Es extraordinario cuánto daño le pueden causar 33 millones de dólares a una economía de 300 billones de dólares. Según cifras oficiales, esa es la cantidad de sobornos y otros pagos ilegales que Odebrecht hizo en Colombia.

La empresa constructora brasileña gestionó alrededor de 2 billones de dólares en contratos de infraestructura en Colombia junto a su socio minoritario, la empresa local Corficolombiana, una subsidiaria del Grupo Aval. El Grupo Aval es un conglomerado controlado por el hombre más rico de Colombia, Luis Carlos Sarmiento. Los conflictos de intereses abundan: su ex abogado, Néstor Humberto Martínez, quien asesoró a Sarmiento en los contratos de Odebrecht, ahora es el Fiscal General, el abogado más poderoso del país y también es su despacho quien  se encarga de investigar el escándalo de Odebrecht.

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el fraude de Odebrecht es el mayor caso de sobornos desde el exterior jamas visto.  Sarmiento y el Grupo Aval, que se cotiza en la bolsa de Nueva York, insisten en que son víctimas inocentes. Martínez dice lo mismo y también niega cualquier conflicto de intereses, ya que se ha declarado impedido del caso. Martínez recientemente se defendió con entusiasmo en el Senado, donde afirmó ser víctima de una conspiración. Sin embargo, el conocimiento íntimo del caso que el Fiscal General mostraba a veces, sonaba extraño, puesto que se había declarado impedido. Entre esos detalles se encontraba la grabación de una conversación telefónica entre el jefe del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, y su primo, el ex jefe de la agencia de infraestructura de Colombia, Luis Andrade, quien estuvo involucrado en el caso. Martínez agregó que Andrade había contratado a cabilderos e investigadores privados estadounidenses, incluido un ex agente de la CIA, “para iniciar esta denigración del sistema de justicia colombiano”.

El escándalo de Odebrecht ha derrocado presidentes en Brasil, Perú y Panamá, y ha condenado a poderosos empresarios en toda la región. No es así en Colombia, donde la investigación local parece haberse atascado. Los pedidos para que Martínez renuncie han crecido, aunque solo sea por la posibilidad de conflictos de intereses y sin embargo, no hay ninguna señal de que lo hará y tampoco existe una solución institucional obvia al impase pues su mandato está fijado por la ley hasta el 2020. La muerte del ex auditor (Controller) de Corficolombiana y su hijo, han agregado un giro macabro.

El caso ha salpicado a muchos de los ricos y poderosos de Colombia. María Jimena Duzán, la valiente periodista que ha liderado la cobertura de la investigación, ha llegado incluso a llamar a Colombia “el país más corrupto del planeta”. (La oficina de Martínez lanzó recientemente una demanda contra ella; fue rechazada por un juez).

La semana pasada también surgió en redes sociales un boicot de consumidores contra el grupo Aval, especialmente los bancos que posee. El superintendente bancario de Colombia sugirió posteriormente que algunos de los comentarios más incendiarios estaban incitando al pánico financiero, un delito. Curiosamente, uno de los primeros empleos de Martínez en el sector público fue el superintendente bancario.

¿Simple casualidad? Casi seguro, tal vez como las otras acusaciones. Pero el ambiente se calienta, el caso se ha convertido en la conversación de pasillo en el país, y la paranoia colectiva está disfrutando de rienda suelta. No es de extrañar que la frase “captura del estado” esté cada vez más en la boca de muchos colombianos.

Traducción:

Oficina de prensa
Senador Jorge Enrique Robledo