Nunca es tarde si la dicha es buena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH–, pieza del Sistema Interamericano de Justicia de la Organización de Estados Americanos –OEA–, me preguntó recientemente de manera oficial si quiero que ese organismo continúe con el trámite de una demanda que le hice en 2012 para que la Presidencia de la República de Colombia me entregue las declaraciones de rentas y patrimonio del ex presidente Álvaro Uribe Vélez. Inmediatamente, respondí que sí quiero, demostré que subsisten los motivos que le dieron origen a mi petición y amplié los argumentos para afianzar todavía más mi solicitud debido al incuestionable valor público –inclusive histórico– que reviste.
El asunto se originó el 26 de noviembre de 2008, cuando Uribe trató de apaciguar el escándalo nacional que se había desatado porque sus hijos, Tomás y Jerónimo, figuraban en las corruptelas de la pirámide DMG por la que fue condenado en Colombia David Murcia Guzmán, quien también fue extraditado a Estados Unidos y una corte federal lo encontró culpable de lavado de activos (al abogado que le escondió la plata y, al parecer, se la robó, nadie lo ha tocado aquí ni allá. Pero esta es otra historia). Al mismo tiempo, los dos vástagos del presidente habían quedado al descubierto con la creación irregular de la Zona Franca de Occidente (situada en el municipio de Mosquera), ayudados por el poder y las maquinaciones de su papá. La entonces senadora Cecilia López y el periodista Daniel Coronell demostraron, cada uno por su lado, que el negociado de los jóvenes Uribe se edificó sobre enormes terrenos rurales adquiridos a bajo precio por hectáreas y luego consiguieron, basados en el poder de su padre, que esa propiedad fuera declarada zona franca, con lo cual se centuplicó el precio y enseguida la revendieron por metros cuadrados.
Fue entonces cuando Uribe, en un fingido alarde de pulcritud y transparencia, prometió de manera solemne levantar la reserva sobre sus declaraciones de rentas para que el país las pudiera examinar y comprobar por sí mismo si aquellas y otras corruptelas se reflejaban o no en ellas. Prometió que las entregaría todas “desde la primera hasta la última. Desde la primera que presenté en mi primera juventud, hasta mi última declaración de renta. Lo hago por respeto al pueblo colombiano, por transparencia y por fortalecer la autoridad moral para poder continuar la tarea de combatir todas las expresiones del delito”. Pero Uribe no se quedó ahí, también empeñó su palabra en algo más: “entregaré las declaraciones de renta de mis hijos. A mi familia le han sucedido casos como los siguientes: una señora amiga llama a preguntar que dónde es la tierra que tiene el Presidente en el Vichada, porque a ella unos comisionistas le están ofreciendo una tierra en el Vichada y que quiere ser vecina del Presidente”.
No obstante, el tiempo echó a andar y Uribe no mostraba nada. Cada día yo llamaba a la Presidencia a preguntar si ya estaban listas las declaraciones para verlas y me contestaban que no. En consecuencia, acudí al derecho constitucional de petición para solicitarle directamente al presidente las declaraciones prometidas. Lo hice en carta del 28 de abril de 2009. El 5 de mayo siguiente, el secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, contestó, “por precisas instrucciones del señor Presidente”, que habían sido enviadas al Procurador General de la Nación, entonces Edgardo Maya Villazón (hoy Contralor General), con lo cual la promesa del mandatario, según él, había sido cumplida. Enseguida, el 12 de septiembre de 2009, le pedí copias al nuevo Procurador General, Alejandro Ordóñez, y el 29 del mismo mes me respondió que las declaraciones, “en efecto, fueron recibidas en este órgano de control el día 28 de noviembre de 2008”. Sin embargo, “como no está dentro del ámbito de competencia del Ministerio Público examinar la conducta del Presidente de la República, tales documentos fueron devueltos al señor Presidente de la República, sin entrar a analizar el contenido de los mismos”.
Treta característica de Uribe: él, que es abogado, sabía que el Procurador carecía en absoluto de competencia legal para verlas siquiera, pues entre sus funciones no está la de vigilar al Presidente y menos aún a sus hijos, pues “no tengo competencia porque se trata de particulares que no cumplen funciones públicas”, agregó Ordóñez. Pero, con el apoyo de un plan oficial de propaganda mentirosa, se creó la alucinación entre los colombianos de que había cumplido la promesa. Ordóñez me mandó copia de la carta del 18 de diciembre de 2008 con la que devolvió a la Presidencia las declaraciones, las que –obviamente– no incluyó en la respuesta que estaba obligado a darme.
