Capítulo IV

El candidato de los paras

El sábado 10 de junio de 1995, una bomba de regular poder explosivo mató en el parque San Antonio, de Medellín, a 29 personas y dejó heridas a 207. Ante un hecho de semejante magnitud: un atentado contra gentes que disfrutaban con su familia del descanso de fin de semana, el gobierno nacional ordenó una investigación especial y prometió tener resultados en 72 horas; la Fiscalía, la Policía y el Das unieron esfuerzos para adelantar una investigación conjunta que permitiera dar con el paradero de los delincuentes; la curia metropolitana condenó el hecho y ordenó que lo recaudado en una "misa de solidaridad cristiana" se le entregara a los afectados por la tragedia; el alcalde, Sergio Naranjo, dijo que se trataba de un hecho aislado; y el gobernador de Antioquia, Alvaro Uribe Vélez, pidió que se decretara el estado de conmoción interior. Ante esa curiosa intervención del mandatario seccional, el alcalde de la ciudad, Sergio Naranjo, tuvo que explicar que "una medida tan drástica, se convertiría por sí sola en otro elemento desestabilizador", y el representante a la Cámara, Benjamín Higuita Rivera, rechazó la propuesta y consideró que la conmoción interior era la "antesala para imponer la figura de los alcaldes militares". Esa era, claro está, la idea del gobernador. Un mes antes, el 10 de mayo, había aplicado la medida en Amalfi, una tradicional población del noreste de Antioquia. Los habitantes protestaron: en ese momento se trataba de algo insólito, y su municipio sería el único que tendría alcalde militar en todo el territorio nacional. Pero el gobernador fue inflexible. -¿Cómo quieren ustedes que controle la violencia? –le preguntó a la delegación que lo visitó para pedirle que no los sancionara-. Yo no encuentro otra forma. Ustedes están en mitad de la zona roja y allá hay presencia de paramilitares, de bandidos del ELN, de narcotráfico y de delincuencia común. - Pero, señor gobernador-le dijo uno de los delegados-, lo único que ha sucedido en Amaifi en mucho tiempo es el atentado contra el anterior alcalde. Que, por fortuna, no tuvo ninguna consecuencia qué lamentar. -Sí la tuvo -respondió el gobernador-. Si no se trata de algo grave, ¿qué calificativo le dan ustedes a la renuncia del señor Francisco Quintero? -Pero eso no es tan grave como para que usted nos mande a un militar -le dijo otro delegado-. La tarea del Ejército que se trataba de un ha sido efectiva y desde hace un mes no se presenta ningún acto violento. -Pues me alegro -concluyó enérgicamente el gobernador-. Pero, para mí, la situación sí es grave. Y es más. Donde un alcalde sea asesinado por razones de orden público general, u obligado a renunciar por una acción de los violentos, solicitaré el nombramiento de alcalde militar. De manera que pocos días después, Juan Francisco Díaz Quiñones, capitán del Ejército, llegó a Amalfí con instrucciones precisas. -El presidente Samper nos dio vía libre para que acabemos con la violencia -le explicó el gobernador-. La situación de orden público en ese municipio es sumamente grave. Las amenazas, el chantaje, el boleteo y la intimidación a las autoridades legítimas han provocado serias dificultades a la administración local y han hecho que sus habitantes entren en pánico. El capitán asintió sin decir una sola palabra. Para él se trataba de una orden. Y al día siguiente salió a imponer orden en un sitio donde, según el alcalde encargado, Jesús Iván Marulanda, no pasaba nada que sustentara semejante determinación. -La última noticia grave que tuvimos en este pueblo –le dijo un parroquiano al periodista de la televisión que visitó la zona- fue el nacimiento de Fidel Castaño. Pero no vaya a decir que le dije algo así, porque me matan. Porque Fidel Castaño Gil, el individuo que organizó el primer ejército paramilitar financiado por los narcotraficantes, nació en Amalfi. El periodista se limitó a reseñar en su crónica que "la comunidad y las autoridades creen que no existe una manifestación de violencia abierta ni hechos contundentes que lleven a pensar que el pueblo está cercado, o que el Ejército y la Policía hayan perdido el control del orden público". Ante el nombramiento del oficial, el senador Omar Florez Vélez calificó la medida de "ineficaz y anticivilista", y el representante a la Cámara, Manuel Ramiro Velásquez, dijo que el gobernador y el presidente habían sido asaltados en su buena fe. Pero, ¿fue asaltado el gobernador en su buena fe? De las medidas tomadas por él podría deducirse lo contrario.

Ante la oleada de violencia que sacudió al Urabá antioqueño en el año de 1994, el nuevo funcionario, que se posesionó el 1° de enero del 95, participó en una reunión promovida por los alcaldes de la zona, la cual se efectuó en Medellín el 17 de enero. En ella, los mandatarios municipales, recientemente elegidos, dieron cuenta de que seguía vigente el "Pacto de Apartado", que buscaba llegar a un entendimiento entre los grupos políticos para buscarle una salida al conflicto. Al recopilar los hechos recientes, las autoridades comprobaron que la zona estaba infestada de delincuentes comunes y de guerrilleros, que el enfrentamiento que habían protagonizado paramilitares y miembros de las Farc y del ELN en el norte del país parecía comenzar a trasladarse a esa zona, y que las masacres no daban tregua: dos en los pocos días transcurridos a partir del 1° de enero, con un saldo de once personas muertas en Turbo y Necoclí, que las autoridades atribuyeron a una disidencia del EPL, especie que fue rechazada por voceros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica. Algunos de los participantes dijeron que la escalada de violencia obedecía a la inminente elección de las directivas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Agro (Sintrainagro), y todos expresaron su preocupación porque la primera víctima de los nuevos escenarios de guerra sería la población civil. Se denunció que habían comenzado los desplazamientos masivos de los habitantes, tanto que ya podía hablarse de un éxodo, y mientras unos denunciaron a la guerrilla, otros dijeron que eran los paramilitares los autores de la perturbación. Pero, en general, se pidió que el pacto político se convirtiera en una herramienta eficaz para garantizar la tranquilidad de la zona. Un día después, en Turbo, el gobernador presidió un "consejo de seguridad", al que asistieron siete de los nueve alcaldes del Urabá Antioqueño, representantes de la Iglesia y políticos locales. La alcaldesa de Apartadó pidió una "veeduría internacional" para la zona y propuso que se emitiera un comunicado en el cual se le exigiera a los actores armados pactar una tregua unilateral. Todos se estuvieron de acuerdo y comenzaron a trabajar en ese sentido. Pero el gobernador no quiso entender el mensaje emitido por esa reunión. Porque tres días más tarde lo que solicitó del gobierno fue la autorización para crear una Unidad Antiextorsión y Secuestro, Únase. En una reunión que sostuvo con el ministro de Defensa, Femando Botero, se habló sobre la situación del Urabá y concretamente sobre las denuncias formuladas por representantes de la Iglesia Católica relacionadas con la presencia de miembros activos de las Fuerzas Militares en masacres dirigidas por los paramilitares. En presencia del comandante de la IV Brigada, general Jorge Enrique Mora Rangel, quien tres años después se convertiría en el comandante del Ejército, el ministro dijo que no conocía ese tipo de hechos, y cuando se le insistió en que el procurador de Antioquia había formulado denuncias similares, sostuvo que debería investigarse "a fondo" para sancionar a los responsables según el caso.

El 22 de febrero el país supo que la guerrilla había asesinado a cinco personas en una serie de asaltos en Urabá y había atentado contra una funcionaría judicial. Poco a poco se conoció que al Chocó, zona tradicionalmente tranquila, habían entrado nueve frentes guerrilleros, que se habían identificado diez bandas de delincuentes comunes, que el frente José María Córdoba de las FARC había declarado como "objetivo militar" a los campesinos que colaboraran con los paramilitares, y que estos habían declarado como "objetivo militar" a los campesinos que colaboraran con las Farc, y que la zona estaba fracturada en dos. Todo ello llevó al gobernador a pedirle a la guerrilla que declarara una "tregua unilateral". Pero no ocurrió lo mismo con los paramilitares. La información se centró sobre los hechos violentos atribuidos a los primeros. Secuestros, extorsiones, atentados, y asesinatos cometidos en San Pedro de Urabá, en la vereda Aguasprietas y en Valencia, con pérdidas materiales calculadas en 2 mil millones de pesos, llenaron el espectro informativo de esas semanas y prepararon al país para lo que habría de venir.

