En agosto de este año, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se preguntó qué era más poderoso, si el dinero o la justicia, en alusión al papel de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- frente al escándalo de corrupción del caso Odebretch. Esto, debido a que las autoridades de Estados Unidos actuaron con pruebas colombianas que las autoridades de este país nunca han usado adecuadamente.

En agosto pasado la agencia federal estadounidense Securities and Exchange Commission, SEC, condenó al Grupo Aval y a Corficolombiana a pagar una multa de US$ 40 millones por haber cometido sobornos en Colombia para obtener la adjudicación de obras de infraestructura en el tramo Ocaña-Gamarra, de la Ruta del Sol II. Ambas entidades confesaron sus delitos.

El caso quedó radicado en una corte federal de Meriland, tribunal que durante tres años vigilará y exigirá que las empresas condenadas delaten a todos quienes participaron en la comisión de los delitos y aporten pruebas que poseen para ahondar en las investigaciones.

Por esos días el Presidente recordó en su cuenta de X que la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC- y la Fiscalía General de la Nación, “se dedicaron a dejar sin justicia el caso Odebrecht por defender los intereses particulares del Grupo Aval. Hasta la multa les quitaron”.

Petro ordenó que la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado solicitara por canales diplomáticos la información y las decisiones por medio de las cuales Estados Unidos condenó al Grupo Aval y a Corficolombiana. En este caso, el fiscal general Francisco Barbosa se opuso abiertamente alegando que ese trámite, supuestamente, solo lo puede hacer la Fiscalía y no lo hizo. Así, hasta hoy no ha llegado la información necesaria para que Colombia condene también a Corficolombiana y el Grupo Aval.

El 6 de diciembre de 2023 la periodista Paola Herrera puso el dedo en la llaga en la SIC al señalar a su titular, María del Socorro Pimienta, de estar tomando decisiones afectadas por conflicto de intereses, principalmente en la delegatura de Asuntos Jurisdiccionales, la que estaría liderada por un abogado llamado Jairo Rubio, “quien actúa en varios procesos en esa dependencia defendiendo los intereses de empresas que han resultado favorecidas con decisiones en la entidad.

Lo anterior generó que el mismo miércoles 6 de diciembre de 2023 se hubiera promovido con fuerza un numeral a través de las redes sociales que solicita la cabeza de la superintendente Pimienta.

"Hace unos días en este medio de comunicación revelamos las pruebas que evidencian los malos manejos que se están dando en una de las delegaturas más importantes de la Superintendencia de Industria y Comercio todo por la influencia del abogado Jairo Rubio que es amigo de la delegada y porque ni ella, ni su mano derecha se han declarado impedidas para conocer los procesos en los que él actúa”, recordó Paola Herrera, periodista de La W Radio.

En una respuesta que la SIC le envió a la periodista Herrera aseguró que todo estaba en orden y “no se está vulnerando la independencia de los jueces porque en la entidad actúan como un juez institucional”. También negó cualquier vínculo entre Jairo Rubio y Gloria Montero Cabas, delegada para asuntos jurisdiccionales de la SIC.

“Esa respuesta la seguimos desvirtuando”, dijo la periodista Herrera y agregó: ”insistimos, la delegada Gloria Montero sí se declaró impedida, una vez llegó al cargo en la SIC en febrero de este año, en dos procesos en los que actuaba como apoderada de Rubio antes de llegar a la entidad, lo que significa que reconoció que sí lo conocía y hasta trabajó con él”.

Sigue Herrera: “Llama la atención que no haya hecho lo mismo en los casos que vinieron después en donde también Jairo Rubio tenía intereses, por ejemplo, los procesos de competencia desleal de Avianca contra Latam o el de Partners contra Colombia Telecomunicaciones”.

La periodista certificó, además, que la asesora de Montero Yurani Agudelo tampoco declaró el conflicto de intereses para determinar las medidas cautelares que Jairo Rubio solicitó para Avianca contra Latam. Aunque Yurani Agudelo fue quien aceptó las medidas cautelares por parte de la SIC, esa decisión fue tumbada por el Tribunal Superior de Bogotá que en segunda instancia al señalar que “la SIC no cumplió con el análisis de todos los requisitos exigidos por la ley”.

Un grupo de abogados recusó a Gloria Montero y a su asesora Agudelo con fundamento en las investigaciones de Paola Herrera 

“En la solicitud de recusación la firma de abogados también llama la atención por esas órdenes que impartió la señora Agudelo a través del chat de la delegatura en donde les dice a los jueces que todas las decisiones que tomen las deben pasar primero por el despacho de la delegada”, reveló Herrera.

Actualmente, en manos de la SIC hay temas sin resolver como tratar de amparar la operación de la telefónica Tigo para mantener la estabilidad del mercado, el servicio a los 12,5 millones de usuarios y la estabilidad laboral de cerca de 15.000 empleados.

El ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, Mauricio Lizcano, lideró una reunión con los representantes y líderes de TIGO, EPM, Millicom, y con la participación de la SIC para encontrar una solución ante la crisis financiera por la que atraviesa la compañía.

“La voluntad del Gobierno es que se pueda mantener la operación de la empresa, y preservar así la conectividad de 12,5 millones de usuarios y el empleo de los 15.000 colaboradores que trabajan directa e indirectamente. Sea la decisión que se tome, lo que buscamos es que en ningún caso se deje de prestar el servicio, y que avancemos en todo momento el plan de conectividad en el país", declaró Lizcano.

Luego trascendió que Tigo y Movistar podrían unificar sus redes porque la SIC les autorizó crear una tercera empresa alegando que no afectará los mercados mayoristas y minoristas de telecomunicaciones, porque ambas compañías seguirán participando de manera independiente.

La SIC emitió el 9 de octubre pasado una resolución que autoriza a Tigo y Movistar para compartir su infraestructura de red, como también los derechos de uso del espectro radiofónico. Ambas compañías habían acordado en junio pasado crear una nueva empresa para compartir sus redes de acceso móvil y unir esfuerzos en el despliegue de nuevas tecnologías en Colombia. Aquella alianza es clave, porque el Gobierno nacional anunció que el próximo 20 de diciembre se realizará la subasta del espectro 5G en Colombia.

Otro escándalo que ronda a la SIC es la orden que emitió hace pocos días de retirar del mercado el Aguardiente Amarillo Real en medio de la disputa entre la Industria Licorera de Caldas y la Fabrica de Licores de Antioquia. Crece la pregunta sin respuesta sobre quiénes están detrás de este millonario pleito.

En el Palacio de Nariño se mantiene el anuncio de la salida de la superintendente Pimienta, pues el presidente Gustavo Petro está incómodo con mesa funcionaria.

En el gobierno subsiste la pregunta acerca de si la administración de Pimienta brinda garantías en procesos tan sensibles para Colombia, teniendo antecedentes como el escándalo de corrupción de Odebrecht, en el que la SIC actuó en contra de los intereses del país.