En una nueva carta, esta vez del 12 de septiembre de 2009, le pedí a Uribe por segunda vez copias de las declaraciones de renta prometidas por él, en vista de que el Procurador –ante quien él me había remitido–, decía no poseerlas. El secretario jurídico esta vez contestó que, a pesar de la promesa pública de Uribe al país, la información de bienes y rentas no sería exhibida jamás por tener carácter reservado. La única autoridad que puede verlas, dijo el Secretario en su nueva respuesta, “es la Dirección de Impuestos y Aduanas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”, “de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas por la ley”. Este organismo depende de la Presidencia de la República. El palaciego funcionario me comunicó, además, que Uribe y sus hijos –según lo habían dicho ellos mismos– no poseían bienes distintos a los que aparecen consignados en sus correspondientes declaraciones de rentas y patrimonio. Declaraciones que no se pueden ver para saber si eso es o no cierto.
El Secretario Jurídico de la presidencia de Uribe Vélez que me dio la respuesta anterior, fue el delincuente convicto Edmundo del Castillo, condenado en julio de 2017 por dirigir una campaña sucia de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia que fue ejecutada conjuntamente por la Presidencia de la República, la mafia y la desintegrada policía política que se conoció como Departamento Administrativo de Seguridad –DAS-.
Debido a las negativas de Uribe a mis peticiones, instauré, en diciembre de 2009, una acción de tutela ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá para amparar el derecho a la información. La demanda le correspondió al magistrado Germán Valenzuela Valbuena, quien de manera automática le pasó esa papa caliente al juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá, a pesar de que la jurisprudencia ha dispuesto de manera reiterada que son los tribunales superiores los encargados de conocer las tutelas contra el Presidente. El Juzgado 39 tampoco quiso tener el caso, que recibió el 18 de diciembre de 2009 y ese mismo día se lo mandó de manera fulminante a un mísero juez Penal Municipal que en la misma fecha se lo devolvió al Civil Municipal y este –sin tener a dónde más mandarlo de una patada– no tuvo otro remedio que asumir el caso para fallarlo –a ojo cerrado– en favor de Uribe y a la mayor velocidad que le fue posible. Apelé la tutela ante un juez Civil Superior del Distrito Judicial de Bogotá que –sin fórmula de juicio– también la negó raudamente y la envió a la Corte Constitucional para su eventual revisión, lo que ese tribunal no hizo y la archivó de manera definitiva, sin examinarla.
Agotada cualquier posibilidad de conseguir por medio de la justicia local que Uribe cumpliera la promesa pública que le hizo al país de entregar sus declaraciones de bienes y rentas con el objeto de que el país las conozca, en 2012 llevé el caso ante el Sistema Interamericano de Justicia, en defensa del derecho social a la información, y poco después recibí un escueto acuse de recibo.
Antes de que la CIDH iniciara el trámite judicial de mi demanda, en abril de 2012 le pedí al Presidente Juan Manuel Santos que evitara el enojoso proceso judicial y me entregara las declaraciones de renta en vista de que Uribe les levantó la reserva cuando le prometió a toda Colombia que podría verlas, “desde la primera hasta la última”. Este pedido también cayó en el vacío y el caso lo di por muerto con el paso de los años, hasta cuando, recientemente, la Comisión revivió mis esperanzas en forma oficial con su oferta de continuar con la causa: “solicito que informe a esta Secretaría Ejecutiva si subsisten los motivos de la petición presentada por usted y/o si tiene interés que la CIDH continúe con la tramitación de la misma. La Comisión requiere una respuesta para poder proceder con la tramitación de la petición”, dice la comunicación que recibí en mi por correo electrónico.
En mi respuesta afirmativa expuse nuevos hechos, como que ahora Uribe es senador y los misterios sobre sus bienes y rentas han crecido con episodios tales como el denunciado recientemente por la Contraloría General en el sentido de que su latifundio El Ubérrimo, de Córdoba, creció aglutinando de manera virtualmente ilícita no menos de 322 predios baldíos que sobrepasan las 123 hectáreas.
El próximo paso de la CIDH será el de pedirle al gobierno de Colombia explicaciones sobre las razones que podría tener para seguir desatendiendo mi pedido de periodista y dará un plazo para ello, cumplido el cual deberá decidir si ordena que me sean entregadas las enigmáticas declaraciones de renta, “desde la primera hasta la última”, como dice la promesa –pública, incondicional e incumplida– de Uribe que les levantó cualquier clase de reserva.
Si el poeta Friedrich Schiller (autor de la Oda a la alegría, que Beethoven incorporó en forma coral a su insuperable Novena Sinfonía) hubiera conocido a Uribe, jamás habría salido de su pluma la sentencia según la cual “La honradez prospera en todas las condiciones de vida”.