El primer anuncio tuvo que ver con los municipios del Valle de Aburra. El 18 de abril el gobernador decretó un "toque de queda para menores". Según esa medida, a partir del 1° de mayo ningún menor de edad podría circular libremente en Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, La Estrella, Sabaneta, Copacabana, Barbosa y Girardota entre las 11 de la noche y la 5 de la mañana. Los alcaldes de Medellín, Envigado cias similares, sostuvo y La Estrella, la rechazaron. El primero dijo que el tiempo previsto para ponerla en marcha era demasiado corto, y el segundo afirmó que era apresurada y que se debía consultar a los padres de familia. A su tumo, el procurador de Antioquia pidió "no maltratar a los jóvenes", mientras que el comandante de la Policía mostraba su total acuerdo y entusiasmo. El segundo anuncio se originó alrededor de la visita que el ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, hizo al Urabá para instalar la "Comisión Verificadora de los Factores de Violencia" de la zona. Durante esa reunión el gobernador Uribe Vélez dijo que "como una contribución a la búsqueda de la paz aplazaría la creación de cooperativas de vigilancia privada" en las que había trabajado intensamente su gobierno. Un análisis político originado en esas conclusiones se preguntó por qué el gobernador consideraba que sus cooperativas eran un factor de violencia. Pero como el asunto era apenas incipiente, pasó sin pena ni gloria. El tercer anuncio fue del 26 de julio. Conforme a la noticia publicada por El Tiempo el jueves 27, "el Gobierno Nacional no avalará un diálogo directo entre representantes de la sociedad de Urabá y miembros de los grupos paramilitares y la guerrilla, para una eventual pacificación de esta región. "Así lo dijo ayer el ministro de Gobierno, Horacio Serpa Uribe -añadió el periódico- durante la reunión de seguridad que sostuvo con dirigentes políticos y sociales, representantes del gremio bananero, comerciantes e Iglesia Católica, en las instalaciones de la Brigada 17 de Carepa. '"A pesar de que (la noticia) les va a desagradar, quiero decir que el Gobierno no avala una solución de esa naturaleza. Esta posición es explicable porque algo semejante daría ocasión para que se desinstitucionalice la zona, que es lo contrario de lo que los dirigentes han solicitado'. "El diálogo directo y el arreglo entre paramilitares y guerrilla en la zona bananera antioqueña significaría la repartición de ese territorio entre las Farc y Fidel Castaño, aclaró Serpa". Escéptico, el gobernador Uribe Vélez opinó que "la afirmación de Serpa no sería obstáculo para persistir en la búsqueda de la paz". En la noche del sábado 12 de agosto los paramilitares asesinaron a 32 personas en Uraba, dieciocho de ellas en la pavorosa e inolvidable masacre de Chigorodó. El país, aterrorizado, oyó cómo el presidente de Unibán y de la junta directiva de la Asociación de Bananeros de Urabá (Augura), Juan Felipe Gavina, le decía a Samper durante la visita de emergencia que realizó con nueve de sus ministros a la zona, que la preocupación de su gremio era "exclusivamente la seguridad". "Queremos sosiego", dijo Gaviria, antes de ceder la palabra al gobernador. Uribe Vélez sostuvo entonces una tesis que acentuaría aún más sus discrepancias con el gobierno central: -El Estado -dijo- debe tener absoluta firmeza y determinación para combatir los factores de violencia y negociar con sus principales actores cuando ellos demuestren una voluntad de diálogo». En ese momento ya había redondeado su idea en tomo a la hipotética solución de un conflicto que en Colombia no se remonta a 1948, como generalmente se ha creído, sino a dos años antes, cuando el partido conservador llegó al poder sin la posibilidad de ejercer una acción efectiva por cuanto era nítidamente minoritario en las cámaras. Los conservadores, dirigidos por Laureano Gómez, desataron una violencia extrema, lo que llevó al jefe indiscutible del liberalismo, Jorge Eliécer Gaitán, a presidir enormes manifestaciones en Bogotá para reclamar del gobierno de Mariano Ospina Pérez el cumplimiento de las garantías constitucionales básicas. Como vocero de un pueblo sumido en la angustia provocada por la violencia del régimen, Gaitán pronunció en 1947 uno de sus discursos memorables a favor de la convivencia y del respeto por los derechos ciudadanos, que desde entonces se conoce como "Oración por la Paz". Pero fue la "Manifestación del Silencio" (febrero 7 de 1948) la que conmovió de manera más honda la conciencia de los colombianos. En ella, cerca de cien mil habitantes de una ciudad que escasamente llegaba a 300 mil, desfilaron silenciosamente hacia la Plaza de Bolívar agitando un mar de pañuelos blancos. Gaitán habló entonces como único orador, ante una multitud que lo oyó en absoluto silencio. Su discurso no demoró más de doce minutos. Días más tarde, ante una de las primeras masacres que se presentaron en esta etapa de la violencia política en Colombia (febrero 15 de 1948), pronunció en Manizales su "Oración por los Humildes". El clima era espeso. Cuando lo asesinaron, millones de personas se volcaron sobre las calles para rechazar el crimen. En muchas ciudades del país, no sólo en Bogotá, hubo saqueos, muertes e incendios. El país había perdido a su más auténtico líder, y la lucha por el poder jamás volvería a ser la misma.

¿Qué pensaba Alvaro Uribe de una violencia en la que nació, creció y vivió desde siempre? Sus soluciones eran drásticas. Por ese entonces (volvamos a 1994) él mismo había sufrido el asesinato de su padre (fueran cuales fueran las circunstancias que rodearon a ese hecho), las heridas inflingidas a su hermano y el intento de secuestro de su hermana. Las amenazas que le llegaban a su despacho eran casi diarias. "Usted no va a salir vivo de aquí", le decían. Y le encimaban cuantos términos gruesos tuvieran a mano los criminales. De manera que él se sentía acorralado. Y cuando alguien se siente acorralado, arranca por la calle del medio. Para Alvaro Uribe la calle del medio tuvo dos sentidos: la organización de las Convivir, y la intervención internacional. Las Convivir. Alvaro Uribe, que ha sido su más caracterizado defensor, pasa hoy por ser el autor de la fórmula. En realidad no. Fue Rafael Pardo, ministro de Defensa de César Gaviria, quien dictó el decreto ley para "reorganizar la seguridad privada, regular las compañías de vigilancia y autorizar la creación de departamentos de seguridad en empresas rurales y urbanas". Para ese momento el gobierno de Gaviria estaba en su declive, y la nueva norma sólo alcanzó a entrar en vigencia. De manera que fue Femando Botero, primer ministro de Defensa de Ernesto Samper, quien las puso en funcionamiento. Lo hizo mediante una "resolución", que fue demandada por inconstitucional. El asunto entró entonces en el terreno jurídico que es, aparte de la guerra, el escenario donde se cumplen -y no se resuelven jamás-, los temas que interesan a los colombianos. Botero propuso que se establecieran en todo el país llamándolas "Cooperativas de Seguridad", y pidió que se les dedicara a "informar a las autoridades (Policía, Ejército, Fiscalía y Procuraduría) de las irregularidades que se presentan en su área de acción con el fin de facilitar la captura de los delincuentes y ayudar en la judicialización de los procesos". Originalmente tuvieron una estructura elemental: una agrupación de ciudadanos, un comité coordinador y una central privada de comunicaciones, y sólo se habló de dotarlas con armas de corto alcance.

