1.

La compleja situación que vive el país, ante todo es la expresión de una crisis social y política profunda cuyo carácter solo puede reconocerse advirtiendo que en ella se combinan factores y elementos de mediano y de corto plazo de los conflictos nacionales, que se relacionan con:

• El agotamiento del modelo de desarrollo financiero extractivista impuesto durante los últimos treinta años, y de un régimen político que ha entrado en una honda crisis de legitimidad y de representación.
• El relativo despeje de posibilidad de las diversas expresiones del conflicto social ocasionado por el desmonte de las formas principales del conflicto armado dentro del Acuerdo de paz de La Habana de 2016.
• El represamiento momentáneo de dichas expresiones que impuso la pandemia desde comienzos del año 2020, y la agudización de problemas como el hambre y el desempleo extendidos al 42% de la población a comienzos del año 2021.
• La torpeza gubernamental de querer aplicar nuevas reformas tributaria, de la salud y pensional, entre otras, basadas en grabar los precarios ingresos de los sectores sociales populares y medios, y ahondar las lógicas privatizadoras del servicio de salud, en plena situación de crisis social extrema.
• La consumación de un relevo generacional a manos de los jóvenes que nacieron a comienzos del siglo, hijos en su mayor parte de los ocho millones de víctimas de las últimas etapas de la guerra y parte de la población desplazada forzosamente del campo a la ciudad o de las provincias a las ciudades capitales departamentales.
• El cierre o superación de las tradicionales dicotomías propias del régimen político vigente hasta finales del siglo pasado, tales como la separación ciudad-campo, centro-periferias, país formal-país real, agendas sociales y agendas políticas, economía y política, dinámicas sociales y ambientales, cuyos respectivos extremos se han encontrado cada vez más en un país territorialmente integrado, relativamente comunicado, informado y abierto al mundo.
• La combinación de urgencias sociales y necesidades estratégicas de replanteamiento de las políticas públicas.

Ese conjunto de factores y procesos sociales han asumido una forma extrema de expresión en el estallido social generado a partir del paro de protesta convocado el 28 de abril pasado, cuyo sentido general podría parangonarse a un parto, doloroso y difícil, pero parto, de un nuevo régimen político, entendido como una necesaria reconfiguración de las relaciones de poder y de gobierno existentes, que ya no dan más para resolver los nuevos retos y realidades de la economía, la sociedad y la política del país. 

Se trata de un proceso de transición que ha empezado a configurarse de la manera colombiana por excelencia: Audacias y entusiasmos enfrentados y puestos a prueba por la adversidad colectiva; emocionalidades exacerbadas y rigideces de intereses dominantes; peticiones sociales respondidas de la peor manera por parte del establecimiento, en el sentido de la combinación de violencia, inercias institucionales, desconfianzas y estigmatizaciones de los actores sociales. En el cual se reedita lo traumático y doloroso de la repetición de aquella horrible noche consagrada en nuestro himno nacional como la supuesta e inevitable antesala del cierre y la apertura de épocas en nuestra historia.

2.

El agotamiento del régimen político está centrado en tres tipos de fenómenos tan evidentes: a) Profundos desgastes e incluso desconfiguración de las instituciones y de los actores políticos; b) El cierre de los imaginarios dominantes sobre los conflictos sociales, establecidos a partir de los años 80s del siglo pasado; y c) Los fracasos del gobierno actual, levantado a partir de la fórmula precaria de “invención de un presidente” acordada hace tres años entre las élites económicas y políticas y la corriente política del Uribismo, para buscar una fórmula desesperada de continuidad de un régimen rentista, corporativizado, autoritario y a la vez insostenible ante la crisis económica y los límites de la economía extrativista y financiera, y cada vez más impostado e improvisado en sus formas de representación política, y más espurio en las relaciones que ha impuesto entre los poderes públicos.

En el primer sentido, se trata del desgaste de las principales instituciones de poder, causado por el aplazamiento de diferentes reformas políticas asociadas a problemas como la corrupción, el clientelismo, la violencia, el narcotráfico, la paz, la protección de los bienes comunes y públicos, el bienestar de la mayoría de la población, la sostenibilidad ambiental, etc. Así, los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, y de control, y del ejercicio del monopolio estatal de las armas, los partidos políticos y los gremios económicos, están inmersos en una colosal crisis de desconfianza ciudadana, acrecentada por la corporativización del improvisado gobierno actual, en el cual los gremios sustituyeron a los partidos en el ejercicio del poder público, sumándose a las tendencias nacionales de sustitución de los partidos por los caudillos, de la participación real en la construcción de consensos, por los medios de comunicación (la democracia de opinión); de las corrientes políticas por las empresas electorales; de las políticas públicas por programas de gobierno; y de la gestión pública por el desarrollo de contratos, propias del régimen político de las últimas décadas.

