Las recientes declaraciones de Benito Osorio Villadiego, exgerente del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador del mismo departamento, quien fue condenado a 19 años de cárcel por sus nexos con el paramilitarismo, causaron revuelo porque volvió a salpicar —esta vez ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)— a José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), quien, según Osorio, sirvió de mensajero del gobierno para pedirle a los paramilitares que manipularan la elección de Mario Iguarán como del Fiscal General, lo cual ocurrió.
La noticia no es nueva. Osorio viene dando declaraciones y denunciando los vínculos de la mafia paramilitar con el sector empresarial, especialmente el ganadero, desde 2008. Y a José Félix Lafaurie lo implicó desde 2012, cuando contó en indagatoria ante la justicia cómo, en 2005, Lafaurie habría sostenido dos encuentros con Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, en donde le habría dicho al capo que venía de parte de Sabas Pretelt —entonces ministro de Interior y de Justicia— para pedirle a nombre del gobierno nacional que impulsara la elección de Mario Iguarán como Fiscal General de la Nación, presionando la decisión de la Corte Suprema de Justicia, ya que Iguarán era el precursor de la Ley de Justicia y Paz, bajo la cual se acogerían los paramilitares.
En un facsímil de la transcripción de esa indagatoria que rindió Benito Osorio Villadiego en 2012, copia que posee La Nueva Prensa, se lee que el primer encuentro se dio luego de una llamada que Lafaurie le habría hecho al gerente del Fondo Ganadero de Córdoba en la que le pidió que lo fuera a recoger al aeropuerto Los Garzones de Montería y allí le dijo que tenía una reunión con Mancuso, encuentro que al parecer se dio en la casa que el exjefe paramilitar tenía en el barrio La Castellana.
Osorio también narra que una vez allí, José Félix Lafaurie “enseguida coge un tema en el cual yo no tengo por que estar metido ni por que esta presente”. Dice que intuía que el presidente de Fedegan ya conocía a Mancuso y que una vez se reunieron con él en La Castellana, y luego del saludo, Lafaurie le dijo a Mancuso: “(…) mono yo vengo aquí para comentarle que vengo de parte del gobierno del doctor Sabas Fretel nosotros vemos el gobierno mira con buenos ojos que Mario Iguarán sea el fiscal general de la nación que nos sea Jorge Pretel Jorge Pretel conoce muy poco de esto en cambio Mario Iguarán ayudó a construir la ley de justicia y paz (sic)”.
Según la versión de Benito Osorio, este se retiró del encuentro cuando escuchó la petición que Lafaurie le hizo a Mancuso porque le pareció un “tema demasiado grueso”. Pero también agrega que, al volver a la reunión, Lafaurie le habría dicho: “Espérame que mañana te mando unos documentos a tu correo”. Osorio narra que el correo llegó a una de sus cuentas y que era una “cantidad de nombres de los miembros de la corte de justicia, con teléfonos, con direcciones, con padrinos políticos, y yo no sé qué más cosas”. Y que esto lo puso nervioso, así que metió todo en un sobre de manila, se lo llevó a Mancuso a La Castellana, y que de eso no volvió a saber más. Como prueba, Osorio adjuntó un pantallazo del correo que habría recibido de Lafaurie, en cuyo “Asunto” se lee: “Corte Fiscal”.
Pantallazo del correo que menciona Osorio.
Posteriormente, Osorio menciona el segundo encuentro, que cree que fue “como dos meses después” y aclara que fue casual, no programado, pero que en él Lafaurie y Mancuso habrían vuelto a hablar “del mismo tema de la elección de Mario Iguarán para la Fiscalía General de la Nación”. Según Osorio, José Félix Lafaurie le dijo a Mancuso que Iguarán “debía ser el fiscal general porque era el amigo del presidente, amigo del ministro del Interior que era Sabas Pretel amigo del gobierno y había construido la ley de justicia y paz y que era más benévolo para las autodefensas (sic)”.
Ese mismo año (2012), desde una cárcel en Estados Unidos y durante una audiencia de Justicia y Paz, Salvatore Mancuso confirmó las declaraciones de Benito Osorio frente a la solicitud que le habría hecho José Félix Lafaurie:
"Me dijo que había interés del Gobierno, y del Ministro Sabas (Pretelt) para que quedara Iguarán. Que si nosotros teníamos forma de llegar a influenciar, le dije que no tenía injerencia en otros comandantes. (...) Y me dice Lafaurie: ‘no es con comandantes ni tampoco en la Corte Suprema, es con allegados políticos de magistrados de la Corte’". Pero según Mancuso, testimonio que también reseñó El Tiempo, este le recomendó a Lafaurie buscar a otros comandantes no desmovilizados para que ayudaran. En cuanto al listado que Lafaurie supuestamente le envió por correo electrónico a Benito Osorio, Mancuso dijo que lo entregó “a fiscales americanos cuando me extraditaron".
Durante la audiencia, Mancuso también agregó que, mientras estuvo recluido en La Ceja, escuchó a Carlos Mario Jiménez, exjefe paramilitar conocido como Macaco, decir que había entregado cerca de 5 mil millones de pesos para la elección de Iguarán y que el dinero al parecer pertenecía a Daniel Mejía y a Rogelio (Carlos Mario Aguilar)”, antiguos jefes de la mafia conocida como La Oficina. No obstante, Macaco negó estas declaraciones ante los investigadores judiciales.