En un reciente debate por radio (Caracol, 05/04/02), Uribe señaló que era Horacio Serpa, su contradictor en la campaña por la Presidencia, quien había tenido el encargo de reglamentarlas. En el momento en que se pusieron en marcha, Serpa era ministro del Interior. Allí, Uribe informó que en el gobierno de Samper las Convivir habían sido 690, de las cuales 70 se habían puesto en funcionamiento en Antioquia. Serpa lo contradijo. Según él, en Cartagena se opuso resueltamente a su organización, con el argumento de que "vincular a los particulares, en contra de lo que dice la Constitución, a una lucha militar, era absolutamente inconveniente". En ese momento (1994) "las famosas autodefensas... se habían convertido en un grupo de maleantes que asolaban al país y creaban toda clase de inconvenientes. Hubo un gran debate nacional, y finalmente el gobierno, no el Ministerio que yo regentaba sino el gobierno, bajo la dirección del presidente de la República expidió una resolución mediante la cual se permitía la existencia de núcleos de ciudadanos que, por medio de instrumentos de comunicación, ayudaran a la lucha contra la subversión... Después (esas organizaciones) se convirtieron en bandas de maleantes que terminaron siendo eliminadas por la propia ley. Lo que plantea el doctor Uribe: un millón de habitantes vinculados a esta actividad, ya se ha probado dos veces, y en ambas se ha manifestado como lo más inconveniente, como lo más criminal, porque se convierten en bandas de asesinos, en bandas punitivas que terminan asesinando, secuestrando, etc... todo lo que pasó en diferentes partes del país y en algunas de Convivir que se crearon en el departamento de Antioquia". Uribe ripostó: "Que no me venga a decir el doctor Serpa que las Convivir de Antioquia se convirtieron en bandas de bandidos. Él las conoció, él fue muchas veces a Antioquia, lo llevaron a Urabá como ministro del Interior, y allí lo que hizo fue darles un gran apoyo. Lo que yo hice fue ceñirme rigurosamente a la ley de la administración Gaviria y el decreto (sic) de la administración Samper, y organizar transparentemente a la ciudadanía para apoyar a la fuerza pública". Cuando surgieron las Convivir el problema fue puramente jurídico. Pero mientras las Cortes resolvían su arduo debate, Uribe, quien se acababa de posesionar como gobernador de Antioquia, decidió ponerlas en marcha sin dilación. De acuerdo con Plinio Apuleyo Mendoza, el más caracterizado periodista colombiano de extrema derecha, las Convivir "entran con mucha naturalidad en el esquema de Estado comunitario que se desarrolla en Antioquia. Si la comunidad se organiza y juega un papel nunca antes jugado en programas como la educación, la salud o la capacitación, la seguridad también es un asunto en el cual le corresponde intervenir" (Semana, 21/07/97). Y luego, dentro del juego malévolo de las palabras que acostumbra Apuleyo, añade una frase cuidadosa, con la que "vende" melosamente su idea política: "Urabá y muchos pueblos del norte y del sureste antioqueño están en la mira de la guerrilla. Secuestros, asaltos, asesinatos, milicias, camiones incendiados oscurecen un panorama que, de otro modo, resultaría cargado de luminosas promesas". Apuleyo fomenta certeramente el miedo. En la misma crónica sostiene que "las Convivir no se entienden si no se reconoce una triste realidad: la guerrilla puede estar en todas partes, lista para dar un zarpazo, mientras que soldados y policías, venidos de Boyacá o de Nariño, se mueven inseguros en tierra extraña. No saben en quién confiar y en quién no. Su labor preventiva o sus acciones de inteligencia son prácticamente nulas. En estas condiciones, quien mejor puede prestarles un servicio y protegerse a sí misma es la población. Tal es la idea de base que ha inspirado la creación en Antioquia de 71 Convivir. Hay 14 en formación y se espera que para fin de año todos los 125 municipios tengan la suya. ¿Qué hacen? Esencialmente una cosa: cuidar el entorno. Si un asociado, por ejemplo, ve dos hombres a la orilla del Cauca con atarrayas demasiado nuevas, informa de inmediato: podrían ser guerrilleros, no pescadores. En Rionegro, bonita zona salpicada de pinos y residencias campestres, 200 asociados a las Convivir protegen la zona. Cada uno, por medio de un radio portátil tan grande como un teléfono celular, puede comunicarse con una central a cualquier hora del día o de la noche. La central tiene a su vez contacto de radio directo con el Ejército y la Policía y con un vehículo que circula permanentemente por los alrededores. Basta la menor señal de alarma para que todos los asociados acudan, con más celeridad que la Policía, al lugar de donde provino. Los asociados pueden portar armas de defensa personal. De esta manera los secuestros han disminuido en un 70 por ciento. No hay, desde luego, relación alguna de estas actividades con las que en otras zonas del país desarrollan los llamados grupos paramilitares o autodefensas. Las Convivir tienen personería jurídica y sus miembros están comprometidos a respaldar la campaña de la gobernación llamada de 'neutralidad activa'. De hecho, no se les ha visto comprometidas en combate alguno con la guerrilla. Se han convertido, sí, en un muro de contención para aquella y en una fuente de vivos recelos para las ONG internacionales. Uribe Vélez y su activo secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, las defienden a capa y espada. Por ello mismo reciben de la guerrilla constantes amenazas de muerte. Una cosa es cierta: la mayoría de los antioquenos, desde los arrieros hasta los empresarios, parece contenta con el experimento adelantado por su gobernador y no aceptaría de buen grado que se regresara al viejo modelo político".

Pero la situación no era tan idílica. Por lo menos, no lo era para los arrieros y los empresarios con los que no habló Apuleyo. Mientras él escribía su crónica, la Secretaría de Derechos Humanos y Libertades, con sede en Madrid, condenó el 29 de julio de 1997 la visita de Uribe Vélez a España. En el comunicado que expidió esa organización con tal motivo se dice que el "promotor de las Convivir puso en marcha un modelo de Estado fascista, en el que se estimuló la participación de la ciudadanía con la cortina de humo de la generación de 48 empleo. Con el apoyo de Harvard, dice la organización, Uribe capacitó a 50 mil antioquenos en la "negociación pacífica de conflictos", proyecto que sirvió de base para crear las Convivir en 1994. "Estas cooperativas -dice el comunicado- fueron utilizadas por los terratenientes y los narcotraficantes para aplicar la política contrainsurgente de 'tierra arrasada' en numerosas zonas campesinas y en la misma capital antioqueña. Fue con las Convivir que los paramilitares lograron su despliegue nacional, se consolidaron en Antioquia en el Nudo de Paramillo e ingresaron al eje bananero de Urabá, asesinando y desplazando a miles de campesinos. "Para diciembre de 1996 la gobernación reconocía la existencia de cincuenta y seis Convivir en el mismo número de municipios. Sin embargo el Instituto Popular de Capacitación (IPG), de Medellín, registraba la existencia de setenta. Esta organización armada se estableció en zonas que comenzaron a ser adquiridas por parte de terratenientes y narcotraficantes, y coincidieron también con las principales zonas de cultivos ilegales en el departamento (ver Alternativa Nº 5, dic/96)". En la consolidación del proyecto estuvo de cuerpo presente Pedro Juan Moreno Villa. Mucho menos sutil que su jefe. Moreno mostró la otra cara de esas organizaciones. En una carta de respuesta a Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartado, quien el 10 de abril de 1997 le había expresado al gobernador su inconformidad con la organización de una Convivir en su municipio, el entonces secretario de Gobierno condena a los defensores de los derechos humanos, a quienes califica de "ególatras". Se trata de un curioso documento, recuperado por Al Giordano, que vale la pena reproducir con su puntuación y redacción originales: "En relación con el mensaje mencionado (del 10/04/97 dirigido al gobernador), permítame demostrarle lo siguiente: cae usted en los mismos errores cometidos por los directores de conocidas asociaciones de defensa de los derechos humanos, en otras palabras: «Ellos creen que son profesores de una materia que no conocen y de la que luego piden explicaciones». Además de esto, su egolatría protagonista la lleva a difundir un mensaje a diferentes sectores de la sociedad, a los que usted envía su versión incompleta y deformada de la situación. Qué mejor sería si antes de dar su veredicto se hubiera usted tomado la molestia de consultar, analizar, comprometerse en el diálogo y, una vez que tuviera un criterio formado, basado en un análisis racional de los eventos, hubiera expresado su opinión sobre el particular. Quizá de esta manera su colaboración para alcanzar la paz sería más efectiva. Para su información, adjunto lo siguiente: 1. Un panfleto ilustrativo sobre las Asociaciones Convivir. 2. Una carta del pasado 20 de marzo enviada al señor Vivanco de Human Rights Watch, en la que encontrará información detallada sobre todos los tópicos que la molestan. El comandante de la 17a. Brigada, el general Rito Alejo del Río, podrá proveerla con detalles acerca de sus acciones y otras dudas que pudiera usted tener sobre el tema. Sinceramente, Pedro Juan Moreno Villa, Secretario de Gobierno".