En ese contexto, en el segundo sentido, asistimos a un cierre de los imaginarios políticos erigidos a partir del estatuto de seguridad del gobierno de Turbay Ayala (1978-1982), importados de la doctrina de la seguridad nacional del Cono Sur y de la teoría del shock aplicada en dichas dictaduras (Naomi Klein), que podría decirse fue el ensayo general de las políticas de combinación estatal de las formas de lucha legales e ilegales, militares y paramilitares dentro del conflicto armado, y de tratamiento del conflicto social (negación) vigentes en el país desde entonces; y se reprodujeron a lo largo de casi tres lustros con los complementos de políticas asistencialistas, manipulaciones mediáticas y dominios religiosos, exenciones de impuestos y auxilios económicos directos a los grupos económicos y grandes propietarios agrarios, y cooptaciones de sectores sociales e institucionales desde el poder ejecutivo.

Este cierre o agotamiento del imaginario autoritario se está produciendo a partir del quiebre del principal factor de reproducción del régimen del uribismo: La seguridad nacional, cuya anhelada estabilidad y tranquilidad ha sido rota por la pandemia misma; el desborde de la violencia del llamado post-conflicto; los límites de sus políticas asistencialistas diseñadas con recursos de los  booms petrolero y del narcotráfico que ya no dieron más; el surgimiento de expresiones territoriales de gobierno departamental y municipal con relativas independencia y autonomías respecto del poder central y contradictorias de los designios de aquella corriente política; el protagonismo de las víctimas del conflicto armado y de los actores sociales y políticos del acuerdo de paz; y el cambio en el gobierno norteamericano respecto del  anterior en cuanto a sus políticas de derechos humanos y de atención a las prioridades inmediatas de salud y economía causadas por los problemas colosales que afronta a su interior, que han obligado a otros énfasis en sus propios dispositivos de poder, con matices respecto de la polarización en torno al terrorismo, que fueron funcionales al régimen uribista.

Pero también tiene que ver con su fracaso en producir un relevo generacional dentro de sus filas y en su dirigencia, cuyo signo más palpable es el de su joven presidente, tan viejo en sus ideas y estilos como incapaz de leer e interpretar la complejidad del país, y dialogar y menos concertar con los sectores y grupos sociales populares y de clases medias. En realidad dicho presidente se ha perfilado como una figura de guignol  que reproduce de memoria las ideas primarias y las manías del viejo turbayismo, centradas en  simplificar la realidad social, asumir los roles del patriarca que castiga y premia de forma autoritaria, mentir, simular y manipular cínicamente a la opinión a través de la cooptación de los medios de comunicación, hacer negocios con las rentas públicas en su beneficio y de los grandes grupos económicos y propietarios rurales, despreciar el sentir y las necesidades de los sectores populares, comprar a la mayoría de los congresistas, y chantajear de forma soterrada a las élites por sus contubernios de décadas con las economías ilegales y con el narcotráfico. Dicho estilo y forma de gobierno se replican además a través de las actuaciones de sus jefes militares y de policía, que como el presidente son los hijos literales y figurados de la dirigencia del gobierno de Turbay, incluyendo algunos de sus ministros y jefes de las fuerzas armadas.

Y finalmente, el fracaso de este gobierno respecto de su propio devenir como eje de la gobernabilidad y del manejo público del país, a pesar y al mismo tiempo gracias a haber concentrado el poder de los organismos de control y de investigación criminal, y de haber cooptado un gran sector de la prensa y los medios de radio y televisión. En este sentido, no es difícil advertir que los problemas de gobernabilidad y de falta de claridad evidenciados durante la pandemia, se derivan del manejo del orden público y de la violencia sistemática del asesinato de líderes sociales y territoriales, así como del errático  manejo de la economía, centrado hace tres años en una reforma tributaria que entregó exenciones a los grandes grupos y empresas, justamente el monto que ahora requiere para su estabilidad financiera, y de las torpezas reiteradas en el manejo de las relaciones internacionales, empezando por la forma de abordar el tema de Venezuela, cuyos enfoques de represión y simulación precisamente aplica ahora frente a su propia crisis, junto con el de la anhelada reelección de Trump.

