El ADN más reconocible en los homicidios de Pizano y su hijo es el de la mala fe del Fiscal General. Valdés no pudo sostener más las mentiras que le impuso su jefe y mayor sospechoso: Martínez Neira. Los errores, señor Valdés, son equivocaciones de buena fe y de esto no hay nada en su proceder.
Aplaudo el gesto de cierto decoro, tardío e inevitable, del director del Instituto de Medicina Legal, Carlos Valdés: presentó renuncia. Aunque lo hizo, por supuesto, con la esperanza de que no le sea aceptada, pues no es irrevocable. Se vio empujado por la actitud de indecencia sin medida e imposible de esconder más tiempo que cometió al torcer los resultados forenses hechos a las falsas pruebas que –ya no cabe duda– fueron plantadas en la casa del difunto interventor de la Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano, y de su joven hijo, Alejandro, con el objeto de encubrir a su jefe el abogado del Grupo Aval, Néstor Humberto Martínez Neira, hoy en el cargo de Fiscal General de la Nación.
Valdés fundamenta su renuncia en que –aseguró al borde de las lágrimas– cometió un “error”. Los errores, sin embargo, señor Valdés, son equivocaciones de buena fe y de esto no hay nada en su proceder.
Pizano era el testigo mayor que existía para demostrar los delitos cometidos de manera concertada por la transnacional Odebrecht, su socio el Grupo Aval y el abogado particular de ambos, Néstor Humberto Martínez Neira, hoy investigador único e inevitable de sus propios crímenes. Es juez, parte y contraparte.
Martínez Neira se mantenía en contacto con los difamadores a sueldo que actúan en las alcantarillas de la Internet con el ánimo de tratar de confundir a la opinión pública. Cuando quiso, durante una entrevista con Caracol Televisión, tratar de demostrar que su teléfono celular era virgen de contactos delincuenciales, en ese preciso momento le entró una llamada de uno de aquellos criminales, reconocido, entre otras cosas, por haber sido el amanuense y consejero de cabecera del ya desaparecido narcotraficante y asesino Carlos Castaño Gil.
Aquel amanuense –hoy agazapado en Key Biscayne mientras es investigado por lavado de activos– publicó luego en uno de sus trinos que Jorge Enrique Pizano tenía instintos suicidas porque así se lo había confiado a un abogado de uno de los bufetes especializados en atender a las altas esferas del hampa. No existe evidencia alguna de semejante confesión. Empero, el trino del amanuense de las cloacas coincidió con la extraña muerte de Pizano y la de su hijo, ocurrida por envenenamiento tres días después. Y una semana más tarde, durante un allanamiento que ningún juez quiere avalar, una partida de saqueadores oficiales enviada por Martínez Neira “encontró” en la casa de los muertos evidencias seguramente plantadas, entre ellas un tarro con un kilogramo de cianuro de potasio y una toalla bañada en sangre humana que no era tal. Ninguno de los peritos de Medicina Legal que examinaron las falsas pruebas determinó que tuvieran marca alguna del auditor que murió de manera tan conveniente para el Fiscal Martínez Neira y para su cliente eterno el Grupo Aval.
No obstante, Martínez Neira, el señor Valdés y Luis González –sórdido, rastrero y antiguo operario multifacético de la Fiscalía– convocaron ruedas de prensa para presentar exámenes y dictámenes amañados con los que pintaron al difunto Pizano como un potencial suicida desquiciado que, por añadidura, dejó servido el veneno para que su hijo muriera después de él.
Enseguida, Martínez Neira acudió al Senado, donde se le hacía un debate, y entre gritos desaforados, burlas colegiales, aplausos concertados y evidencias adulteradas, recordó a Pizano, ya muerto, como el único amigo de sus entrañas, y acusó a la gran periodista Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno, de haberlo “envenenado”. Barrió el piso con la honra de la planta de reporteros de ese noticiero y se burló de manera cobarde de la reconocida periodista María Jimena Duzán –columnista de Semana– por haber denunciado gravísimas y evidentes amenazas de muerte en su contra. En vez de cumplir con su deber constitucional de investigar como Fiscal General de la Nación, prefirió actuar ante el Senado en su papel de abogado de los desfalcadores de la Ruta del Sol II y de cómplice de ellos. Ni siquiera lo niega.
Martínez Neira, cuya vena criminal y gansteril es cada día más evidente y peligrosa, ha intentado en vano destruir el trabajo, honesto y valeroso, de Cecilia Orozco, su reportero Iván Serrano y de María Jimena Duzán, quien ha desenmascarado de manera indiscutible las complicidades del hoy Fiscal General en los episodios de corrupción más grandes en la historia de Colombia.
Pizano confió en la honestidad a toda prueba de los tres periodistas y dejó en sus manos las evidencias con las que Martínez Neira ya debería estar en una cárcel de máxima seguridad y no haciendo allanamientos ilegales y hurtando la totalidad de los bienes electrónicos del difunto Pizano: computadores, memorias USB, discos duros y teléfonos. De ellos tiene copias ilícitas para su uso personal y consiguió que el contenido de esos elementos fuera oficialmente declarado inservible para cualquier juicio, pues lo manipuló. Dañó el valor de las evidencias que lo hunden y las lleva entre el bolsillo.
Tiene toda la razón el exdirector de la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura), Luis Fernando Andrade, en haber salido de Colombia, protegido por la embajada de Estados Unidos, tan pronto como un juez le concedió merecidamente libertad sin restricciones. Si se hubiera quedado en el país, Martínez Neira y su organización criminal oficializada habrían dado buena cuenta de él.
Valdés, quien también debería ir a la cárcel y ser juzgado cuanto antes, no pudo sostener más tiempo las mentiras que le impuso Martínez Neira y las muertes de Pizano y su hijo están en la incertidumbre, hoy más que nunca. La posibilidad de que hayan sido asesinados dentro de un plan tétrico del Fiscal General de la Nación y de sus cómplices y socios particulares, solamente está designado para esclarecerla el mayor sospechoso: Néstor Humberto Martínez Neira.
Todos estos crímenes y otros que la opinión pública todavía desconoce, tienen el ADN indeleble de la perfidia de Néstor Humberto Martínez Neira.