El tono de la carta es quisquilloso. "Aquí no se puede discrepar". Pero la actividad de las Convivir se convirtió en un punto de choque. Mientras Uribe, Moreno y sus partidarios las defendían como la panacea de la seguridad y tranquilidad públicas, numerosas ONG's internacionales elevaron toda suerte de denuncias sobre su actividad. Se supo entonces que en un determinado momento el gobernador de Antioquia les había entregado armas de largo alcance que, ante una decisión de la Corte Constitucional, debió recoger de forma apresurada. La revista Business Week señaló que "estas milicias armadas dotaron con información de inteligencia a las fuerzas armadas y ayudaron a la policía a combatir el crimen... pero... (terminaron por transformarse) en escuadrones paramilitares que hicieron blanco no sólo en las guerrillas sino también en civiles sospechosos de simpatizar con ellas". En otras palabras, los dos hombres de Apuleyo que encuentran los informantes "a la orilla del Cauca con atarrayas demasiado nuevas", en este momento deben estar muertos. Como don Goyo, en el arroyo.

«Lo evidentemente claro de las Convivir -escribió María Isabel Rueda en la revista Semanaes que su existencia no es tan clara: dicho de otra manera, no es ni blanca, ni negra, sino gris". Y para responder una pregunta que ella misma se formula, anota las características "blancas" y las "negras" de esas organizaciones. Hay que reconocer que las "blancas" son mucho más endebles que las negras. Pero, en un gran resumen, entre las "blancas" estarían su necesidad ("las Convivir surgieron de una necesidad de la población civil de defenderse"), la condición de su ejercicio ("son un mecanismo legal para que la ciudadanía no tenga que aliarse con expresiones criminales, sea la guerrilla o sean los grupos paramilitares, para defenderse"), sus funciones ("no tienen funciones ni ofensivas ni de ataque"), sus limitaciones ("no reemplazan a la autoridad, no pueden utilizar armas de fuego salvo las catalogadas como de defensa personal, deben tener licencia de funcionamiento"), y la respuesta que han obtenido ("si a la guerrilla le preocupa su existencia, es porque funcionan"). Entre las "negras" su indefinición ("artículos 39 y 42 del decreto ley que las creó, que las hace diferentes según el armamento que pueden portar"), su persistente incumplimiento de la ley ("de las Convivir que tienen ya más de dos años, no hay ninguna que haya cumplido con el requisito de renovar su permiso de funcionamiento"), la peligrosa personalidad de sus integrantes ("apenas a un 9 por ciento de cerca de los 10 mil hombres que actualmente las integran se les han examinado sus antecedentes penales"), su sinrazón política ("las Convivir son una violación del contrato social, porque representan una manera de devolverle al ciudadano la capacidad de ejercer la fuerza, a la cual renunció"), su ilegitimidad ("las autoridades deben mantener el monopolio eficaz y legítimo sobre el ejercicio de la fuerza"), la responsabilidad del Estado ("la ineficacia de la fuerza pública y los problemas de impunidad de la justicia no pueden convertirse en excusa para que el Estado deje de asumir su responsabilidad constitucional de defensa del orden social"), su presencia verdadera ("si deben estar armadas para ayudar a la fuerza pública, ellas participan en el conflicto armado como combatientes"), su peligro ("al contrario de servir para remover la indiferencia de la población, convierten a esa misma población en blanco de la insurgencia al no permitir distinguir quiénes participan directamente en el conflicto, y quiénes no"), y su actuación tendenciosa ("no es cierto que carezcan de color político: fueron concebidas «para realizar labores de apoyo a la fuerza pública en su tarea 'antiguerrillera', o sea que está señalado específicamente contra qué enemigo se tienen que dirigir").

Pero las Convivir tenían el cáncer por dentro. Y fue así como en octubre de 1996 el gobernador Uribe Vélez solicitó que se dotara a sus integrantes de armas de largo alcance, con el propósito, según dijo, de "convertirlas en grupos de reacción inmediata en apoyo de las Fuerzas Armadas". El rechazo a esa solicitud fue unánime. No sólo los sectores de izquierda se mostraron en contra. Un conservador caracterizado, como Ramiro Valencia Cossio, señaló que "la idea de armarlas desnudaba la verdadera naturaleza de tales asociaciones". El gobernador se defendió: -Este año -le dijo a Semana-, hemos recibido visitas de Amnistía Internacional y de Americas Watch, y ninguna de las dos organizaciones ha encontrado nada irregular en el funcionamiento de las Convivir. Desde que fueron creadas las asociaciones sólo se ha registrado un caso de extorsión, que fue rápidamente neutralizado. Hay consenso, en cambio, en el papel tan positivo que han jugado en materia de seguridad. Y no son pocos los finqueros que han podido regresar a sus fincas gracias a ellas. Ahora bien, ¿cuándo regresaron? Regresaron, lo afirma el gobernador, cuando las Convivir denunciaron a 75 guerrilleros del EPL y de las FARC, que fueron capturados, y cuando, gracias a sus informaciones, se dio de baja al hombre de confianza del cura Pérez, el comandante Juan Pablo, del ELN, famoso por su crueldad. Hoy, cinco años después, valdría la pena investigar cuál fue el camino que tomaron esos 75 guerrilleros. A ojo cerrado, cualquiera podría decir que quienes no se plegaron a la nueva situación, están muertos. Y que los demás, la gran mayoría, forman parte de las fuerzas paramilitares.

Respecto del orden público, el segundo punto en importancia para el gobernador (después de las Convivir), fue el de la intervención internacional. El 20 de febrero de 1996, ante la reunión de los mandatarios seccionales con el presidente de la República, Uribe lanzó por primera vez su propuesta. -En realidad no es una propuesta -dijo el gobernador- Es, más bien, una alternativa que puede considerarse. La noticia de primera plana en El Tiempo fue escueta. El periódico recogió las declaraciones del funcionario antes de entrar a la reunión: "Todos los días sé de cosas más graves en Urabá y estoy convencido de que se necesita la participación institucional de la población civil. De ahí mi compromiso de asumir la política de impulsar las organizaciones Convivir. Estoy convencido que se necesitan alternativas extraordinarias como la de pensar en un apoyo internacional al Ejército y a la fuerza pública regular de Colombia para poder derrotar la criminalidad... Ante la incapacidad del Estado para tutelar la vida de los obreros de Urabá, acudiendo a los procedimientos convencionales, debe pensarse en el apoyo de fuerzas internacionales de la Organización de las Naciones Unidas". «No quiero entrar en polémicas con el gobierno –terminó Uribe-. Quiero simplemente sembrar la idea, proponer este debate, suscitar una reflexión nacional sobre este tema, ya que con los procedimientos convencionales con los cuales hemos venido enfrentando la criminalidad no hemos salido exitosos».