Todo ello define el tamaño del fracaso directo del inspirador de este régimen político, Álvaro Uribe Vélez, el cual precisamente se reservó la escogencia de los ministros de las cuatro carteras ocupadas de dichos asuntos, en la conformación del gabinete dese el inicio del gobierno. No sobre además recordar que dicho jefe político renunció a su condición de congresista jefe de su bancada, para intentar eludir la acción de la justicia, aún en curso.

Por todo ello se puede decir que, de forma paradójica a su atroz protagonismo de hoy, el gran derrotado en esta situación es el uribismo: Ya no dio más, pero está cobrando cara su derrota; y como el neoliberalismo, “quiere evitar morir, matando; pero mientras más mata, más muere”, parafraseando el retruécano de Boaventura de Souza Santos.

3.

El efecto de todo eso: Las crisis de legitimidad y de representación, de carácter diverso a todo lo alto, largo y ancho del régimen político: En cuanto a los sectores dominantes, ahondan su ilegitimidad empezando por la opinión internacional, en medio de sus rigideces, inercias, cinismos e incompetencias que los está haciendo andar a tientas en medio de la crisis, con márgenes económicos de maniobra cada vez más estrechos. Y respecto de los sectores subordinados y de la oposición, cuya propia crisis de representación política se deriva de décadas de contubernios de sus élites con la burocracia estatal, y de sus propias rigideces en sus repertorios de acción, sus precarios relevos generacionales y de género, llegando al extremo de su actual fragmentación y división a lo largo del país, en medio de las cuales también a su manera se apegan a los imaginarios de la guerra fría y a sus propias idealizaciones del conflicto, desconectados de la juventud…

4.

Esa complejidad, se ha expresado en las formas de evolución de la crisis, y en las dinámicas de la movilización social y ciudadana.

En menos de cinco días el país pasó de una convocatoria convencional a un paro nacional de protesta el 28 de abril de 2021, a unas movilizaciones ciudadanas abiertas y masivas, hasta conformar lo que se puede caracterizar como una huelga de masas, dentro de la cual empezaron a confluir distintas expresiones de luchas social, tales como manifestaciones públicas y marchas pacíficas, y confrontaciones barriales con la fuerza pública impuestas en gran parte por las provocaciones y respuestas represivas del Esmad, las cuales derivaron en agresiones simbólicas a edificios y comercios ligados con los grupos dominantes (sucursales bancarias, Cais y estaciones de policía, almacenes de cadena), y en paros de sectores de transportadores y de campesinos e indígenas que condujeron al bloqueo de las entradas de algunas grandes capitales.

Lo importante de precisar es que esta forma política contemporánea de acciones ciudadanas y sociales, se retroalimenta por definición del descontento social, y va generando sinergias de protesta y movilización, acrecentadas por el tipo de respuesta gubernamental; y que dentro de la misma han pescado en río revuelto fuerzas paramilitares y grupos de provocadores de la policía vestidos de civil, que han atentado contra la vida de muchos activistas o de simples transeúntes, queriendo acrecentar el factor miedo entre las clases medias, así como deslegitimar el movimiento social y alimentar la lógica del régimen autoritario en crisis. Y por supuesto, como en todo proceso social complejo, las bases sociales más descompuestas de la sociedad de consumo y del despojo capitalista, también se han expresado, propiciando las manipulaciones mediáticas para deslegitimar la protesta.

Dicha huelga de masas catapultó su energía desatada, ante la cruel disyuntiva impuesta por el establecimiento (no sólo el gobierno, también el congreso, el poder judicial –intento de ilegalizar la protesta la víspera de la convocatoria por un tribunal superior de justicia-, los partidos políticos y los gremios, que especialmente cuestionaron la legitimidad del confinamiento frente al virus), la cual creó una verdadera encerrona de la mayoría de la población entre el confinamiento y la movilización, el contagio masivo y la aceptación pasiva de una vuelta de tuerca al estrangulamiento de los ingresos familiares y el alza en el costo de la vida por la reforma tributaria, el hambre y el desempleo.

