la curva de contagio se había empezado a aplanar, cuando apenas comenzaba su crecimiento exponencial. Con marcada irresponsabilidad, el gobierno mantuvo el día sin IVA llevado a cabo el pasado 11 de mayo, con el único fin de favorecer las ventas de grandes almacenes, como Éxito, Al Kosto, La Olímpica, Jumbo, etc., financiadores de su campaña, lo cual provocó numerosas aglomeraciones alrededor de dichos centros, sin que hubieran adoptado protocolos básicos de bioprotección; En consecuencia, se disparó el número de contagios que, en menos de mes y medio, pasó de 12.000 a 160.000 personas afectadas.
La decisión de proteger la economía, en medio de la masificación de la pandemia, cuyo pico máximo, según el INS, se alcanzará hasta finales de agosto o mediados de septiembre, llevó al gobierno a hacer oídos sordos a los llamados de la Federación Médica Colombiana, el Colegio Médico de Bogotá y demás agremiaciones médicas, así como, de los sindicatos de trabajadores de la salud. El pueblo pagó los costos de su alinderamiento con la política del presidente de EE. UU y sus gobiernos satélites, la salud y la vida de la población colombiana fueron relegadas a un segundo plano en las prioridades del ilegítimo mandatario.
Es verdad que la pandemia aceleró la recesión generalizada del capitalismo mundial, que ha visto una caída en picada de la tasa de ganancia, la cual se había agudizado con la drástica caída de los precios del petróleo. En Colombia la crisis ha causado el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas, se han perdido cinco millones o más de empleos, el desempleo supera el 22%, la salud vive sus peores momentos, la educación se ha visto confinada a la virtualidad, pese a que un alto porcentaje (más del 40%) de niños, niñas y jóvenes en estado de pobreza, carecen de acceso a celulares, tabletas y computadores de nuevas tecnologías, el transporte masivo inter municipal y departamental entró en receso y al borde de la quiebra y la mayoría de la población ha entrado al estado de pobreza y miseria.
El presidente y su comandante en jefe, con el supuesto de hacer frente a la crisis de la pandemia, ha decretado dos emergencias económicas y ha expedido 164 decretos ley, sobre diversas materias, en su mayoría adoptados para proteger a los gremios empresariales. Pero, mintieron al anunciar que han invertido 117 billones de pesos, 11% del PIB, dizque para paliar las desgracias de la pandemia. En realidad, según denuncias hechas por más de 30 parlamentarios, se convirtieron en festín de los banqueros, las EPS, las ARL y de la corrupción, tanto de altos funcionarios nacionales, como de gobernadores y alcaldes. Entre tanto, médicos/as continúan trabajando sin contrato formalizado, no reciben ni del gobierno ni de las ARL, los elementos adecuados de bioseguridad y, junto a los demás trabajadores de la salud, siguen esperando el pago de 8 y hasta 10 meses de honorarios y salarios, los recursos no llegaron a la red de hospitales públicos, los pequeños empresarios no fueron beneficiados, tampoco los/as trabajadores/as que perdieron su empleo, los más de 13 millones de trabajadores del rebusque, quedaron sin sus míseros ingresos y los más pobres y miserables continuaron recibiendo los pírricos auxilios de $75.000 o $160.000, los pocos y raquíticos “mercados” entregados a los menesterosos, salieron muy costosos por los sobreprecios que les pusieron los mandatarios corruptos.
Parlamentarios, columnistas, sindicalistas, agremiaciones médicas, hospitales públicos y trabajadores/de la salud, todavía preguntan a donde fueron a parar los anunciados 117 billones que supuestamente estuvieron destinados por el gobierno para aliviar los estragos de la pandemia, el observatorio fiscal de la U Javeriana, señala que la inversión social entre los sectores sociales afectados por la pandemia, no supera el 1% del PIB.
Es evidente que el uribato, el presidente en la sombra y el sub-presidente, han utilizado las dos emergencias decretadas para imponer su modelo autoritario, sin contar con el Congreso, ni los organismos de control, se dedicaron a expedir decretos ley, a diestra y siniestra, para favorecer intereses de sus poderosos mentores y sus propósitos neoliberales. Por ejemplo, el decreto 811, con el cual se auto faculta para vender empresas de propiedad pública, como ISA, Ecopetrol y CENIT que reportan ganancias anuales a la nación, de 15 billones de pesos o más, para ser entregadas a empresas privadas, nacionales o multinacionales, es un asalto al patrimonio de la Nación. Luego vendrán las demandas de inconstitucionalidad, que probablemente, la Corte Constitucional declarará inexequible el fatídico decreto, pero será tarde, porque dicho tribunal, presumirá que el gobierno actuó de buena fe y el país será despojado de su patrimonio y sus ingresos.
Cambiar de rumbo para enfrentar la pandemia y defender la vida y la democracia.
Además de la venta de los activos de la nación, el gobierno, con el pretexto de conseguir recursos urgentes, ha planteado la “necesidad” de solicitar nuevos empréstitos por 100 billones de pesos a la banca mundial y de adoptar una nueva reforma tributaria, con la intención de gravar la canasta familiar con el 19%, lo cual afectaría de manera grave la clase trabajadora y los pobres. Pero no es verdad que estemos frente al único y tradicional recurso de acudir al crédito externo, para enajenar el país al capital financiero internacional. Con esa nueva y cuantiosa suma, se elevaría el gasto público en el pago de intereses de la deuda hasta el 62% del PIB.