Aunque el alto gobierno oyó esa propuesta (o alternativa) como quien oye llover, Uribe siguió trabajando sobre ella, y ahora forma parte de su agenda internacional. Bajo un eventual gobierno suyo, la guerra en Colombia se verá enriquecida por la presencia de tropas extranjeras. Es posible que jamás llegue a concretarse semejante medida, porque, pese a todo, los mecanismos institucionales del país siguen siendo muy fuertes. Pero ahí está, en las insondables –e imprevisibles- obsesiones de un testarudo.

¿Cambió el panorama de la guerra durante la Gobernación de Uribe? Muy poco. En una visita que, por invitación de la Conferencia Episcopal, efectuó al Urabá la organización holandesa de defensa de los derechos humanos, Pax Christi, encaminada a decidir sobre la veeduría internacional pedida por los alcaldes, Liduvin Zumpwole, una de las tres representantes de la misma, señaló que «no hay voluntad de paz de los actores en conflicto; se sigue matando a las personas y es increíble que nadie diga nada». Así las cosas, dijeron las delegadas, "una misión internacional de observadores se vería impotente para trabajar en Urabá, debido al temor y la intimidación que allí existen y que se manifiestan en la impunidad y la ley del silencio imperantes". "Para Pax Christi -agregó la vocera- en la zona no se puede aplicar el término 'veeduría', toda vez que no existe un acuerdo en ese sentido entre las partes enfrentadas. El objetivo de una misión (de esa naturaleza) debe ser el de apoyar los esfuerzos de paz de la población civil, tratar de iniciar un diálogo entre las partes enfrentadas, estimular un acuerdo para que respeten el Derecho Internacional Humanitario y denunciar las violaciones a ese Derecho". Sin embargo, los esfuerzos en que se empeñó la comunidad para buscar la ayuda no militar de organizaciones internacionales, siguieron a la orden del día. El 7 de marzo una nueva misión de Pax Christie inició un recorrido el Urabá. La presidía el obispo de Rotterdam, Adriano Van Luyn. Los delegados se reunieron con representantes de la iglesia, con las autoridades municipales, delegados de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo, representantes de la Fiscalía, empresarios y trabajadores, autoridades policiales y del Ejército, comerciantes y líderes comunales, y estudiaron la posibilidad de integrar una "Comisión Internacional de Observadores". «Nuestra ayuda será de solidaridad con la población inerme. Trataremos de aportar una forma para la reconciliación de las partes en conflicto», dijo Van Luyn, y anunció que esperaban "poner en práctica en Urabá la experiencia que la organización tiene en varias regiones de conflicto en el mundo, como el Medio Oriente, la ex Yugoslavia, Sudán, Sudáfrica y Chechenia". Pero la visita no condujo a nada. Y el 26 de febrero de 1996, seis días después del anuncio de la "internacionalización del conflicto" hecha por Uribe Vélez, la guerrilla incendió la casa de la hacienda Guacharacas, propiedad de su familia, ubicada en el municipio de San Roque, y protagonizó nuevos ataques, que fueron respondidos por los paramilitares con sevicia. En un ataque sangriento, las autodefensas dejaron catorce parroquianos muertos en Segovia. Ante las masacres continuadas de marzo y abril, Samper anunció que su gobierno estaba "en pie de guerra" con la subversión, precisó que se crearían "zonas especiales de orden público" (la primera en Urabá), señaló que la Policía no se retiraría de ningún municipio, y oyó impasible cómo los altos oficiales del Ejército informaban que esa institución estaba en capacidad de ganar la guerra. El gobernador de Antioquia, Uribe Vélez, sostuvo que ante esa noticia consideraba innecesario insistir en su propuesta de internacionalizar el conflicto. Una vez en Medellín, Uribe se reunió con sus asesores y resolvió que no: que el Urabá antioqueño no sería declarado "zona especial". ¿Por qué esa determinación? No se obtuvo ninguna respuesta. Pero resolvió, eso sí, que se tomarían una serie de medidas restrictivas: impidió que los establecimientos públicos funcionaran más allá de las 12 de la noche, prohibió utilizar motocicletas entre las 8 de la noche y las 5 de la mañana, determinó que los "parrilleros" no podían usar cascos, y aplicó con rigor la prohibición de vender licores a menores de edad. ¿Suficiente para la tremenda situación de orden público que vivía la zona? Tal vez no. Pero, según el PC, no podía proceder de otra manera porque aún no había terminado el avance de los paramilitares. A finales de marzo, los hombres de Carlos Castaño llegaron al Bajo Cauca antioqueño. Los siete municipios de esa zona denunciaron ante las autoridades departamentales la presencia de grupos extraños. Como "por razones de seguridad" los mensajes iban sin firmas, se dijo que eran anónimos y ningún funcionario atendió a esas quejas. En los primeros días de abril los paramilitares atacaron a Valdivia, uno de esos municipios, y mataron a diez vecinos. Luego se dejaron ver en Cáceres, donde secuestraron a un maestro y en Taraza, poblado en el que asesinaron a varios campesinos, acusándolos de colaborar con la guerrilla. El 22 de abril, personas sin identificar mataron en Segovia a quince personas. En una noticia publicada el 2 de mayo en El Tiempo, se dio cuenta exacta de una de las razones de esos ataques: "los paramilitares están adquiriendo las mejores tierras de la zona y tienen aterrada a la población civil que huye despavorida dejando sus casas y trabajo". Entonces, en un nuevo mensaje dirigido al gobernador con copias a la Procuraduría, la Personería, la oficina de Derechos Humanos y la Cruz Roja, precisaron su indignación por la indiferencia del Ejército y de la Policía, acantonados en dos bases militares, una en Taraza y otra en Caucasia, y acusaron a los alcaldes de esas localidades de «hacerse los de la vista gorda». Pero nada detuvo el avance de la tragedia. El miércoles santo los paramilitares asesinaron a diez personas, entre ellas, dos niños, que se encontraban en el billar El Golazo, del barrio Policarpa, de Apartado. Unos días más tarde, el domingo 5 de mayo, cuando los vecinos de Pueblo Bello descansaban preparándose para el comienzo de la semana, llegó la guerrilla. Una columna de las Farc mató a nueve personas, entre ellas dos niñas, e incendió parte del casco urbano, compuesto por 50 casas de madera y paja. Luego, se dirigió a Alto de Mulatos, donde mató a otras siete personas. Los relatos fueron espeluznantes. Los hombres, comandados por "El Manteco", sacaron a los pobladores de sus camas, los amarraron y los mataron a machetazos y con disparos en la cara. Luego quemaron los cadáveres. El gobernador habló por radio: -El discurso de rechazo -dijo- se nos agotó. Esta matanza demuestra que el Estado tiene una tremenda debilidad para derrotar a los criminales. Y luego reclamó de nuevo ayuda internacional y reiteró sus tesis sobre las asociaciones de seguridad: -No podemos seguir rasgándonos las vestiduras por un falso concepto de soberanía. Hay que organizar a la comunidad en asociaciones de seguridad, porque mientras no haya integración van a seguir avanzando los violentos. El alcalde de Turbo repudió el hecho y anunció que se tomarían medidas. Cuarenta y ocho horas más tarde, en Medellín, se reunió el Consejo de Seguridad. Ante el ministro de Defensa, que lo presidía, el gobernador insistió: -Es necesario que tropas extranjeras se encarguen de la seguridad en la región bananera. -La posición del gobierno nacional -dijo el ministro- sigue siendo la misma: un rotundo no a la fórmula que implique solicitud u ofrecimiento para la presencia de fuerzas militares extranjeras o internacionales en Urabá. En Urabá se debe crear una "zona especial de orden público". Pero el ministro fue derrotado. El Consejo acogió la idea del gobernador y le ordenó elaborar un proyecto de cooperación internacional para la Fuerza Pública, el cual sería presentado a las Naciones Unidas. El 11 de mayo, sábado, Uribe anunció la creación de la primera zona especial de orden público en el país, en los municipios de Segovia y Remedios. De inmediato, el comandante de la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, asumió el control de la región. Se dispuso que la Brigada contara con retenes para llevar un registro detallado de todas las