El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió investigación administrativa y formuló pliego de cargos contra la firma AtlasIntel S.A.S., así como contra los medios El País y El Colombiano, por presuntas irregularidades en la elaboración y divulgación de encuestas de opinión política relacionadas con el proceso electoral de 2026.

La decisión quedó consignada en la Resolución 1101 del 25 de febrero de 2026, en la que la autoridad electoral advierte la posible vulneración de las normas que regulan las encuestas políticas en Colombia, particularmente la Ley 130 de 1994 y la Ley 2494 de 2025. El expediente, identificado con el radicado CNE-E-DG-2026-001043, fue asignado al despacho de la consejera Maritza Martínez Aristizábal.

Uno de los ejes centrales de la investigación es la presunta divulgación de estudios de opinión bajo la marca “LatAm Pulse: Colombia” durante 2025, en un periodo en el que AtlasIntel S.A.S. no contaba con inscripción vigente en el Registro Nacional de Encuestadores. Según el CNE, la firma había perdido la vigencia de su registro inicial en agosto de 2024 y solo obtuvo una nueva inscripción en enero de 2026.

Durante ese lapso, varios estudios fueron difundidos en medios nacionales, incluyendo publicaciones sobre aprobación presidencial y percepción del Gobierno. Para la autoridad electoral, estos contenidos encuadran claramente dentro de la categoría de encuestas de carácter político-electoral, lo que activa obligaciones legales estrictas en materia de registro, transparencia y veracidad.

Otro de los hallazgos preliminares señala que los estudios habrían sido presentados como encuestas probabilísticas, pese a que, según el análisis técnico, corresponderían a sondeos no probabilísticos. Esta diferencia no es menor: implica distintos niveles de representatividad estadística y, por tanto, distintas exigencias de divulgación.

El CNE advierte que, de confirmarse esta situación, se configuraría una clasificación indebida que podría inducir a error a la opinión pública. Asimismo, se identificaron posibles omisiones en la ficha técnica, como la falta de información sobre la fuente de financiación, el tamaño de la muestra, el margen de error, el universo representado y el nivel de confiabilidad, elementos obligatorios según la legislación vigente.

La investigación también involucra a los diarios El País y El Colombiano, que habrían publicado los resultados de estos estudios sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales. Para el CNE, los medios no solo cumplen una función informativa, sino que tienen un deber reforzado de garantizar que la información difundida durante procesos electorales cumpla estándares de transparencia.

En particular, se cuestiona que las publicaciones no incluyeran de manera completa la ficha técnica ni acreditaran que la firma responsable contaba con autorización vigente para operar en Colombia al momento de la divulgación.

Por su parte, AtlasIntel S.A.S. sostuvo en su respuesta que los estudios en cuestión no fueron realizados ni contratados por la sociedad colombiana, sino por una empresa distinta con sede en Brasil, en el marco de un proyecto internacional. Según su versión, no hubo participación directa ni indirecta en la elaboración, procesamiento o divulgación de los resultados.

No obstante, el CNE considera que esta explicación no excluye la necesidad de investigar aspectos clave como el uso de la marca AtlasIntel en Colombia, la posible asociación entre las distintas entidades jurídicas y la cadena de producción y difusión de los estudios.

La apertura de la investigación no implica una sanción automática, pero sí marca el inicio de un proceso administrativo en el que se evaluará si existió una conducta típica, antijurídica y culpable.

De comprobarse las irregularidades, las sanciones podrían incluir multas que, según la normativa vigente, oscilan entre decenas y cientos de millones de pesos, así como la suspensión o prohibición de realizar actividades relacionadas con encuestas electorales.   

El caso pone de relieve la importancia de la regulación de encuestas en contextos electorales, dado su alto impacto en la formación de la opinión pública. Como ha señalado la Corte Constitucional, estos instrumentos pueden influir de manera determinante en la percepción de los votantes y, por tanto, deben estar sujetos a estrictos controles para evitar distorsiones o manipulaciones.

Con esta actuación, el CNE busca garantizar condiciones de equidad, transparencia y rigor técnico en la información que circula durante las campañas, en un momento clave para la democracia colombiana.