La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió levantar las medidas cautelares que desde 2018 protegían a Giomar Patricia Riveros Gaitán, una vez constató un cambio sustancial en las circunstancias fácticas que originalmente justificaron su adopción. La decisión se produjo tras valorar, entre otros elementos, que Riveros cuenta con una condena penal en firme por delitos contra la administración pública, enfrenta investigaciones penales en curso y perdió los roles institucionales con los que se presentaba como defensora de derechos humanos.
Según las actuaciones oficiales del Estado colombiano citadas ante la CIDH, Riveros fue condenada el 3 de agosto de 2020, sentencia confirmada en 2021, por violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades, un delito contra la administración pública que derivó en privación de la libertad, actualmente bajo modalidad domiciliaria. Este hecho, por sí solo, marcó un quiebre frente al perfil que había servido de base para el otorgamiento de las medidas internacionales de protección.
A la condena se suman investigaciones penales en su contra, aún en curso, por presuntas amenazas, así como por calumnia, estafa e injuria, las cuales —sin constituir condena— fueron consideradas por la Comisión dentro del análisis global de credibilidad y riesgo.
En el plano administrativo y disciplinario, el Estado informó que Riveros se hizo pasar por abogada sin serlo, contrató con una entidad pública estando legalmente inhabilitada y fue expulsada de la Mesa Nacional de Víctimas tras un proceso disciplinario en el que se garantizó el debido proceso. Además, no figuraba inscrita en el Registro Único de Víctimas, y su supuesto rol como representante de víctimas fue controvertido y desmentido por múltiples organizaciones, incluidas mesas departamentales y distritales.
La CIDH concluyó que Riveros ya no cumple las condiciones que permitían considerarla en una situación de riesgo grave, urgente e irreparable, especialmente porque perdió los cargos y representaciones que alegaba, no reportó hechos recientes de amenaza y se encuentra bajo una modalidad de privación de la libertad que neutraliza los escenarios de riesgo invocados en 2018.
En su resolución, la Comisión fue explícita: no existe actualmente un proceso internacional abierto contra Colombia, ni reproche alguno por supuesta falta de protección estatal. El levantamiento de las medidas cautelares se produjo porque los requisitos jurídicos dejaron de cumplirse, no por una omisión del Estado.
El caso deja una conclusión contundente: las medidas cautelares no son un blindaje permanente ni un certificado de legitimidad, y pueden ser levantadas cuando se demuestra que los hechos, la conducta y la situación jurídica del beneficiario han cambiado de manera sustancial.