personas que ingresaran y salieran de los municipios, y se la autorizó para otorgar salvoconductos de movilización, que las personas tendrían que portar en lugar visible. El decreto prohibió también el tránsito nocturno de cualquier clase de vehículos, y suspendió todos los permisos para el porte de armas de fuego, con excepción de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el DAS y la Fiscalía. El resto de la historia sigue los mismos derroteros. Nuevas masacres, nuevos crímenes, más "investigaciones exhaustivas", más violencia, menos espacios políticos. El avance paramilitar durante la gestión de Uribe fue dramático. En Mi confesión (Castaño, 2001, página 222), el jefe de las autodefensas reconoce que hacia 1994 "apenas entraban" al Urabá. Y luego dice: "Los momentos más violentos se comenzaron a vivir en 1995 y 1996, cuando la guerra entre las FARC y el EPL se recrudeció. Las Autodefensas aprovecharon este conflicto y ejecutaron selectivamente a individuos colaboradores de las FARC y el EPL, prolongándose el enfrentamiento militar entre ambas guerrillas y nosotros hasta la extinción del EPL. Las guerras no son limpias y ninguna puede serlo... La degradación del conflicto alcanzó el máximo al hacerse excesivas las masacres. Se provocaban como carambolas, un golpe incitaba otro golpe. Cada fin de semana los grupos armados nos contestábamos entre sí con ejecuciones masivas de colaboradores o simpatizantes... Aquella época fue terrible para mí como persona y comandante. Se vivía una guerra de una orda (sic) contra otra orda (sic), bestias contra bestias. Confieso que no era capaz de ver los noticieros y creo que allí fallecieron tanto inocentes como culpables". Luego, Mauricio Aranguren, quien hace la entrevista, le lee al paramilitar las cifras de la violencia en Urabá: "Durante 1995 en Urabá los actores armados realizaron seis masacres con un saldó de 86 muertos. Además, se presentaron 952 asesinatos en casos aislados, inferiores a cinco individuos. La serie de masacres comenzó después de que la guerrilla de las FARC asesinara a seis personas, entre ellas dos soldados vestidos de civil en Apartado. Los paramilitares contestaron con una masacre de 18 personas en una discoteca de un barrio habitado por miembros de la Unión Patriótica, brazo político de las FARC en Chigorodó. La respuesta de este grupo guerrillero no se hizo esperar y estos ejecutaron a 11 personas en Apartado y 19 más en el municipio de Carepa. En medio del estupor nacional por lo que sucedía allí, se vivieron unos días de tregua y luego las Autodefensas de Córdoba y Urabá ajusticiaron a seis miembros de la UP en Turbo. La cadena de muertes concluyó el 20 de septiembre de 1995, cuando las FARC penetró nuevamente en Apartado y perpetró la masacre conocida como 'Bajo del Oso' donde detuvo un bus y obligó a todos los pasajeros a bajarse, empujándolos contra el piso, amarrándoles las manos y ejecutando a las 26 trabajadores de esa finca bananera". Y lo mismo durante 1996 ("En el primer semestre de 1996 la situación no cambió..."), aunque ese año se acabó el EPL. Pero la tragedia de Colombia se puede ver, con toda claridad, en el testimonio del asesino confeso (Castaño, 2001, página 229): "El Ministerio del Interior les pagó cerca de cuatro mil millones de pesos a estos guerrilleros (del EPL) para que se reinsertaran y a la postre ingresaran a las Autodefensas. A raíz de la crisis política del momento la negociación favoreció al presidente Ernesto Samper, pues se acabó la guerrilla del EPL. Seiscientos renegados de la guerrilla se cambiaron de bando y se colocaron el nuevo brazalete". ¡Cuatro mil millones de pesos del patrimonio común, para que 600 individuos abandonen un grupo criminal e ingresen a otro, más criminal todavía! A su tumo, el Ipec (Instituto Popular de Capacitación) señala que en 1996, en Antioquia, "se registraron 55 masacres en las cuales murieron 342 personas, en su mayoría campesinos. En ese momento Apartado registró el mayor número de masacres con un saldo de 52 personas muertas. Le siguieron Medellín, Mutatá y Turbo. Lo peor del caso es que en un 27.27 por ciento de las registradas no tienen autores determinados y muchas de ellas se habrían cometido por negligencia de las autoridades militares". En todos estos crímenes estuvo involucrado un conflicto de tierras prácticamente insoluble. Durante la Gobernación de Uribe se arrasaron los incipientes movimientos campesinos del Urabá y creció el desplazamiento. Dos terratenientes involucrados directamente en los conflictos fueron Javier Uribe, en la vereda Peñas Azules, y Gilberto Arbeláez, en Guacas. El 20 de enero de 1996, ante una exigencia del ELN, el gobernador Uribe anuncia que "mientras se desempeñe como mandatario continuará promoviendo la creación de Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir)". Su posición hizo carrera. El 17 de mayo, ante la IX asamblea de afiliados de la Asociación de Ganaderos del Atlántico y Zona Norte (Asoganorte), Rodrigo García, presidente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, les pidió "empuñar las armas" en su defensa, y puso como ejemplo la situación de Córdoba en donde "gracias a ese mecanismo, se vive ahora un oasis de paz". En la misma reunión, Jorge Visbal Martelo, presidente de Fedegán, pidió "reformar la Constitución para dotar a las fuerzas militares y al Estado de un marco jurídico que le permita actuar sin el fantasma de la Contraloría o de los organismos de derechos humanos, que parecen sólo defender los derechos de los delincuentes". Y Pedro Juan Moreno, en representación del gobierno de Antioquia -dice El Tiempo- "fue enfático en recomendar a los ganaderos de la costa atlántica 'la conformación de las asociaciones Convivir, con el fin de reducir los altos índices de inseguridad. Moreno dijo que en el Urabá antioqueño fueron conformadas 32 asociaciones con 30 y 40 personas cada una. Recordó que 'no son grupos de choque sino de inteligencia y colaboración con las autoridades"'. Pues bien. De acuerdo con el informe del Convenio Cinep & Justicia y Paz (1998), esos "grupos de inteligencia y colaboración con las autoridades" participaron activamente en la escalada de violencia que vivió Antioquia en la Gobernación de Uribe Vélez. "Por ejemplo -dice el informe-, en el trimestre de julioseptiembre de 1996, de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el país 104 corresponden al departamento. En el primer semestre de 1998, las víctimas de violaciones a los derechos humanos fueron 207 de las 668 en la totalidad del territorio... Cifras que representan los niveles de violencia alcanzados en uno de los departamentos con mayor presencia de la fuerza pública y de las Convivir". Párrafo seguido, el Informe trae un dato revelador: "En Antioquia el proyecto de instauración de las Convivir ha sido claramente abanderado por el ex gobernador Alvaro Uribe Vélez incluso en contra o sin el conocimiento de las autoridades municipales. A pesar de que los alcaldes además de ser elegidos popularmente son los responsables del orden público local, la creación de las cooperativas de seguridad no les son ni siquiera comunicadas. Muchos de ellos se enteraron de la existencia de estas organizaciones armadas, gracias a la información de prensa, y así lo manifestaron en carta al gobernador (Uribe) los alcaldes de San Jerónimo, Mutatá, Copacabana, Jardín, Río Negro, Anorí, Andes, Necoclí y Puerto Berrío". Luego el Cinep transcribe apartes de la entrevista que le hizo El Colombiano al personero de Medellín, Rafael Alberto Patino, el 4 de marzo de 1998: "Nos tocó el período gobernado por Alvaro Uribe Vélez -dice Patino-, quien insistió en una propuesta de fuerza y choque frente a la situación de orden público que vivía el departamento. Al principio de 1995, Antioquia tenía dos o tres zonas difíciles, y culminando el período de este gobierno, el departamento todo está en guerra. La administración municipal nunca tuvo noticia formal de las asociaciones Convivir... Durante el gobierno de Uribe Vélez se crearon unas Convivir ovejitas, que eran las de mostrar, a las que debía tapárseles muchas cosas, camuflándose en ellas las Convivir lobo, organizadas por el Ejército nacional sin tener competencia alguna. En mi opinión, todas las Convivir que están funcionando son ilegales".