Numerosos especialistas y organizaciones han planteado alternativas como, declarar la moratoria en el pago de la deuda externa, gastar parte de las reservas internacionales que tiene el país en la banca multilateral, eliminar las exenciones tributarias y recuperar los 9 billones regalados con la reforma tributaria a las empresas nacionales y multinacionales, acudir al empréstito del banco de la República que resultaría muchísimo más barato y menos gravoso, perseguir la elusión y la evasión de impuestos de políticos y empresarios, para contar con más recursos y menos deuda. En otras palabras, hay que exigir que los ricos, los super ricos y los super, super ricos, aporten buena parte de sus pingues ganancias para solucionar la crisis y enfrentar las calamidades causadas por la pandemia.
No se puede esperar que este gobierno delincuente, que ha tomado medidas erráticas para enfrentar los estragos de la pandemia, esté pensando especialmente en los pobres, en los millones que perdieron el empleo, excluidos y los miserables, que son 30 millones o más de colombianos y colombianas. El crecimiento masivo del contagio es consecuencia de las políticas del gobierno, la flexibilización de la cuarentena fue un craso error, que se pagó en contagios y en vida humanas, las políticas asistencialistas de auxilios miserables y pírricos “mercados”, el lento proceso de testeo, la carencia de cercos epidemiológicos, la desprotección en materia de bioseguridad a médicos/as y demás trabajadores de la salud y, el mantenimiento de la política de levantamiento gradual del aislamiento social, han colocado al pueblo colombiano en estado de mayor vulnerabilidad frente a la pandemia en plena etapa de masificación del contagio.
Es urgente que el pueblo exija al gobierno cambiar el rumbo, de no hacerlo estaremos frente a una catástrofe, un verdadero genocidio, en el que morirán cientos de miles de contagiados y vencidos por el hambre, a causa de estas políticas de favorecimiento a los privilegiados y sus grandes fortunas.
Es necesario apoyar las propuestas, con carácter de urgencia, enviadas por 14 organizaciones del sector médico, al presidente Iván Duque y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, alertando sobre el “alarmante aumento vertiginoso por COVID 19 en todo el territorio nacional, siendo Bogotá D.C. el epicentro del contagio”, y alarmados advierten que los “datos epidemiológicos reclaman medidas drásticas, que frenen la propagación del virus y disminuyan el riesgo de mortalidad”, proponen, entre muchas otras acertadas medidas sugeridas, que ante el riesgo de desborde de la utilización de camas UCI, que ya supera el 87%, “se implemente, de manera inmediata, una cuarentena estricta inicial de dos semanas en toda la ciudad, que permita disminuir con suficiencia la tasa de contagio”, expresan que solo así “se evitaría el colapso del sistema”.
Esta propuesta equivale a privilegiar la vida sobre los negocios, las ganancias y la acumulación de capital. Como era de esperarse, la propuesta fue rechazada, tanto por el gobierno nacional, como el distrital. Finalmente, con gran sentido social, humanitario y de opción por la vida, proponen que “para hacer posible y equitativo el confinamiento, las medidas de cuarentena estricta y aislamiento social, requieren del respaldo de una política social de renta básica real y efectiva, con garantía de alimentación y servicios públicos básicos, dirigida a la población mas pobre y vulnerable cuyo ingreso como trabajadores independientes, informales o de micro y pequeñas empresas, no está garantizado sin lucha diaria”.
El Comando Nacional de Paro, incluyó esta propuesta en el pliego de peticiones de emergencia para paliar la crisis de la pandemia, presentado al gobierno, con la petición de “Renta básica de emergencia”, solicita “asignar por 6 meses un salario mínimo a 30 millones de colombianos/as” para contener el hambre y la miseria generada por el coronavirus; Incluye moratoria de 4 meses del pago de servicios públicos y pide prohibir el corte de los mismos. 2) Intervención del sistema de salud para garantizar la atención y medidas de bioseguridad adecuadas durante la pandemia, formalización laboral del personal de trabajadores/as de la salud y pago de sus salarios atrasados. 3) Derogatoria de los decretos de emergencia que desmejoran la vida económica y social de los trabajadores, además de expedidos dictatorialmente, 4) Compra de la producción agropecuaria con dineros públicos, condonación de créditos y pago de las nóminas de la Mypimes. 5) matrícula cero en las universidades públicas y subsidios a los estudiantes para continuar sus estudios y no retorno a las clases presenciales por el resto de este año. 6) Fomento de medidas de prevención contra la violencia de género y demás medidas diferenciadas y específicas para proteger la vida de las mujeres.
Estas exigencias, tanto del cuerpo médico nacional, como del CNP, deben se apoyadas por el movimiento obrero, sindical y popular, los partidos y movimientos de oposición, los movimientos sociales y el pueblo colombiano en general. La prioridad es detener los estragos de la pandemia, enfrentar el hambre y proteger la vida de todos y todas, en especial de los mas vulnerables y desvalidos frente a la catástrofe que nos amenaza.
Entre tanto, hay que señalar que el responsable de la crisis económica, política, humanitaria, es el gobierno Uribe-Duque, que cometió el delito de fraude electoral para mantenerse en el poder y colocar un solemne desconocido en la presidencia, carente de formación, independencia y pensamiento propio, inepto, incapaz, errático, demagogo, mentiroso y sometido a los designios de su “presidente eterno”, desprovisto absolutamente de legitimidad. Frente a este gobierno delincuente, inmoral e ilegítimo, el pueblo colombiano, en especial la ciudadanía que ejerció el voto libre, debe exigir su renuncia y reclamar la convocatoria de nuevas elecciones para conformar un nuevo gobierno de transición para la paz.
*Miembro de la Red Socialista.