No es veraz aquel que calla lo que sabe por encubrir a los responsables,
pues con ello se hace copartícipe de su idea criminal.
Es un decir que el esclavo rendía culto a la estatua de su esclavizador, procurando para sí el apellido de quien le daba azotes. Aun así, no deja de ser risible que haya quienes se duelen por la ruptura o destrucción de la estatua del genocida Sebastián de Belalcázar y sorprende –por lo absurdo– que con todas las necesidades que hay en esa ciudad, sus gobernantes locales se preocupen por restaurar y reforzar en su estructura este monumento. La consigna parece ser: que se mueran de hambre pero que nadie ose maltratar al que fuera fundador de la Sultana del Valle y maltratador por excelencia de sus habitantes originarios. A diferencia de lo que opinó un columnista de El Espectador, quien por poco aplaude el regreso de la estatua, por nosotros que tumben cuanto monumento haya en apología a quienes solo hicieron daño. No podemos olvidar que nuestra historia colonial estuvo marcada por el maltrato, el despojo y la expoliación del patrimonio cultural.
–Cambiando de tema– Erizados nos dejó la denuncia del senador Ariel Ávila sobre la corruptela en la Universidad del Atlántico. Nos preguntamos anonadados qué hacen los legisladores de este departamento que no proponen un debate sobre lo que allí se denuncia. Las universidades deben ser forjadoras del futuro del país y no un negocio de políticos dedicados a pactos non sanctos. Aplaudimos a Ariel por su valiente denuncia y estaremos pendientes de las futuras entregas.
En la contracara, el colmo de la sinvergüencería y la falta de escrúpulos lo dibuja de cuerpo presente la senadora Andrea Padilla, quien en días recientes fue denunciada por la representante Katherine Miranda (@MirandaBogota) pues presuntamente habría suscrito, en calidad de vocera de la Alianza Verde –movimiento que hace parte de la coalición de gobierno–, un acuerdo con partidos independientes y de oposición para tumbar el impuesto a las iglesias en la conciliación de la reforma tributaria. No sabemos qué intereses claros o turbios la movieron a suscribir dicho documento, pero lo cierto es que la señora Padilla contravino el deseo de su partido, infringió el acuerdo de gobierno y con ello contribuyó a que este tributo desapareciera del proyecto definitivo. Como simples ciudadanos que somos, solo nos queda reiterar nuestra felicitación a la autora de esta justa y necesaria iniciativa, la representante Katherine Miranda, y reafirmar nuestro apoyo a cualquier aspiración electoral que tenga en el futuro, pues con su trabajo y entereza de carácter ha demostrado una admirable rectitud y persistencia en su obrar.
Cuando de buenos negociantes se trata, uno debe mirar a esa sociedad muy conocida pero hasta ahora no registrada de Claudia y Kike. No contentos con el negocio de TransMilenio y el metro elevado, montaron uno para el arrendamiento de bicicletas que entregaron a una multinacional con apariencia de nacional. En vista de las circunstancias, estamos antojados de romper la alcancía y entregar lo que ella contenga a la sociedad Kike & Clau a ver cómo nos llenamos de plata, pues parecen generar más retorno que un banco o un fondo de inversión. La diferencia principal entre estos y aquella está en que Enrique y Claudia se han valido del poder que han detentado en razón de sus cargos, obrando en interés propio y hasta el momento con total impunidad.
Y si de negocios hablamos, nos preguntamos cuántos millones habrá costado hacer el ridículo de importar un vagón sin ruedas, dizque para concientizar a la gente de lo que es un metro. ¿Creen que esa inversión vale la pena cuando de ver tantas películas conocemos por dentro y por fuera cómo se ve un metro? No creemos que en este siglo haya gobernantes más ridículos que los que por mala suerte nos han tocado en Bogotá. En referencia a este tema y porque nos parece importante que la opinión pública lo conozca, replicamos la intervención de la concejal Heidy Sánchez, a la que pueden acceder dando clic acá.
Pasando la frontera, de plácemes debe estar el expresidente Rafael Correa, a quien durante su mandato las derechas le montaron una mansalva con lawfare incluido. Lo decimos pues en días recientes su vicepresidente Jorge Glas fue absuelto en segunda instancia por el máximo tribunal de la jurisdicción penal de ese país, que revocó la sentencia condenatoria, entre otras cosas, por violación a las garantías procesales y al derecho de defensa.
Por último y ante la gran cantidad de correspondencia que hemos recibido preguntándonos qué fue lo que pasó con el programa de televisión Consultorio Jurídico, nos permitimos replicar la explicación que fue dada en edición anterior de esta columna. Su emisión fue censurada por la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad La Gran Colombia, Ligia González Chaves, quien consideró que una broma hecha entre los dos animadores del programa –que también son compañeros de trabajo en el Polo Democrático– era ofensiva para con la señora. Resulta que la presuntamente ofendida, la publicista Carolina Barón, manifestó en documento escrito que había entendido el comentario de Germán como lo que era: una broma, al comparar una persona sin afectos con un terreno baldío. Aun así, a la decana el comentario le pareció que infringía los principios del respeto. Entenderán los lectores de esta columna que no se puede continuar trabajando para una institución en la que una de sus directivas censura sin temor y silencia a uno de sus colaboradores.
Adenda: Nos gustaría dar crédito a esta imagen publicada en Twitter por la cuenta @180_Verdad y titulada “No estamos mintiendo”, en la cual se resuelven algunos interrogantes sobre la senadora María Fernanda Cabal:
¡Hasta la próxima semana!