En el mismo informe pueden leerse algunos datos de importancia. Por ejemplo, a raíz de la masacre de 10 personas en La Herradura, que ocurrió el 14 de agosto de 1997, las autoridades judiciales hicieron un allanamiento a la sede de las Convivir, donde "decomisaron tres armas de fuego al parecer utilizadas en el delito". El 10 de enero de 1998, el CTI capturó a cuatro integrantes de las Convivir acusándolos del crimen. El Cinep reseña algunos casos similares, ocurridos durante la gobernación de Uribe Vélez, que valdría la pena reproducir. "La Fiscalía regional de Medellín llamó a juicio a Juan David González Quiceno, integrante de la mayor cooperativa comunitaria de vigilancia rural del departamento de Antioquia, la Acepal, por su presunta responsabilidad en el homicidio agravado de dos indigentes: Giovanni Alberto Fiórez Manco y Juan Bernardo Ossa Marín, abaleados el 11 de noviembre de 1997 en el atrio de la iglesia de La Veracruz de Medellín. "En agosto de 1997 fueron capturados ex miembros de las Convivir Los Girasoles y de la Convivir Acepal cuando fueron sorprendidos en el momento en que asaltaban dos camiones. Otros tres integrantes de estas organizaciones fueron sorprendidos cuando recibían una alta suma de dinero producto de una extorsión. Además, existen marcadas sospechas de la posible participación de miembros de la Convivir Los Girasoles en el asesinato de ocho personas en la ciudad de Medellín. Por lo anterior se le suspendió la personería jurídica a las mismas. "En la Dirección Seccional de Fiscalías de Antioquia fue radicada una diligencia del fiscal delegado, quien luego de estudiar una serie de denuncias presentadas ante su despacho, observó la presencia y conformación de un grupo de justicia privada en el municipio de Amaga, que extiende su radio de acción a otros varios municipios del suroeste antioqueño, que irrumpen en la población en vehículos con hombres fuertemente armados que se dedican a desaparecer jóvenes y campesinos de la región. Este accionar criminal se le atribuye a la Convivir Cooperativa Las Garzas, integrada básicamente por ex policías de ese municipio. "En el mes de septiembre de 1996 se entregó a la Fiscalía el reconocido paramilitar José Alirio Arcila Vásquez, quien en sus diferentes manifestaciones ante las fiscalías de Medellín y Bogotá afirma haber sido integrante de la Cooperativa Convivir Los Sables perteneciente al municipio Ciudad Bolívar ubicado al suroeste antioqueño, donde era el segundo hombre al mando, bajo la dirección del ex capitán del Ejército Ciro Alfonso Vargas, y entre los meses de enero y mayo de 1996 reconoce haber participado de manera conjunta con los grupos paramilitares en la comisión de más de 40 homicidios entre los meses de enero y mayo de 1996. El mismo paramilitar afirma que la Convivir del municipio de Amaga, de nombre Las Garzas, al mando del sargento Castro, entregó a los paramilitares una lista con más de 60 nombres, fotografías y direcciones de personas señaladas como colaboradores de la guerrilla, quienes fueron asesinadas. El confeso paramilitar agrega que de la acción conjunta entre las Convivir y los paramilitares al mando de Carlos Castaño, tenían pleno conocimiento el mayor del Ejército de la IV Brigada de Medellín de apellido Clavijo, el mayor Óscar Zuluaga y el sargento del B-2 de inteligencia Miguel Salinas, porque en varias oportunidades se reunieron con el señor Carlos Castaño para planear ciertos homicidios de defensores de derechos humanos. Ha dicho igualmente ante las autoridades, que el señor Castaño se encuentra detrás de las Convivir a las cuales financia. El 29 de octubre, un juez regional de Antioquia condenó a Arcila Vásquez, a seis años de prisión. "Al señor Luis Alberto Villegas Uribe, fundador y presidente de la Cooperativa Convivir El Cóndor, con sede en el corregimiento de San José del Ñus del municipio de Maceo, Antioquia, se le impuso medida de aseguramiento consistente en la detención preventiva por colaboración con actividades de grupos paramilitares en el sector. De las pruebas recaudadas por la Fiscalía consta que el señor Villegas es un ganadero de la región, quien se encargaba de la recolección de cuotas para el funcionamiento de las Convivir y de dar información a los grupos de autodefensa. También se presume su participación en la coordinación de algunas masacres ocurridas en la zona del nordeste antioqueño. Al parecer, en los vehículos de las Convivir se desplazaban los miembros de las autodefensas y todo indica que no sólo el señor Villegas Uribe tenía relación con los grupos al margen de la ley sino también miembros de la fuerza pública de los municipios de Santo Domingo, Museo y San Roque y los corregimientos de Cristales y San José de Ñus... "Investigaciones adelantadas por la Fiscalía de Medellín indican que los señores Óscar Restrepo Silva y Henry de Jesús Restrepo López, integrantes de la Convivir Las Guacamayas, operan permanentemente con paramilitares del Magdalena Medio y narcotraficantes, se les ve fuertemente armados, y mantienen relaciones de amistad con el estado mayor de la brigada de Puerto Berrío y con la Policía. A los mencionados se les sindica de la muerte de Hilder Alfonso Corredor Rivillas y Gabriel Antonio Monsalve Salazar, en hechos ocurridos el día 27 de junio de 1995. El día 29 de julio del mismo año son asesinados Elías Alberto David Jaramillo y Hernando Abad Martínez, y se involucra en esas muertes a Óscar Restrepo y a Félix Gaitán, miembro de la misma Convivir... "Otro declarante señala que esta misma Convivir es la responsable de la muerte de Darío Aguinaga y de la desaparición de un joven apodado Toto', y afirma que al señor Restrepo y a los otros miembros de las Convivir se les ve patrullando permanentemente con alias Moreno, alias Conejo y alias Condorito, reconocidos paramilitares del Magdalena Medio. "Otro declarante con reserva afirma ser testigo del hecho de que la Convivir Las Guacamayas ha llevado paramilitares a la zona, los entrenan en Caño Baúl, Santander, durante tres meses, y luego comienzan a operar bajo las órdenes de Félix Gaitán. Que la mayoría de los miembros son reservistas y que el señor Restrepo es el encargado de pagarles. Que la mencionada situación se incrementó desde cuando asignaron al general Faruk Yanine Díaz como comandante de la XVI Brigada, cuando los carros entraban a la Brigada se abastecían de remesas y salían para los campamentos de las autodefensas. El mismo testigo cuenta que él me llevado a trabajar a la finca del señor Salomón Valencia, pero una vez allí se dio cuenta que era la base de un grupo paramilitar y al poco tiempo se le advirtió sobre la presencia del señor Félix Gaitán, paramilitar del Magdalena Medio, quien visitó la finca fuertemente escoltado y agrega que llevaron una señora y tres muchachos, los torturaron, a la señora le rasparon el estómago y con motosierra partieron a los otros tres. A los pocos días mataron dos jóvenes menores de edad. A uno le decían 'Pollo' y el otro respondía al nombre de Carlos. Después mataron a un anciano trabajador de Félix Gaitán porque decía que este era mafioso. Con estos hicieron polígono, después los destrozaron con la motosierra y los metieron dentro de unos costales. "El mismo testigo advierte que la XIV Brigada es parte del grupo porque entran y salen de las fincas de Valencia y Gaitán. "En un informe de inteligencia del Cuerpo Técnico de Investigación se asegura que la acción conjunta de los paramilitares y la Cooperativa Convivir Las Guacamayas, además de las acciones ya referidas, son culpables de la muerte de Luis Alfonso Martínez, Alfonso Pelees, Darwin Cifuentes, Miguel Amariles, Ramón Agudelo, Francisco Toro y Henry Jiménez Arroyabe. El informe ratifica que los integrantes del grupo paramilitar son en su mayoría los mismos miembros de la Convivir en cuestión, de la cual hacen parte Carlos Gómez, Rogelio Becerra Carmena, Teódulo Palacios Rentaría, Rafael Díaz Palacios, Luis Alberto Arrieta, Salomón Valencia y Algiro Tamayo, quienes gozan de pleno respaldo de las autoridades locales, de la Policía y del Ejército. "En el curso de la investigación se reciben otras declaraciones con reserva de identidad que continúan narrando diferentes hechos de sangre contra más de 30 campesinos, cometidos por grupos paramilitares en asocio de la Convivir Las Guacamayas, no sólo en Puerto Berrío sino además en los municipios de Maceo, San Roque y el corregimiento de Cisneros... El 19 de marzo de 1997 el capitán del Ejército Ernesto Camacho les manifestó que tenía conocimiento de que estaban colaborando con la Fiscalía y 'que ya tenían gente para que los tiraran al río'... "El 2 de diciembre de 1996 ejecutaron extrajudicialmente a Walter Balaguera, Filiberto Ruiz y Fair Gualdrón, estos últimos en presencia de sus seis hijos, el menor de 8 años de edad. De las muertes se sindica a presuntos muertos de la Convivir Renacer... "El 4 de febrero de 1997, integrantes de un grupo paramilitar con apoyo de unidades del Batallón Contraguerrilla No 43, adscrito a la XTV Brigada y miembros de una cooperativa de seguridad Convivir, quienes portaban armas de corto y de largo alcance, algunos con capuchas, incursionaron en la inspección de policía de San Francisco y durante más de cuatro días detuvieron arbitrariamente a 40 campesinos, entre ellos a quince menores de edad, a quienes sometieron a tratos crueles y amenazas verbales, y torturaron al campesino Antonio. Al abandonar la población, ejecutaron extrajudicialmente a cuatro campesinos, a quienes descuartizaron y castraron, llevándose consigo a otro campesino cuyo paradero es desconocido". Todo ello en algunos pocos meses de la larga gobernación de Uribe Vélez, quien en numerosas ocasiones ha dicho que de las Convivir que se organizaron bajo su mandato sólo dos "tuvieron problemas". En el reportaje que le concedió a Patricia Lara, y que fue publicado el 6 de abril 145 en Lecturas Dominicales de El Tiempo, el candidato rechaza la afirmación de la periodista, quien ha dicho que "las (Convivir) que no se disolvieron se transformaron en paramilitares", y sostiene que eso no ocurrió en Antioquia. Allá, dice, "las controlamos. Nunca fueron clandestinas. Procuramos que estuvieran bien dirigidas y que fueran verdaderas empresas de seguridad para el campo. Hubo problemas en dos de ellas. Las sancionamos y a una le cancelamos la personería". En los informes de la Fiscalía que recoge el Cinep se mencionan ocho Convivir. La diferencia es significativa. Como el hecho de que Salvatore Mancuso, actual "comandante" militar de las Autodefensas, haya formado parte de una de esas organizaciones, como lo demuestra el informe de labores de la Superintendencia de Seguridad (1996), donde se lee (página 63) que a la Convivir que lleva el nombre de dicho individuo, se le entregaron quince subametralladoras, quince pistolas de 9 mm., y quince fusiles. Sobre ese dato todavía no se ha pronunciado el candidato. Cuando Uribe se retira de la Gobernación las cifras relacionadas con la seguridad son dramáticas. De acuerdo con datos de la Policía Nacional, en Antioquia sólo dos índices disminuyeron levemente: piratería terrestre y delitos contra la vida y la integridad personal. Los demás, delitos contra el patrimonio económico, casos de terrorismo, entidades oficiales o privadas afectadas por terrorismo, secuestro extorsivo, hurto calificado a residencias y hurto a entidades financieras, se dispararon sin control alguno.