¿Cuál era el presunto interés de montar en la Fiscalía a Mario Iguarán? Siendo viceministro de Justicia del entonces presidente Álvaro Uribe, Iguarán básicamente dio forma a la Ley de Justicia y Paz con la que se desmovilizarían los paramilitares, ley que en un principio, como fue concertada entre Iguarán y el Congreso, y finalmente aprobada por esta Corporación —cuyo coordinador de ponentes en el Senado fue Mario Uribe, primo del entonces presidente y condenado más tarde por la Corte Suprema por concierto para delinquir y parapolítica— no obligaba a los paramilitares a la confesión de toda la verdad, ni a entregar todos sus bienes, e incluía la sedición para ellos, con lo cual pretendían convertirlos en delincuentes políticos. Por tal razón, sería lógico que el gobierno Uribe buscara a toda costa que el gestor de esta Ley de Justicia y Paz fuera el fiscal para implementarla.
Así las cosas, en julio de 2005, Mario Iguarán fue elegido fiscal general de la nación y se posesionó en agosto de ese año. Pero el problema se le vino en febrero de 2006, cuando la Corte Constitucional revisó la Ley de Justicia y Paz y la “corrigió”, obligando a los desmovilizados a decir la verdad, evitando la impunidad y eliminando la sedición. La Ley de Justicia y Paz declaraba sedicioso a todo aquel que se levantaba en armas para combatir al Estado y a todo aquel que se levantaba en armas para defenderlo, y al eliminar el mico de la sedición para los paramilitares, la Corte los dejó sin posibilidad futura de participación política.
La Corte Constitucional dejó sin herramientas de negociación al presidente y a la Fiscalía, los paramilitares se sintieron traicionados, tomaron posición frente al nuevo escenario jurídico y definieron que no era el pactado; como represalia, decidieron contar las verdades y en consecuencia se desencadena la tormenta de la parapolítica.
De esta forma pudo ser como la mafia intentó tomarse la justicia para garantizar impunidad y presencia en el Congreso, pero a la ecuación no se ajustaron la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
A la hora de investigar y cortar los nexos entre el paramilitarismo y la política, la Fiscalía de Iguarán nunca caminó al mismo ritmo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Por ejemplo, en tres ocasiones la Corte tuvo que oficiar a Iguarán para que informara sobre los procesos de 12 congresistas vinculados a la parapolítica y que renunciaron al fuero para ser procesados por la Fiscalía. Un año después, Iguarán respondió por la condena en tres de estos casos, pero los otros nueve no pasaron de la etapa de investigación y sólo avanzaron cuando la Corte Suprema los retomó.
Otro ejemplo de la disonancia entre la Fiscalía y la Corte se dio cuando se conoció el caso ‘Tasmania’, un montaje en el que se quiso enlodar a Iván Velásquez, magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y quien lideraba la investigación de la “parapolítica”. Álvaro Uribe, presidente en ese entonces, acusó a Velásquez de querer involucrarlo en los delitos y la Fiscalía de Iguarán abrió investigación en contra del magistrado. Pero pronto se demostró que era un montaje en su contra.
Por eso, al mirar en retroceso y teniendo en cuenta todo el contexto, hoy vuelven a cobrar importancia las declaraciones de Benito Osorio Villadiego ante la JEP, porque con el paso de los años permite entender mejor cómo la mafia ha permeado el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial.
En su indagatoria de 2012, Benito Osorio también mencionó que en 1994 Álvaro Uribe asistió a una carrera de caballos —en una pista llamada San Antonio, en Córdoba— a la que también asistió Salvatore Mancuso y que fueron varias las ocasiones en las que el mismo Osorio departió con el expresidente Uribe.
Benito Osorio Villadiego, condenado a 19 años por sus nexos con el paramilitarismo, obtuvo la orden de libertad condicional el pasado 31 de diciembre de 2021 debido a su sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Según conoció La Nueva Prensa, sigue presto a colaborar con la JEP pero solicitó medidas de protección por el riesgo en el que quedó luego de dar sus declaraciones. En el marco de su comparecencia ante esta Jurisdicción, la Magistrada Auxiliar le preguntó por el presunto interés que tenía Lafaurie para presionar por el nombramiento de Iguarán, a lo que Osorio contestó: “Lo único que sé es que a quien eligieron fue a Mario Iguarán, a quien el doctor José Félix apoyaba, y que Mario Iguarán, de pronto como agradecimiento, le nombró a la doctora María Fernanda Cabal, su esposa, en Asuntos Internacionales de la Fiscalía". Salvatore Mancuso envió ayer un comunicado desde Estados Unidos en el que indica, una vez más, que “todos los hechos relatados por el señor Benito Osorio son ciertos” y corrobora sus “declaraciones frente la elección del ex fiscal Mario Iguarán y el papel de José Félix Lafaurie”.
Por su parte, ante la versión que rindió Osorio, en la que salpicó a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, la JEP recordó en La W Radio que no puede obligar a los terceros civiles a comparecer ante su tribunal y que la investigación de estos recae sobre la justicia ordinaria.
La Federación Colombiana de Ganaderos ya cuenta con la condena de uno de sus expresidentes, Jorge Visbal Martelo, condenado a 9 años por sus vínculos con el paramilitarismo y cuya condena se encuentra en casación en la Corte Suprema de Justicia; un victimario a quien, irónicamente, el pasado 4 de noviembre, la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) le concedió el estatus de víctima del conflicto armado y piensa concederle la indemnización económica a la que haya lugar. José Félix Lafaurie es quien reemplazó a Visbal Martelo en la Federación y, aunque Osorio y Mancuso lo vinculan en sus declaraciones desde 2012, sólo ha sido sancionado por tráfico de influencias en 2004 por la Procuraduría y mencionado en el proceso por la “Yidispolítica” (aunque absuelto por el exprocurador Alejandro Ordóñez), lo que evidencia que la justicia parece ser especialmente benevolente y generosa con el presidente de Fedegan.
