Organizaciones de paz y de derechos humanos denunciaron el secuestro del reverendo Samuel Enrique Salazar Soto, consejero de Paz por las Américas ante el Consejo Nacional de Paz, ocurrido el pasado domingo 26 de julio en el estado Táchira (Venezuela), donde fue interceptado por hombres armados que lo obligaron a abordar un vehículo junto con su acompañante, quien posteriormente fue liberada bajo amenazas, mientras que el paradero del líder religioso y constructor de paz continúa siendo desconocido. Diversas organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado urgente a los gobiernos de Colombia y Venezuela para desplegar todas las acciones diplomáticas, humanitarias y de búsqueda que permitan lograr su pronta liberación y proteger su vida e integridad. 

El secuestro del reverendo Samuel Enrique Salazar Soto, consejero de Paz por las Américas ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación, Convivencia y No Estigmatización y delegado de la Mesa de la Sociedad Civil para las Migraciones, mantiene en alerta a organizaciones sociales, de víctimas y de derechos humanos, que hicieron un llamado urgente a las autoridades de Colombia y Venezuela para adelatar las acciones que permitan establecer su paradero y garantizar su regreso con vida.

De acuerdo con la denuncia presentada por el Foro Internacional de Víctimas (FIV), los hechos ocurrieron el pasado domingo 26 de julio, hacia las 4:00 de la tarde, en la localidad de Capacho Viejo, municipio Libertad, estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela.

Según la información suministrada por familiares del reverendo Salazar Soto, éste se movilizaba acompañado de una acompañante cuando ambos fueron interceptados por hombres armados que no se identificaron. De acuerdo con la denuncia, los obligaron a subir a un vehículo y, posteriormente, la acompañante fue dejada en libertad tras ser intimidada para que no denunciara lo sucedido. Desde ese momento se desconoce el paradero del líder social y religioso.

El caso ha generado una profunda preocupación entre las organizaciones vinculadas a la construcción de paz, que advierten sobre los riesgos que representa el secuestro y desaparición de un reconocido defensor del diálogo, la reconciliación y los derechos humanos. Tanto el Foro Internacional de Víctimas como el Comité del Consejo Nacional de Paz coincidieron en señalar que cualquier agresión contra quienes dedican su vida a la construcción de paz constituye un grave atentado contra los esfuerzos de reconciliación y contra las garantías para el ejercicio de la defensa de derechos y la labor humanitaria.

Las organizaciones solicitaron a las autoridades venezolanas desplegar de manera inmediata todas las acciones necesarias para establecer el paradero del reverendo Samuel Enrique Salazar Soto y garantizar la protección de su vida e integridad. Asimismo, hicieron un llamado al gobierno colombiano para mantener la coordinación institucional y diplomática que permita avanzar con la mayor celeridad posible en su búsqueda.

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo y la Cancillería de Colombia ya adelantan acciones a través del Consulado de Colombia en el estado Táchira, con el propósito de obtener el apoyo de las autoridades venezolanas, establecer el paradero del consejero de Paz y activar los protocolos diplomáticos, consulares y humanitarios previstos para este tipo de situaciones, con el fin de lograr su pronto retorno con vida y en buenas condiciones de salud y dignidad.

Las organizaciones también solicitaron el acompañamiento de organismos internacionales como las Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y las entidades especializadas en la protección de los derechos humanos, buscando fortalecer las gestiones humanitarias y realizar seguimiento permanente a este caso.

El Comité del Consejo Nacional de Paz hizo además un llamado a todas las organizaciones sociales, de víctimas, defensoras de derechos humanos y constructoras de paz para rodear a la familia del reverendo Samuel Enrique Salazar Soto y respaldar las acciones encaminadas a lograr su pronta ubicación.

La desaparición del consejero de Paz ha generado creciente preocupación entre distintos sectores sociales y humanitarios, que insisten en que la defensa de la paz no puede seguir siendo un factor de riesgo y que la protección de quienes trabajan por ella es la protección de la democracia.