En el folleto de promoción de su campaña presidencial, se lee textualmente que "la política de seguridad (del gobernador Alvaro Uribe), con apoyo a la fuerza pública y colaboración transparente de la ciudadanía, redujo el secuestro en un 60 por ciento y las vías fueron transitables". Por el contrario, en los cuatro años el secuestro aumentó en un 268 por ciento, a un promedio de 67 por ciento anual. Sobre las demás cifras, silencio absoluto. La campaña de Uribe para la Presidencia de la República se inició en firme la noche del 29 de abril de 1999. En un banquete que congregó a mil quinientas personas, el candidato le rindió homenaje a los generales Femando Millán y Rito Alejo del Río, llamados a calificar servicios cuando se les acusó de tener nexos con grupos paramilitares. Frente a una mesa donde tomaban asiento los más caracterizados voceros de la extrema derecha: Jorge Visbal, presidente de Fedegán; Harold Bedoya, ex general y ex candidato; Pablo Victoria, congresista en trance de desaparecer; Femando Londoño, abogado del ex ministro Femando Botero, condenado por enriquecimiento ilícito a favor propio; Plinio Apuleyo Mendoza, ex izquierdista converso; Hernán Echavarría Olózaga, empresario de azulejos; Fernando Devis Morales, presidente de Augura; y Pedro Juan Moreno, Uribe Vélez pidió que se dialogara de igual a igual con las guerrillas y con los paramilitares, y precisó que respetaba el fuero presidencial para remover a los oficiales de las Fuerzas Armadas, pero discrepaba de que esa prerrogativa se le traspasara a las fuerzas insurgentes.

María Isabel Rueda, en Semana afirmó que "todo el mundo" había interpretado que "la asistencia de Alvaro Uribe a ese banquete correspondía a la búsqueda del escenario apropiado para lanzar su candidatura presidencial, o por lo menos, su sonoro regreso a la vida política nacional". Y El Tiempo, siempre tan acomodaticio, reseñó el acto bajo un título significativo: "Uribe, ¿en el lugar y hora equivocados?". Ocho días más tarde Rueda, periodista cercana a las tesis del candidato, indicó que era un error que "un presidenciable como Alvaro Uribe se ubique tan tranquilamente en una postura que de ninguna manera consulta la realidad nacional. Es tan grave convertirse en idiota útil de la guerrilla, como en idiota útil de la tendencia de un poder autoritario en el seno de nuestras Fuerzas Militares". Y, luego de oír el discurso de Uribe, añadió: "Lo que a mi parecer no le quedó claro fue finalmente qué era lo que pensaba: ¿al fin no, o al fin sí? Porque en su discurso fue enfático al afirmar que el banquete era un acto de homenaje, pero también uno de protesta, porque asegura que 'lo grave de esta ocasión es que la solicitud atendida proviene de la insurgencia, con base no en providencias de la justicia de Estado sino en sus prevenciones, prejuicios y estrategias', siendo así que un párrafo antes había dicho que 'aunque hay determinaciones que duelen y se deploran, su aceptación, llana y simple, en el estamento armado, es indispensable como premisa del orden democrático', y porque asegura en su discurso que se debe reexaminar el concepto, y lo escribe en mayúsculas, de hacer la paz en medio de la guerra, lo que sólo conduce a la conclusión de que es mejor hacer la paz en medio de la paz, y a la sensación de que nos están dando un consejo medio bobalicón". En ese entonces, Rueda, como muchos otros observadores, pensaba que la paz era un proceso serio en el que se debían comprometer a fondo todas las fuerzas vivas del país. Pero el estruendoso fracaso de la propuesta de Andrés Pastrana, que mostró en el curso de pocos meses sus deleznables pies de barro, llevó a que un grupo humano desesperado y acosado por los escenarios de la hecatombe y por sus crueles protagonistas, diera un vuelco de 180° y se reuniera en tomo a un hombre que, desde el comienzo, le apostó al fracaso del proceso de paz. ¿Por qué? Tal vez porque esperaba que todos termináramos por damos un porrazo, para sacar de su cubilete de mago una propuesta más cercana a su forma de ver el mundo: un proceso de guerra.