En esa alternancia de manifestaciones abiertas y masivas, y confrontaciones violentas, que además han incluido la necesidad vecinal de barriadas populares de controlar a las bandas paramilitares a través de retenes y barricadas defensivas, y bloqueos de avenidas y calles principales en algunas ciudades, se han abierto repertorios de acción colectiva en toda la línea de las luchas contemporáneas, desde conciertos y marchas, concentraciones masivas, hasta acciones de choque como las citadas, en dos grandes campos que pueden describirse como las luchas diurnas, y las nocturnas, instaurándose una especie de división a conveniencia de la lucha de legitimidad que hay en juego, y de los intereses oscuros que han querido reciclar al régimen autoritario en decadencia pero decidido a seguir jugando un rol de gobierno.

Allí, ha habido de todo, como en botica. Desde los oportunismos de ciertas élites políticas que se opusieron a la convocatoria, hasta renovadas expresiones directas de los actores movilizados, como en el caso de la declaratoria política de los sectores sociales movilizados en Cali, o las actuaciones de la Minga indígena dentro de dicha ciudad reivindicando lo propio, pero también aportando al control ciudadano de los atentados paramilitares, que se sumaron de hecho al pliego petitorio del comité nacional de paro. En estos últimos procesos está talvez gran parte de la clave de la recomposición política que demanda el país: la democracia directa, la recuperación de formas de mediación estables entre lo social y lo político desde lo profundo del tejido social urbano y rural.

5.

La crisis impone entonces enormes retos, respecto de los cuales podrían ser claves algunos criterios de acción colectiva:

• Asumir su complejidad, empezando por esa forma de lucha social que es la huelga de masas, cuyo tratamiento ante todo debe ser político y abierto, y debe cobijar los aspectos más profundos de los conflictos sociales y de la crisis como tal.
• Combinar propuestas de corto y de mediano plazo, de forma constructiva, entendiendo que la coyuntura se ha levantado sobre factores de debilidad profunda de los movimientos alternativos y de la oposición política, y de agonía de la fuerza dominante del uribismo, que aspira a seguir viviendo de la inestabilidad de la crisis, y de sus formas más precarias de expresión, asociadas a la noche y a un protagonismo publicitario y violento según el viejo aserto de sus mentores del nazi-fascismo: que se hable de ellos, bien o mal, pero que se hable de ellos a partir de sus demostraciones de fuerza.
• Entender que la circulación de la palabra de los actores movilizados, y de la reflexión crítica, es crucial, en la medida en que debemos proponer caminos de construcción social y política de forma radical, yendo al fondo de los problemas, hacia un régimen político distinto, que pasa por el fortalecimiento de dichos actores, especialmente juveniles, junto con la recuperación de mediaciones políticas directas en todo el país, incluso en la perspectiva de aportar sus propuestas reivindicativas y de participación en la campaña electoral que de hecho se ha abierto con la crisis misma.
• Evitar caer en la dialéctica del ping pong con las improvisaciones y provocaciones del gobierno, y levantar la mirada más allá de la denuncia, siempre necesaria, por supuesto, pero orientadas hacia propósitos alternativos.
• Construir horizontes de sentido de transformación del modelo social y político dominante (sociedad de consumo, modo de producción capitalista, régimen político neoliberal), cuyos contenidos sean alternativos al patriarcalismo y al caudillismo, y aporten a la feminización y poetización de la política, cuyo mundo se ha degradado hasta extremos en que el lenguaje dominante no ayuda a configurar sentidos más allá de la denuncia y la estigmatización del contrario.
• Recuperar el sentido del elogio de la dificultad, aquella máxima de Estanislao Zuleta que nos advertía sobre asumirla al mismo tiempo en los planos personal y colectivo, en cuanto a la ineludible complejidad de lo real, el ponernos en cuestión a nosotros mismos, el desplegar de forma decidida nuestras posibilidades y potencialidades, y el estar a la altura de las conquistas culturales y civilizatorias de la humanidad en el ejercicio de los empeños colectivos, combinando el entusiasmo, la crítica, el amor y el respeto, y conservando la voluntad de luchar por una sociedad diferente sin caer en la interpretación paranoide de la lucha; y con el criterio central de asumir el conflicto social al mismo tiempo como un hecho, una necesidad y una oportunidad, en tanto “sólo una sociedad madura para el conflicto, estará madura para la paz”.

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